La Comisión Internacional de Juristas confirmó que Azerbaiyán vulneró los derechos de los armenios de Artsaj juzgados en Bakú
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó un informe en el que concluyó que los procesos contra los exdirigentes de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) detenidos por Azerbaiyán y juzgados en Bakú vulneraron garantías básicas del derecho a un juicio justo, al documentar restricciones al acceso a la defensa, audiencias sin control público y la utilización de tribunales militares para civiles, en el reporte difundido el 18 de mayo.
El documento, titulado “Justicia bajo presión: Independencia de los abogados y derecho a un juicio justo en Azerbaiyán”, analizó el funcionamiento del sistema judicial azerbaiyano y tomó los juicios contra los líderes de Artsaj como un caso de estudio que, según la organización, “refleja problemas más amplios en la administración de justicia” del país.
La CIJ afirmó que los procedimientos judiciales contra los dirigentes armenios “no cumplieron con las garantías de imparcialidad e igualdad de armas exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos”. El informe sostuvo que la situación de los acusados se inscribió en un sistema en el que “la independencia de la profesión jurídica en Azerbaiyán sigue comprometida por el control y la influencia del poder ejecutivo sobre el Colegio de Abogados, las prácticas de admisión discriminatorias, el uso punitivo de procedimientos disciplinarios y el acoso y la persecución de abogados independientes”.
“Estas deficiencias, junto con la falta de independencia del poder judicial, privan a los acusados en procesos penales de las garantías sustantivas que exige el derecho a un juicio justo, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, señaló la CIJ.
El informe recordó que, tras la ofensiva militar de Azerbaiyán de septiembre de 2023 y el desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios de Artsaj hacia Armenia, Bakú mantuvo detenidas a 23 personas armenias, entre ellas exautoridades políticas y militares. Quince de ellas fueron juzgadas en una causa conjunta ante el Tribunal Militar de Bakú, mientras que el exministro de Estado de Artsaj Ruben Vardanyan fue procesado por separado.
La CIJ constató que los líderes de Artsaj “fueron juzgados ante un tribunal militar; que se les negó a los acusados el acceso efectivo a un abogado de su elección; que se retuvieron documentos del caso o se proporcionaron en un idioma que los acusados no entendían; que las mociones de la defensa fueron desestimadas sin justificación y omitidas del expediente; que la interpretación fue inadecuada o inexistente; y que se negó el acceso público, incluso a los representantes diplomáticos acreditados”.
“Los casos fueron transferidos al Tribunal Militar de Bakú, a pesar de que al menos ocho de los acusados eran civiles y, por lo tanto, debían ser juzgados únicamente en tribunales ordinarios, no militares, de conformidad con el derecho y las normas internacionales”, advirtió el organismo.
La organización también cuestionó la falta de publicidad de las audiencias. “Los juicios se llevaron a cabo en gran medida a puerta cerrada, con acceso únicamente para los medios estatales; se denegó el acceso a las audiencias a los observadores internacionales, los medios de comunicación extranjeros y los familiares de los acusados”, concluyó el informe.
Según la CIJ, en el caso de Vardanyan se realizaron más de 36 audiencias entre enero de 2025 y febrero de 2026 sin observación internacional independiente. El documento indicó que únicamente el medio estatal azerbaiyano AZERTAC accedió a la sala, lo que impidió un control externo sobre las pruebas presentadas por la fiscalía, la actuación de los jueces, la calidad de la interpretación y el trato dado a los acusados durante el proceso.
El reporte también señaló que los materiales de las causas no estuvieron disponibles en condiciones adecuadas para la defensa. En distintos expedientes, la CIJ registró documentos retenidos bajo la categoría de “secreto de Estado” o entregados únicamente en azerí. En la causa de Vardanyan, indicó que la acusación formal de seis tomos fue presentada en la víspera de la audiencia preliminar, con errores significativos en la traducción al ruso, y que las actas de determinadas audiencias fueron entregadas con semanas de demora.
El documento sostuvo además que las mociones de la defensa fueron rechazadas sistemáticamente sin fundamentos y, en algunos casos, no quedaron registradas en las transcripciones judiciales. Para la CIJ, estas prácticas afectaron la posibilidad de preparar recursos y deterioraron el principio de igualdad de armas entre la fiscalía y los acusados.
“Según informes públicos, estos juicios se caracterizan por prácticas que violan las garantías básicas de justicia: se ha creado una situación procesal fundamentalmente injusta, donde la defensa se ve privada de cualquier oportunidad real de impugnar los cargos o probar su inocencia. En tales condiciones, el concepto mismo de un juicio justo se convierte en una mera formalidad, desprovista de contenido”, indicó el informe, al citar una investigación publicada por el periódico francés Le Monde.
La CIJ también advirtió sobre el desempeño de los abogados designados por el Estado. En sus conclusiones, afirmó que algunos de esos defensores no actuaron ante evidencias de malos tratos que habrían presenciado directamente, en un contexto en el que el organismo denunció restricciones al acceso a representación legal independiente y obstáculos para que los acusados mantuvieran comunicaciones confidenciales con sus abogados.
El 5 de febrero de 2026, el Tribunal Militar de Bakú condenó a los quince acusados juzgados en la causa conjunta. El expresidente de Artsaj Arayik Harutyunyan, el expresidente de la Asamblea Nacional Davit Ishkhanyan, el excanciller Davit Babayan, el excomandante del Ejército de Defensa Levon Mnatsakanyan y el mayor general Davit Manukyan recibieron prisión perpetua. Los expresidentes Arkadi Ghukasyan y Bako Sahakyan fueron sentenciados a 20 años de prisión, mientras que los otros ocho acusados recibieron penas de entre 15 y 19 años.
El 17 de febrero, Vardanyan fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Militar de Bakú, que lo declaró culpable de 42 cargos, entre ellos crímenes contra la paz y la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, financiamiento del terrorismo y creación de una organización criminal. El informe señaló que la fiscalía había solicitado prisión perpetua y agregó que, hasta marzo de 2026, ninguno de los condenados había recibido copias oficiales de las sentencias en ruso, armenio o azerí.
En relación con la causa contra Vardanyan, la CIJ cuestionó que la fiscalía presentara cargos vinculados con hechos de 1988, cuando el acusado no ocupaba ningún cargo en Artsaj. “Vardanyan asumió funciones públicas en Nagorno Karabaj a finales de 2022, pero la fiscalía presentó cargos que se remontan a 1988 en relación con el primer conflicto de Nagorno Karabaj, a pesar de las pruebas de que en ese momento era estudiante de la Universidad Estatal de Moscú”, indicó el informe.
“El procesamiento de Vardanyan por una conducta presuntamente ocurrida en 1988, más de tres décadas antes de que asumiera un cargo público, plantea serias dudas en virtud del principio de legalidad. Vardanyan no ocupaba ningún cargo político en el momento al que se refieren los cargos y no podía haber previsto que una conducta de esa época constituiría la base de cargos penales al acceder posteriormente a un cargo político”, añadió la CIJ.
“La distancia temporal entre la presunta conducta y el procesamiento, sumada al momento en que se presentaron los cargos solo después de que Vardanyan asumiera un puesto de liderazgo en una disputa política, sugiere una aplicación arbitraria del derecho penal. El principio de legalidad exige que la responsabilidad penal sea previsible y que el derecho penal se aplique con precisión y claridad, no de forma arbitraria”, sostuvo el reporte.
El informe también examinó la estructura del sistema jurídico azerbaiyano y afirmó que el Colegio de Abogados funciona bajo una fuerte influencia del poder ejecutivo. La CIJ sostuvo que las admisiones a la profesión presentan falta de transparencia, que los procedimientos disciplinarios se utilizan como mecanismos de control y que los abogados que intervienen en causas políticamente sensibles enfrentan hostigamiento, suspensión de licencias y persecución penal.
En ese marco, la organización advirtió que la cantidad de abogados en ejercicio resulta insuficiente para garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente fuera de Bakú, y que la presión sobre los defensores de derechos humanos reduce la disponibilidad de representación independiente en casos de alto perfil político.
“El informe de la CIJ confirma lo que el Centro Jurídico Armenio y numerosas organizaciones y defensores de los derechos humanos han advertido desde hace tiempo: los procesos contra los exlíderes de Artsaj no son procesos judiciales creíbles, sino juicios con motivaciones políticas que se llevan a cabo en un sistema judicial donde la independencia judicial, el acceso a la defensa y las garantías básicas de un juicio justo están fundamentalmente comprometidas”, declaró Ken Hachikian, presidente del Centro Jurídico Armenio, a Asbarez.
“Azerbaiyán no puede utilizar el lenguaje jurídico para legitimar la detención y el castigo ilegales de rehenes y prisioneros de guerra armenios. Solo la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros armenios detenidos ilegalmente por Azerbaiyán puede remediar la injusticia documentada en este informe”, añadió Hachikian.
En sus recomendaciones, la CIJ instó a las autoridades azerbaiyanas a garantizar que el Colegio de Abogados funcione como un órgano “genuinamente independiente”, a cesar las represalias contra los letrados que representan a clientes en causas políticamente sensibles y a readmitir a los abogados inhabilitados en violación del derecho internacional.
El organismo también pidió asegurar que todos los acusados tengan acceso efectivo a un abogado de su elección desde el momento de la privación de libertad y durante todas las etapas del proceso, incluidas las apelaciones. Además, reclamó investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y malos tratos, la exclusión de cualquier declaración obtenida bajo coerción y el acceso de organizaciones internacionales a los centros de detención.
La CIJ solicitó que observadores internacionales, representantes diplomáticos acreditados y organismos europeos de derechos humanos puedan asistir a eventuales audiencias de apelación, y pidió que los civiles, incluidos los exdirigentes de Artsaj, no sean juzgados por tribunales militares. También exigió que las restricciones al acceso público a los procesos penales se limiten a circunstancias excepcionales y estén debidamente fundamentadas.