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Turquía: La OSCE afirma que el referéndum se celebró en un “marco legal inadecuado”

turquia plebiscitoEstambul (Andrés Mourenza para El País de España).- Como el rey Pirro de la Antigüedad, que ganó una guerra pero perdió buena parte de su ejército, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, podría haber ganado un plebiscito a costa de perder la legitimidad que sucesivas victorias electorales le habían conferido.

La oposición turca, de hecho, ya ha dejado claro su cuestionamiento de los resultados del referéndum de este domingo, que se cerró con un ajustadísimo triunfo para el sí a la reforma constitucional que transformará el país en un sistema presidencialista (obtuvo el 51,4 % de los votos frente al 48,6 % del no).

“El sistema presidencialista ha nacido muerto, no puede aplicarse a Turquía”, sentenció Yasemin Öney Cankurtaran, vicepresidente de la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). “El Estado utilizó todos los medios a su disposición. Se cree que gastó cerca de 1.000 millones de dólares. En los últimos dos meses (la Presidencia de la República) ha gastado el 75% de los fondos reservados que tiene adjudicados y tenemos serias sospechas de que ese dinero se ha dedicado a la campaña.

Y pese a todos los fraudes que han cometido sólo han conseguido una ventaja del 2 %. En estas condiciones y con este margen, tratar de imponer un sistema presidencialista es algo que carece de legitimidad”, denunció la dirigente socialdemócrata.

Otro vicepresidente de la misma formación, Bülent Tezcan, fue más allá y dijo que la única solución que le queda a la Comisión Electoral Suprema (YSK) es “anular el referéndum” para “acabar con los debates sobre la legitimidad” del nuevo sistema y “tranquilizar a la población”. La principal queja de la oposición es que la YSK decidió que trataría como válidos los votos emitidos en papeletas sin el sello preceptivo que la mesa electoral coloca tras cada una de ellas antes de entregarlas a los votantes.

La aceptación de estos votos se produjo a petición de los interventores del AKP, la formación islamista gobernante, y apenas se iniciaba el recuento, lo que el líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, calificó como un “cambio de reglas a mitad del partido”. “Esta decisión mina una importante salvaguarda y contradice la ley que indica explícitamente que este tipo de votos (sin sellar) deben ser considerados nulos”, recogen en un informe los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que supervisaron el referéndum turco. Erdogan ha contestado instando a los observadores a “mantenerse en su lugar”, dando a entender que están extralimitándose en sus funciones. 

“Ellos preparan un informe a su gusto (…) ¡Primero, manténganse en su lugar!”, lanzó Erdogan en un discurso en el palacio presidencial en Ankara, recoge AFP. “No queremos y no tenemos en cuenta cualquier informe que ustedes puedan preparar”, añadió.

 

La principal formación kurda del país, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), también ha expresado su intención de contestar los resultados de la consulta. “Impugnaremos el resultado de dos tercios de las urnas; nuestros datos muestran que ha habido una manipulación de un 3% al 4% de los votos”, indicó el domingo el HDP.

En su informe, los observadores de la OSCE critican además que la consulta se desarrolló en un “marco legal inadecuado” que no respeta los estándares del Consejo de Europa. “El referéndum tuvo lugar en un ambiente político”, ha manifestado Tana de Zulueta, responsable de la misión de observadores en el país, “en el que las libertades fundamentales para un proceso democrático genuino fueron restringidas por el estado de emergencia por lo que las dos partes no tuvieron las mismas oportunidades”. La OSCE, que ha evitado pronunciarse sobre las denuncias de fraude, ha señalado que los aspectos técnicos del voto fueron administrados de forma correcta, pero ha hecho especial hincapié en la falta de información “imparcial” sobre las reformas propuestas durante la campaña. El referéndum fue observado por un equipo de 63 personas de una misión conjunta de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

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