La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exigió a Azerbaiyán la liberación de detenidos armenios
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) adoptó en Estrasburgo, a comienzos de este mes, una resolución titulada “Avances en el procedimiento de seguimiento de la Asamblea”, que incluye evaluaciones y observaciones sobre la situación política y de derechos humanos en Armenia y Azerbaiyán.
En relación con Armenia, la PACE manifestó su preocupación por el alto grado de polarización política y la estigmatización mutua entre los distintos sectores. El texto señala inquietud por las tensiones existentes entre el primer ministro Nikol Pashinyan y la jerarquía de la Iglesia Apostólica Armenia, así como por informes que aluden a presuntas conspiraciones para usurpar el poder por parte de algunos clérigos.
La resolución reconoce que las tres elecciones celebradas en Armenia desde 2018 se desarrollaron sin irregularidades graves, pero subraya la necesidad de reforzar los controles sobre el uso indebido de recursos públicos y la financiación de los partidos políticos. De cara a las elecciones parlamentarias previstas para junio de 2026, la Asamblea instó a mejorar las relaciones entre la mayoría gobernante y la oposición, con el objetivo de que la campaña electoral se centre en propuestas y políticas, y no en ataques personales. El documento también toma nota de la intención del primer ministro armenio de convocar a un referéndum constitucional tras los comicios.
Respecto a Azerbaiyán, la PACE reiteró su profunda preocupación por el deterioro continuo de la situación de los derechos humanos y por el aumento de personas detenidas por motivos políticos. En ese marco, el organismo instó a Bakú a poner fin a los procesos judiciales considerados de represalia y a liberar de manera inmediata a todos los detenidos por cargos de motivación política, incluidos 23 armenios que permanecen bajo custodia azerbaiyana.
Tras la adopción de la resolución, el dirigente Armen Rustamyan, representante de la Oficina de la FRA y miembro de la Alianza Armenia en la delegación parlamentaria ante la PACE, cuestionó el contenido y el enfoque del documento. En declaraciones a medios armenios, sostuvo que la resolución refleja una posición política de respaldo a las actuales autoridades armenias por parte de estructuras occidentales y expresó su descontento por la cancelación de una visita de los copresidentes del comité de monitoreo a Armenia antes de la presentación del informe.
Rustamyan afirmó que la delegación opositora transmitió a los correlatores sus preocupaciones sobre la existencia de presos políticos, la persecución judicial y la situación de la Iglesia, y señaló que, a su juicio, estos elementos no fueron reflejados con suficiente severidad en el texto final. También criticó que la evaluación se basara en informes y no en una observación directa sobre el terreno.
Pese a estas objeciones, el dirigente opositor reconoció que la resolución menciona aspectos que considera acordes con la realidad, como las tensiones entre el poder ejecutivo y la Iglesia y los riesgos de abuso de recursos administrativos en el contexto electoral. La delegación opositora anunció que continuará manteniendo reuniones con los responsables del seguimiento en el Consejo de Europa para expresar sus objeciones y reclamar una evaluación más exhaustiva de la situación política y de derechos humanos en Armenia.