Turquía: Permitirán abrir fuego sobre los manifestantes
Ankara (El País, España).- Pese a las críticas recibidas desde las asociaciones de juristas, organizaciones pro derechos humanos, instituciones internacionales y la oposición al completo, el gobierno islamista de Turquía logró el viernes 27 de marzo la aprobación parlamentaria de una polémica ley de seguridad que incrementa los poderes de la policía.
Entre las medidas más polémicas están las que se refieren a las manifestaciones, pues la nueva ley incrementa las penas de cárcel para aquellos que se cubran la cara y equipará el uso de cócteles molotov, cohetes o petardos al de armas letales. Aún más preocupante resulta la ampliación de situaciones en que la policía podrá abrir fuego contra quienes protestan, por ejemplo en el caso de que los manifestantes pretendan atacar edificios públicos. “Las normas internacionales indican que las armas de fuego solo deben ser usadas en caso de que una vida esté en riesgo, pero este concepto de ‘intentar atacar’ es muy vago y da pie a abusos”, critica Andrew Gardner, de Amnistía Internacional, en declaraciones a este periódico. Las organizaciones de derechos humanos temen que la legislación incremente las muertes por bala e incluso los asesinatos extrajudiciales, y que sea más difícil perseguir a los agentes que hagan un mal uso de sus armas, como ya ocurrió con la decena larga de fallecidos durante las protestas de Gezi en 2013.
Además, los agentes de Policía no necesitarán órdenes judiciales para llevar a cabo registros, ordenar la detención de un sospechoso durante 48 horas -sin que pueda contactar con su abogado o con un médico- o llevar a cabo escuchas telefónicas durante dos días. Y representantes provinciales del Gobierno podrán decretar la suspensión de derechos básicos en caso de emergencia sin contar con ninguna supervisión judicial.
La principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda) ya anunció que la próxima semana presentará un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales. “Un Gobierno que refuerza tanto la autoridad de la Policía ha perdido su legitimidad. Es un Gobierno que trata de mantenerse por el apoyo policial y no del pueblo”, denunció Akif Hamzaçebi, vicepresidente del grupo parlamentario del CHP, para quien el Gobierno está reforzando su control sobre los ciudadanos de cara a las cruciales elecciones del próximo junio.
También aprueban una ley para bloquear sitios web sin permiso judicial
Ankara (PL).- El Parlamento de Turquía aprobó una legislación con la cual se le permite al jefe del Ejecutivo y a los ministros ordenar el bloqueo de páginas web sin previa autorización judicial. De acuerdo con la edición digital del diario Hurriyet Daily News, el nuevo código es el más polémico de un amplio proyecto de ley que contiene regulaciones sobre el empleo de Internet.
Con la disposición, los ministros podrán bloquear sitios digitales si consideran irrespetuosas determinadas publicaciones o que ponen en peligro la estabilidad del Estado. Según el citado medio, el bloqueo continuará activo hasta que el contenido inconveniente sea eliminado, como plantea la normativa.
El rotativo añade que en caso de no cumplir la petición de cierre de la página, los proveedores de Internet se enfrentarán a fuertes multas. El artículo aprobado por el Parlamento es similar a uno que recibió el visto bueno de la Cámara en septiembre de 2014, pero luego fue anulado por el Tribunal Constitucional.
En aquella instancia los diputados opositores protestaron con vehemencia contra dicha ley, la cual pudo ser aprobada ahora adelante gracias a la mayoría absoluta del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo. Hace aproximadamente un año, el Gobierno ya había el bloqueo de Twitter y YouTube después de que se utilizaran esas plataformas para difundir grabaciones de audio donde parecía implicarse al presidente Recep Tayyip Erdogan y otros ministros con un escándalo de corrupción.
Otras restricciones a la libertad prensa
Ankara (El País, España).- El Gobierno del AKP ha hecho un uso cada vez más restrictivo de la ley. Por ejemplo, se ha impuesto la prohibición de informar sobre una veintena de casos (entre ellos la muerte de civiles en un ataque del Ejército turco en la aldea kurda de Roboski o la comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción). “La intimidación de los periodistas se produce diariamente” bien mediante demandas por difamación, bien a través de amenazas de partidarios del Ejecutivo, dice el periodista turco Yavuz Baydar (imagen), a través de un informe elaborado para la Kennedy School de la Universidad de Harvard.
Es cierto, señala Baydar, que el número de periodistas entre rejas se ha reducido desde que en 2010 tocase el máximo mundial (104) hasta los actuales 7 ó 19, según se tome el recuento del Comité de Protección de Periodistas o de Reporteros sin Fronteras. Pero el control ha tomado otra dirección: desde las protestas de Gezi, unos 1.000 periodistas han sido despedidos por ser considerados molestos. “El Gobierno ha intentado criminalizar la información y la opinión contraria a sus intereses, normalizando de facto una suerte de estado de emergencia. Los periodistas que han intentado resistirse, defender su independencia y la integridad profesional, han comenzado a ser despedidos. (…) y son reemplazados por gente cuyos méritos son su lealtad a Erdogan”, escribe Baydar, él mismo despedido del diario Sabah, donde era defensor del lector, tras unos artículos en los que criticaba a la cabecera -cercana al Gobierno- por no seguir las más elementales normas del periodismo.
Otro método de presión son las reuniones con directores y propietarios. Yasemir Çongar, exdirectora del diario Taraf, quien participó a estas reuniones hasta 2012, denuncia que el Gobierno las usa para “oprimir a la prensa” pero que, al mismo tiempo, los barones mediáticos “se ofrecen voluntariamente a autocensurarse”.
El 80% de los medios en Turquía están controlados por grandes conglomerados empresariales con intereses en los más variados sectores -desde la alimentación a la banca- y eso es lo que han aprovechado AKP y Erdogan. Un caso flagrante es el de TV8, un canal crítico con los islamistas moderados hasta que su propietario, Mehmet Nazif Günal se convirtió en socio del consorcio que construirá un nuevo aeropuerto en Estambul por 20.000 millones de euros. Entonces, la dirección cerró su sección de noticias y despidió a 200 de sus trabajadores.
Pese a ello, Erdogan niega interferencias en el sector mediático y el pasado 6 de enero afirmaba, ante una reunión de embajadores, que “ni en Europa ni en el mundo hay una prensa tan libre como en Turquía”. Prácticamente a la misma hora, unidades antiterroristas penetraban en el domicilio de la periodista holandesa Frederike Geerdink, en la localidad turca de Diarbekir, y se la llevaban detenida. Ahora está libre, pero soporta cargos de apología del terrorismo por difundir mensajes sobre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.