Luciana Minassian sobre los falsos “juicios” contra prisioneros armenios en Azerbaiyán: “La humillación responde a una estrategia más amplia de reinterpretación de la historia y la identidad”

La abogada Luciana Minassian, presidenta de la filial argentina de Society for Orphaned Armenian Relief (SOAR), analizó en una entrevista concedida al medio “Hraparak” el 18 de noviembre la situación de los prisioneros políticos y militares armenios detenidos ilegalmente en Azerbaiyán y sujetos a falsos "juicios" por parte del régimen.

Minassian explicó que hasta el 2 de septiembre de 2025 el Comité Internacional de la Cruz Roja los visitaba periódicamente, algo que solo era posible “en virtud de su condición de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, es decir, como prisioneros de guerra”, mientras que afirmó que la expulsión del organismo humanitario por parte de Azerbaiyán “no modifica retroactivamente la naturaleza de su protección, sino que elimina el único mecanismo independiente para monitorear su situación”.

La abogada recordó el caso de Vicken Euljekjian, condenado en un proceso que se basó en declaraciones obtenidas bajo coacción. “Este caso anterior ilustra un problema sistémico más amplio sobre cómo se obtiene y utiliza este tipo de testimonios en los procesos judiciales azerbaiyanos”, afirmó. Subrayó que los actuales juicios “carecen de garantías procesales, se basan en pruebas cuestionables y responden a fines políticos más que jurídicos”, al tiempo que opinó que “la vida de los cautivos sigue siendo una valiosa moneda de cambio para Azerbaiyán”.

Consultada sobre la posibilidad de generar presión internacional antes de que las sentencias entren en vigor, Minassian advirtió que el proceso está plagado de contradicciones. “La parte azerbaiyana presentó un número abrumador de supuestos testigos y representantes de las ‘víctimas’, pero incluso un examen superficial deja claro que muchos de estos testimonios parecen no tener ninguna conexión con los acusados ni con los hechos en disputa”, señaló. Recordó que la defensa solicitó excluir de consideración los testimonios recabados durante la investigación preliminar ante la sospecha de que fueron obtenidos “bajo coacción y no voluntariamente”.

Minassian también se refirió a la situación del exministro de Estado de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) y filántropo Ruben Vardanyan, detenido ilegalmente y recientemente apartado de su representación legal. Consideró que su decisión “podría constituir un intento deliberado de reafirmar la ilegalidad intrínseca de estos juicios”, marcando una postura política frente a un proceso que considera “ilegal y arbitrario”.

Sobre el trasfondo político, Minassian aseguró que los acusados no están siendo juzgados por hechos concretos, sino por lo que representan. “Lo que ocurre en Bakú deja en evidencia que estos juicios no están dirigidos contra figuras individuales ni contra sus acciones o responsabilidades específicas. Los acusados son personas que estuvieron en los orígenes del movimiento de Artsaj, contribuyeron a la liberación de Artsaj y desempeñaron un papel fundamental en su desarrollo”. Añadió que, mediante este proceso, “Azerbaiyán está, en esencia, sometiendo a juicio toda la historia nacional armenia”.

Según la abogada, el objetivo de Azerbaiyán es construir una narrativa política destinada a reinterpretar los treinta años del conflicto del Cáucaso Sur. “Azerbaiyán busca una reinterpretación política más amplia del conflicto, una narrativa en la que estas figuras no sean presentadas como líderes nacionales que defendieron a su pueblo, sino como criminales cuyas acciones supuestamente justifican las políticas y los resultados de Azerbaiyán. En este sentido, la humillación responde a una estrategia más amplia de reinterpretación de la historia, la identidad y la responsabilidad”.

Minassian señaló que desde enero los juicios avanzan sin ningún tipo de participación de medios independientes. “En Azerbaiyán no existen medios de comunicación independientes. Los medios son perseguidos, detenidos y procesados activamente. La existencia de casi 350 presos políticos demuestra claramente esta realidad”. Luego indicó que, en un escenario donde no se permite la presencia de ONG, organismos internacionales ni observadores independientes, es inevitable anticipar condenas máximas y traslados a cárceles de alta seguridad como Gobustán o Umbak.

La abogada concluyó que, pese al panorama adverso, la exigencia debe seguir siendo la liberación total e inmediata de los 23 cautivos armenios. “No existe ningún fundamento legal para su detención. Deben ser reconocidos como parte de la población desplazada por la fuerza, al igual que el resto del pueblo de Artsaj. Su continua detención no solo es ilegal, sino también una profunda injusticia contra personas que deberían estar protegidas por el derecho internacional y que representan los derechos colectivos de todo el pueblo desplazado”.