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Ley de amnistía en Armenia: acto humanitario o decisión política

Lusine Sargsyan / EVNReport

Ereván.- Generalmente representada como un gesto humanitario por parte del estado, la amnistía es practicada en aquellos países donde las instituciones judiciales se ven socavadas por la corrupción, donde la ley no prevalece y donde los jueces son presionados sistemáticamente.

aministía

Tras los eventos de abril y mayo de 2018, que se conocieron como la Revolución de Terciopelo, las expectativas públicas por una amnistía se reavivaron en Armenia. Sin embargo, varios de los que trabajan en el tema sienten que una medida como esta no abordaría realmente el problema central. “Quiero creer que esta es la última vez que será implementada, porque en Armenia, donde prevalece la ley, ya no será necesaria”, comentó Avedik Ishkhanian, presidente de la Asociación Helsinki.

La práctica internacional muestra que la amnistía ha sido común en diferentes partes del mundo, desde América Latina hasta Europa del Este, pero su alcance es lo que distingue cada caso. Armenia, al igual que sus vecinos, Georgia, Turquía y Azerbaidján, tiene una larga experiencia en el otorgamiento de las mismas, especialmente antes de ciertas celebraciones o aniversarios nacionales. Desde la independencia, se han declarado nueve amnistías en Armenia, una de las cuales obedecía a demandas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) de liberar a los presos políticos, que habían sido encarcelados luego de las manifestaciones poselectorales de 2008. La última y esperada amnistía se declaró en 2018 con motivo del 2800° aniversario de la fundación de Ereván y el centenario de la Primera República de Armenia.

El ministro interino de Justicia, Artag Zeynalian, fue quien anunció la mayor amnistía en la historia de la Tercera República de Armenia, que alcanzó a unas 6500 personas y fue ratificada por el parlamento el 31 de octubre. La misma no incluye solo presos, sino también varios procesados que están a la espera de su juicio y otros que todavía son investigados. Al presentar el proyecto de ley el funcionario aclaró que la sobrepoblación de los centros penitenciarios no fue el motivo de la amnistía, sino que fue un acto humanitario y una expresión de buena voluntad. En este sentido argumentó que hay un total de 2888 convictos en las doce cárceles en todo el país, mientras que el número de camas disponibles es 5346.

Ishkhanian estuvo de acuerdo en el hecho de que las cárceles estén llenas no era el problema principal, como había sido la última vez que se había tomado esta medida, sino el hecho de que casi ninguna cumple con las normas internacionales y por ende no se respeta la distinción entre espacio compartido y personal. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa determinó que la cantidad mínima exacta de espacio que cada recluso debe tener en una celda es de 6 m2 de lugar habitable (más instalaciones sanitarias) para una individual, o 4 m2 por preso (más instalaciones sanitarias completamente particionadas) en una compartida.

El presidente de la entidad explicó que al anunciar el proyecto de ley, el ministro aseguró que el mismo estaba listo desde mayo. En este contexto, parece lógico y justificado cuestionar la naturaleza humanitaria del proyecto de ley, cuando, de hecho, la mala situación de los convictos se prolongó de manera artificial. “Considero esto como una decisión política claramente calculada”, comentó. Las discusiones sobre el proyecto coincidieron con los debates sobre la realización de elecciones parlamentarias anticipadas. “El momento de la amnistía muestra que el objetivo del nuevo gobierno era recibir el apoyo de los presos y de sus familiares, que iban a verse beneficiados por la ley”, añadió. Con la misma lógica, se puede pensar que si el sufragio se programaba finalmente para mayo, la amnistía probablemente se hubiera pospuesto.

prision-armenia-1Según el presidente de la ONG Justicia Social, Arshag Gasparian, la nueva ley de amnistía es bastante similar a las aprobadas en 2009, 2011 y 2013, pero las afirmaciones del Gobierno de que esta nueva tiene garantías sociales sin precedentes, son en realidad engañosas. Uno de los cambios notables es que algunos individuos que son contemplados dentro de la misma, son los que han sido condenados a un máximo de seis años, mientras que la declarada en 2013 no incluía esta disposición. Otra cuestión tiene que ver con el grupo Sasna Dzorer, que se apoderó de una estación de policía en el distrito de Erepuní en Ereván en julio de 2016, ocupándola por dos semanas antes de rendirse. Como resultado de esto, un policía murió en el ataque inicial y otro oficial falleció durante la toma.

Una situación similar ocurrió en 2015 con un grupo criminal conocido como Nork, encabezado por Arthur Vardanyan, que intentó hacerse con el poder. Al igual que Sasna Dzorer, habían adquirido, guardado y transportado ilegalmente una gran cantidad de armas, municiones y dispositivos explosivos, y al parecer llegaron a planificar ataques contra funcionarios de alto rango, incluido el entonces presidente Serge Sarkissian, con el fin de frenar un posible acuerdo sobre Nagorno-Karabagh. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el anterior grupo, los investigadores del servicio secreto descubrieron los planes del grupo y sus miembros fueron detenidos y acusados. Gasparian cree que la razón por la cual los integrantes de Sasna Dzorer fueron incluidos en la ley de amnistía, mientras que estos no, tuvo que ver con una motivación política: “Es que las raíces de la revolución se remontan a los eventos de julio de 2016, que tuvieron su culminación en abril de 2018″, agregó. También puede explicarse por el gran apoyo público que disfrutan estos últimos.

Vale aclarar, que la ley estipula que la amnistía se extenderá a los miembros de Sasna Dzorer, solo si las víctimas de sus acciones no lo objetan –el cual es de alrededor de cincuenta personas-. A su vez, los responsables de la muerte de los dos policías no serán liberados. Sin embargo, la ley no especifica qué sucede si las víctimas se oponen a la liberación de un miembro específico del grupo, lo que, según Gasparian, sería bastante problemático. Desde una perspectiva legal, es controvertido porque los miembros de Sasna Dzorer han sido acusados ​​por diferentes artículos del Código Penal armenio, mientras que en la amnistía se considera solo uno. Esto implica que incluso si una de las cincuenta víctimas se opone a la liberación de un solo miembro del grupo, todo el proceso se verá afectado.

La distorsión institucional es otra problemática que plantea Gasparyan. “Antes de otorgar la amnistía, el gobierno no solicita el consentimiento a las víctimas, pero en el caso de Sasna Dzorer, esto no sucedió”. Las características clave de esta medida es que solo el estado está autorizado a otorgar sobreseimiento a un grupo de presos, lo que tiene como objetivo moldear una actitud positiva el sistema de justicia. “Al pedir la opinión de las víctimas, distorsionamos la institución de la propia amnistía. Si el estado está dispuesto a considerar la opinión de las víctimas, es un indicador de que el propio estado no está seguro de la decisión”. Además, los afectados desearían casi siempre que se castigara al acusado, lo que complicaría el procedimiento de conseguir castigos justos y lógicos.

prision-armenia-2Como estado miembro del Consejo de Europa, Armenia debe aumentar la eficacia y la independencia de sus procesos judiciales y el acceso general a la justicia, por lo que formalmente se han estipulado los mecanismos para liberaciones anticipadas, pero rara vez se han implementado. “Sé a ciencia cierta que el presidente Robert Kocharian y su sucesor Serge Sarkissian fueron quienes determinaron a quién se le otorgaría esta amnistía”, comentó Ishkhanian. Esto es así por dos situaciones principales, para resolver el problema de espacio en las instituciones penitenciarias y para abordar el problema de los presos políticos, un requisito de las instituciones europeas.

Por otro lado, Gasparian agregó que la medida es la forma más fácil de ocultar errores de las autoridades, como condiciones inhumanas en las cárceles y la falta de programas de rehabilitación. En la mayoría de los países de Europa occidental, las prácticas de amnistía han sido abolidas por la ley. En cambio, los tribunales actúan de manera independiente y los procesos judiciales garantizan un juicio justo que aumenta la confianza general del público en las decisiones judiciales.

Al igual que en ocasiones anteriores, el problema de los presos con cadena perpetuas tampoco fue contemplado, lo que dio lugar a cierto descontento público. Ishkhanian esperaba que al menos se tratara alguna categoría específica para los condenados de forma perpetua. En este sentido recordó que en 2003, cuando el Consejo de Europa exigió la abolición de la pena de muerte, Armenia tenía 42 personas que enfrentaban este castigo. En aquel entonces se hicieron enmiendas en el Código Penal y mediante un decreto presidencial las sentencias fueron cambiadas a cadena perpetua. “Este fue un caso legal ya que el presidente tenía el derecho a perdonar a los convictos, pero no a determinar su castigo. En cambio, en caso de indulto, los tribunales son los que deberían haber emitido veredictos individuales para cada preso”.

La segunda categoría de prisioneros, que Ishkhanian esperaba que sean contemplados por la amnistía, incluye a aquellos que fueron condenados a cadena perpetua cuando eran menores de 21 años, la mayoría de los cuales corresponden a delitos cometidos en las fuerzas militares. “Nuestra moral pública, corrupta e insalubre se encuentra entre los factores responsables de esos delitos”, señaló. “Además, es altamente cuestionable cómo se investigaron estos casos ocurridos en el ejército durante las administraciones anteriores”.

En febrero de 2019, el Ministerio de Justicia proporcionará su evaluación final sobre la implementación de la ley de amnistía. Pero para avanzar, es fundamental recordar que el castigo tiene cinco propósitos, que incluyen la disuasión, la incapacitación, la rehabilitación, el castigo y la restitución, y priorizar solo uno de estos cinco es algo que está repleto de peligros. En este contexto, el propósito de los centros penitenciarios debe redefinirse, y en lugar de desarrollar un sistema que pueda hacer que los convictos sean más agresivos, el objetivo debería ser proporcionar los servicios necesarios para que la persona a la que se le ha otorgado la amnistía, o que ya haya cumplido su condena, abandone la institución lista para reintegrarse en la sociedad.

 

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