El Consejo Pan-Armenio de Diplomáticos denunció los falsos “juicios” de Azerbaiyán contra dirigentes de Artsaj
El Consejo Pan-Armenio de Diplomáticos difundió el 6 de febrero una declaración en la que condenó los “juicios simulados” llevados adelante en Bakú contra dirigentes político-militares de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) y otros armenios cautivos, a quienes se les impusieron condenas a cadena perpetua y penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Según el comunicado, el proceso “duró aproximadamente un año y se basó en causas penales evidentemente falsas”, desarrollándose “en flagrantes violaciones de las normas procesales internacionales” y concluyendo con “veredictos políticamente predeterminados”. Para el Consejo, este procedimiento “no puede considerarse administración de justicia” y constituye “un ejemplo clásico de persecución política y armenofobia”.
La declaración sostiene que los juicios contradicen normas fundamentales del derecho internacional, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra, así como las obligaciones vinculadas al juicio justo, la presunción de inocencia y la protección de los prisioneros de guerra. En ese marco, el Consejo afirmó que lo ocurrido “demuestra una vez más la aplicación selectiva de los mecanismos jurídicos internacionales, la ausencia de responsabilidad moral y la sustitución del derecho por el uso de la fuerza”.
El texto subraya además que estos hechos se producen “en el contexto de declaraciones sobre el llamado proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán”, mientras “algunos actores internacionales guardan silencio o, de hecho, hacen la vista gorda ante graves violaciones del derecho internacional”, lo que —señala— contribuye a “la profundización de la atmósfera de impunidad”.
En la declaración, el Consejo remarcó que Arkady Ghukasyan, David Babayan, Bako Sahakyan, Arayik Harutyunyan, David Ishkhanyan, Ruben Vardanyan, Levon Mnatsakanyan y David Manukyan “llevaron a cabo sus actividades exclusivamente con el objetivo de lograr la paz, garantizar la estabilidad regional y proteger los derechos fundamentales de su pueblo”, y sostuvo que “su criminalización carece de justificación legal”.
El comunicado calificó la captura y toma de rehenes de armenios, los juicios a puerta cerrada, las acusaciones inventadas y las sentencias predeterminadas como “una represalia política contra los armenios étnicos” y “una grave violación del derecho internacional humanitario”.
Finalmente, el Consejo expresó que “las acciones, e incluso la inacción, de las actuales autoridades de Armenia hasta la fecha plantean serias dudas sobre la protección de los derechos de nuestros compatriotas y su repatriación”, y afirmó que esta situación solo podrá resolverse con “la liberación total e incondicional” de todas las personas detenidas y condenadas ilegalmente en Azerbaiyán. “Se trata de una cuestión de la dignidad de todos los armenios y del Estado armenio”, concluye la declaración.