Se aprobó un nuevo proyecto de ley anticorrupción
Ereván (Fuentes diversas).- El gobierno armenio criminalizó “el enriquecimiento ilegal” de los funcionarios estatales como parte de su declarada lucha contra la corrupción. Los proyectos de enmiendas al Código Penal de Armenia se aplicarán a unos seiscientos altos funcionarios del estado, incluidos ministros y jueces, que deberán presentar, al igual que sus familiares, una declaración de sus bienes a una comisión estatal especial.
Las nuevas disposiciones presentadas por la ministra de Justicia, Arpiné Hovannisian, exigen la “razonable justificación” del origen de todos sus activos que exceda sus salarios anuales en al menos 10.500 dólares. Si así no lo hicieren, serían pasibles de graves sanciones.
Se cree que muchos altos funcionarios armenios son personas acomodadas económicamente a pesar de sus relativamente modestos salarios. No es poco común que al mismo tiempo de ejercer sus cargos sean propietarios de negocios diversos a través de familiares o testaferros.
La veracidad de sus declaraciones de ingresos presentadas ante la Comisión Estatal Ética encargada de esa tarea ha sido siempre cuestionada por activistas y organizaciones armenias vinculadas a la lucha contra la corrupción. Algunos funcionarios han intentado atribuir su riqueza y la de sus familiares a generosos “regalos” financieros recibidos de otras personas.
Uno de ellos, Hovhannés Hovsepian, afirmó haber recibido tres millones de dólares en donaciones cuando estaba a cargo del servicio de supervisión de la administración Sarkissian, inspeccionando varias agencias gubernamentales. Juró que el dinero fue donado por un hermano que reside en Rusia.
El gobierno, recientemente conducido por el primer ministro Karapetian, se comprometió a criminalizar el “enriquecimiento ilícito” de sus funcionarios, en su programa de acción política aprobado por el Parlamento en octubre pasado. Dicho programa promete elevar los “esfuerzos para eliminar el mayor obstáculo para el desarrollo del Estado: el favoritismo, las malversaciones, sobornos y otras prácticas de corrupción”.