Algunas consideraciones sobre las detenciones arbitrarias e ilegales en Azerbaiyán
El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán inició un ataque a gran escala contra la población armenia de Nagorno Karabaj, también conocida como la República de Artsaj. Esta ofensiva militar tuvo una duración de 44 días y concluyó con un acuerdo tripartito entre Armenia, Azerbaiyán y la Federación Rusa como mediador, en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE.
Durante este conflicto, se capturaron cerca de 200 prisioneros de guerra —entre civiles y combatientes armenios—. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Ginebra, estos prisioneros debieron haber sido liberados sin demora. Sin embargo, Azerbaiyán continuó violando estas normas internacionales, manteniendo detenidos a muchos de ellos, especialmente a los civiles y combatientes de mayor edad capturados en noviembre de 2020. En el primer caso, vale mencionar a Vicken Euljekjian, Gevorg Sujyan y Davit Davtyan, y en el caso de los combatientes de larga trayectoria, a Ludwig Mkrtchyan.
Además, entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, Azerbaiyán impuso un bloqueo total al Corredor de Lachín, única vía de comunicación entre Nagorno Karabaj y la República de Armenia, provocando una grave crisis humanitaria. Esta situación desembocó en una nueva ofensiva militar el 19 de septiembre de 2023 por parte de Azerbaiyán, tras la cual la población de Artsaj fue forzada a desplazarse masivamente de su territorio ancestral.
Cerca de 120.000 personas nativas se vieron obligadas a cruzar la frontera hacia el territorio de la República de Armenia, abandonando sus hogares, tierras y patrimonio histórico. Esta limpieza étnica forzada permanece hasta la fecha, constituyendo una de las crisis de desplazamiento más graves en el Cáucaso Sur en décadas.
En ese mismo marco, en Septiembre y Octubre de 2023 se llevaron a cabo detenciones de representantes de la comunidad armenia de Nagorno Karabaj, quienes fueron trasladados a Bakú, en condiciones similares a las impuestas a los prisioneros capturados en noviembre de 2020. Todos ellos permanecieron en prisión preventiva desde 2023 hasta principios de enero de 2024, momento en el cual se iniciaron las acusaciones contra ellos, con la modalidad de un proceso conjunto para 15 prisioneros, en base a numerosos delitos del código penal de Azerbaiyán, y un proceso individual para Ruben Vardanyan, con aproximadamente 42 cargos distintos contra su persona. Estos juicios, similares a los padecidos por los prisioneros de noviembre de 2020, permanecen abiertos hasta la fecha y han generado gran controversia por ser considerados falsos, arbitrarios, ilegales y motivados políticamente.
Las sentencias de 15 y 20 años impuestas a prisioneros civiles armenios en Azerbaiyán se dictaron en 2021, y estas personas ya han pasado casi cinco años detenidas en los establecimiento carcelarios de Bakú, e incluso, en rigor de las penas recibidas, han estado largo tiempo detenidos en condiciones extremadamente degradantes para cualquier ser humano. Estas sentencias no son casos aislados, sino parte de una campaña sistemática más amplia diseñada para construir una narrativa falsa y peligrosa. Esta narrativa busca criminalizar la presencia armenia en Nagorno Karabaj y presentar a actores humanitarios y políticos como terroristas o separatistas. Esto justifica una dura represión política bajo el pretexto de combatir el terrorismo, ignorando el contexto histórico de la región y los derechos de su población indígena nativa armenia.
Lo que resulta particularmente preocupante —como destacó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias— es que Ruben Vardanyan ha sido silenciado antes de poder abordar públicamente las realidades históricas y políticas de la región. Este silencio no sólo resulta de la respuesta oficial de Azerbaiyán al Grupo de Trabajo, sino que también se refleja en la opinión que el Grupo emitió tras recibir esa respuesta, que se debate en torno al rol “secesionista” que le endilgan a las opiniones vertidas por Vardanyan. El Grupo no consideró adecuadamente que la intención de Vardanyan era apoyar y respaldar a la población originaria de Nagorno Karabaj, cuya conexión profunda con la región está bien documentada en la historia. La población armenia de Nagorno Karabaj —nativa indígena del territorio de Artsaj— ha sufrido persecución sistemática y violencia, sobre todo durante los pogromos y masacres de finales de los años 80 y principios de los 90 en Bakú, Sumgait y Kirovabad. Su deseo de autonomía y de autodeterminación no nace del extremismo, sino de una experiencia vivida de limpieza étnica y trauma histórico. Presentar esto como una amenaza separatista es tanto incorrecto como una violación directa del derecho a la libertad de expresión.
El gobierno azerbaiyano está intentando vincular los casos legales de 15 prisioneros de guerra armenios —que están siendo juzgados desde 2024— y detenidos civiles como Vicken Euljekjian, quien fue acusado en diciembre de 2020 y sentenciado en junio de 2021, como si todos formaran parte de un plan coordinado de terrorismo. Lo alarmante es que algunos cargos hacen referencia a eventos presuntamente ocurridos en 1987 —mucho antes de que Azerbaiyán adoptara su propio código penal en 2000 y mucho antes de que los crímenes de lesa humanidad fueran definidos bajo la ley soviética. Esta aplicación retroactiva de normas legales es profundamente problemática y socava los principios de justicia. Incluso combatientes, como Ludwig Mkrtchyan —nacido en 1969 y que participó en la respuesta armenia a la agresión azerbaiyana en 2020— han sido sentenciados a 20 años y ya han cumplido casi cinco en prisión. Mkrtchyan, como combatiente legal, debería haber sido liberado, pero sigue sufriendo las consecuencias de estas políticas autoritarias.
Estos 15 prisioneros, arrestados entre septiembre y octubre de 2023, están siendo sometidos a juicios coordinados que impulsan la misma narrativa fabricada. Las autoridades azerbaiyanas nuevamente recurren a 1987 para intentar presentarlos como terroristas y separatistas. En realidad, estas personas no son militantes; son residentes que solo buscan vivir, criar a sus familias y preservar su herencia en la tierra donde ellos y sus antepasados nacieron. Su conexión con Nagorno Karabaj se extiende por siglos y se refleja en la rica herencia cultural y religiosa de iglesias, monasterios y sitios históricos armenios en toda la región.
Esta represión debe entenderse también dentro de un contexto histórico más profundo. Los armenios aún pagan las consecuencias de la decisión de Joseph Stalin, a principios de los años 20, de colocar la región de Nagorno Karabaj bajo el control de la Azerbaiyán soviética. Esta maniobra geopolítica, realizada en 1921, ignoró la composición étnica e historia cultural de la región —y sus consecuencias han sido devastadoras. La ingeniería étnica y territorial de Stalin no solo desestabilizó Nagorno Karabaj. Políticas similares provocaron décadas de derramamiento de sangre en lugares como Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, y en Transnistria, entre Moldavia y Rumania. No son errores históricos aislados: son líneas de falla que siguen explotando violentamente hoy. La invasión actual de Ucrania se basa en la misma lógica soviética: redibujar fronteras sin tener en cuenta a las personas que viven allí y usar la historia como arma para justificar la agresión.
Más allá del contexto armenio, las prácticas legales internas de Azerbaiyán revelan una crisis más amplia de justicia. Se estima que hay 375 presos políticos azerbaiyanos, muchos de los cuales han sido extraditados desde Turquía y Europa para enfrentar juicios simulados en Bakú. Existe una política clara y sistemática de castigar la disidencia: cualquiera que hable contra el régimen corre riesgo. Ya sean armenios o azerbaiyanos, estas personas son privadas del debido proceso y de una defensa legal efectiva.
Esto ha sido documentado en varios informes “sombra” presentados durante la revisión periódica de Azerbaiyán ante el Comité contra la Tortura (CAT) en 2024. Abogados, jueces y académicos internacionales han expresado serias preocupaciones sobre la independencia de la Asociación de Abogados de Azerbaiyán y el uso de defensores públicos designados, a menudo seleccionados no para defender, sino para cooperar con fiscales y jueces en la construcción de casos políticamente motivados. Estos no son juicios; son herramientas de represión.
Incluso las respuestas de Azerbaiyán a los Grupos de Trabajo de la ONU —incluido el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias— siguen un patrón conocido. En el caso de Vardanyan, el gobierno justifica su detención afirmando que promovía ideas separatistas. Esto ignora convenientemente la verdad: él hablaba para y sobre los armenios nativos de Artsaj, cuyas demandas de autodeterminación surgen de un legado de desplazamiento, persecución y supervivencia, padecidos por ellos en los ataques de Azerbaiyán durante Abril de 2016, como durante la agresión de los 44 días de duración entre Septiembre y Noviembre de 2020. Reinterpretar esa realidad como intención criminal es una distorsión peligrosa que debe ser confrontada por la comunidad internacional.
El sistema legal de Azerbaiyán está siendo usado como un arma —no solo contra los armenios sino contra sus propios ciudadanos. Esta represión sistemática debe reconocerse por lo que es: un desmantelamiento calculado de la justicia, la verdad y los derechos humanos, construido sobre un legado centenario de fronteras impuestas y voces silenciadas.
Luciana Minassian
Abogada, docente y representante legal de Vicken Eujlekjian, detenido en Bakú desde el 10 de Noviembre de 2020 a la fecha.