La violencia de género en Armenia: una deuda pendiente

08 de marzo de 2020
Ph.: Reuters / Gleb Garanich

Mariam Asatryan tenía 30 años cuando en mayo de 2019 fue asesinada por su pareja, Hakop Ohanyan, en la provincia armenia de Ararat. La mató a golpes, con una manguera y una llave inglesa. Ohanyan fue arrestado como “sospechoso” del crimen y poco después confesó.

Como pasa en la mayoría de los casos, el femicidio de Mariam fue el punto final de un largo período de violencia y conductas machistas. La joven había solicitado varias veces el asesoramiento de la organización civil Coalición para Detener la Violencia Contra las Mujeres entre 2017 y 2018. En uno de los últimos episodios, Ohanyan llegó incluso a provocarle fracturas en los dos brazos. El año pasado, pese a la desconfianza que tenía en las autoridades, finalmente denunció a su novio ante la Policía, que –evidentemente- no tomó ninguna medida necesaria para brindarle protección. Terminó en un cajón.

La violencia de género es uno de los problemas “más graves” de Armenia en materia de derechos humanos, según señaló la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en el informe anual de 2020 publicado hace unas semanas. De acuerdo con los datos oficiales, durante el primer semestre de 2019 las autoridades investigaron 331 casos de violencia doméstica, de los cuales sólo 45 terminaron en la Justicia. Durante el mismo período, diez mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares varones. Incluida Mariam.

El Parlamento de Armenia aprobó a fines de 2017 una ley sobre violencia doméstica que establece mecanismos para proteger y brindar apoyo a las mujeres en situación de violencia. Sin embargo, la influencia de grupos de parlamentarios nacionalistas y conservadores derivó en la redacción de una norma que se preocupa más por defender la “familia tradicional” que los derechos y la vida de las mujeres. El nombre de la ley lo dice todo: “Sobre la prevención de la violencia doméstica, la protección de las víctimas de la violencia y la restauración de la paz en la familia”.

Una de las cosas que exige la ley es que la Policía intervenga “cuando existe una asunción razonable de una amenaza inmediata de repetición o de continuación de la violencia” en la familia. Lo que realmente pasa en la práctica es que los organismos encargados de hacer cumplir la ley “carecen de conciencia y capacitación sobre los mecanismos de protección previstos por la ley, como las órdenes de protección, y no los utilizan adecuadamente”, según lo denunciado por HRW.

Además, en el corazón de una sociedad que continúa siendo profundamente patriarcal, los funcionarios encargados abordar estos casos tampoco están capacitados o sensibilizados en cuestiones de género. Esto provoca que muchas veces la propia Policía o los jueces revictimicen a las mujeres, minimicen sus denuncias o incluso justifiquen la violencia.

La periodista Zara Hovhannisyan, también integrante de la Coalición para Detener la Violencia Contra las Mujeres, dio un ejemplo en una entrevista con el sitio Open Democracy: “La ley permite tres tipos de orden de protección […] La tercera orden, reservada para las situaciones más graves, implica una comparecencia ante la Justicia. Lo primero que suele preguntar el juez es: ‘¿Pueden volver a estar juntos?’. Es decir, la víctima de violencia está sentada en la sala del tribunal con su abusador, y le están diciendo: ‘Vamos, tienes dos hijos, hacelo funcionar’. Esto es completamente inaceptable”. Para Hovhannisyan, la ley es “desigual” porque “no ayuda a prevenir la violencia doméstica, sólo le interesa proteger la integridad de la familia”.

En octubre de 2019, ante las críticas y pedidos de organizaciones de la sociedad civil, las autoridades armenias introdujeron enmiendas a la legislación: eliminaron las referencias a “restaurar la armonía en la familia” y la reconciliación como los conceptos principales de la ley, ampliaron su aplicación a “parejas anteriores y actuales” –y no sólo a actuales- e incluyeron el “comportamiento controlador” como una forma de violencia doméstica. Las modificaciones siguen archivadas en algún escritorio, a la espera de su aprobación.

Por otro lado, Armenia firmó hace más de un año el Convenio para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa –más conocido como el Convenio de Estambul-, pero todavía no fue ratificado por el Parlamento.

Más allá de lo que establezcan las leyes, la erradicación de la violencia hacia las mujeres no puede tener lugar si no se promueve, al mismo tiempo, una transformación cultural. Para que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales y profesionales que los hombres; para que los varones también puedan hacerse cargo de las tareas domésticas y de cuidados; para que las mujeres puedan acceder sin trabas ni condiciones a los puestos donde se toman las decisiones. Una revolución en la que las mujeres puedan caminar sin miedo las calles y tengan la opción de decidir si quieren o no ser madres. Una sociedad donde ser mujer no sea razón para bancar golpes, insultos, violencia sexual o muerte. Es necesario deshacerse de los roles, los estereotipos y los mandatos de género para que, al final, en Armenia y en todo el mundo, las mujeres podamos ser más libres.

Stephanie Demirdjian
Periodista
@desde_abajo

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