La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires pidió por el derecho al retorno de la población armenia de Artsaj
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el 11 de junio el proyecto de declaración D-1373/26-27, presentado por la diputada Maite Milagros Alvado, que repudió el Genocidio Armenio cometido por el Imperio Otomano y la República de Turquía entre 1915 y 1923, expresó su rechazo al cautiverio de rehenes y prisioneros de guerra armenios detenidos ilegalmente en Azerbaiyán y manifestó preocupación por el incumplimiento de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho al retorno de los refugiados de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj).
El texto sostuvo que el Genocidio Armenio provocó la muerte de más de 1.500.000 armenios y 800.000 griegos y asirios, y señaló que los crímenes ocurrieron durante el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano, con Talaat Pashá, Enver Pashá y Djemal Pashá a la cabeza, y continuaron durante la República de Turquía bajo el mandato de Mustafá Kemal Atatürk.
La declaración también remarcó que la Argentina reconoció el Genocidio Armenio mediante la Ley 26.199, sancionada el 13 de diciembre de 2006 y promulgada el 11 de enero de 2007, que declaró el 24 de abril como “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”. Además, destacó que las provincias argentinas adhirieron a la legislación nacional, con excepción de Formosa.
En el tramo referido a Artsaj, los fundamentos del proyecto vincularon el Genocidio Armenio con las agresiones de Azerbaiyán contra la población armenia. El texto recordó la guerra iniciada el 27 de septiembre de 2020, con apoyo directo de Turquía y mercenarios yihadistas, y señaló que, tras 44 días de ataques, miles de personas murieron, más de 90.000 fueron obligadas a abandonar sus hogares y cuatro quintas partes del territorio de Artsaj fueron ocupadas por Azerbaiyán.
El proyecto también citó declaraciones anteriores de la Cámara de Diputados bonaerense sobre la situación de Artsaj y Armenia, entre ellas la declaración D-4665/20-21-0, aprobada el 16 de diciembre de 2020, y la declaración D-3714/22-23-0, aprobada el 15 de septiembre de 2022, en rechazo a los ataques militares de Azerbaiyán.
La iniciativa recordó además el bloqueo del corredor de Lachín, iniciado el 12 de diciembre de 2022, que aisló a la población de Artsaj y restringió derechos fundamentales como la libre circulación, el acceso a alimentos, la atención médica y la educación. También señaló que la ofensiva posterior produjo el éxodo masivo de la población armenia de Artsaj, reconocido en los fundamentos como una operación planificada de limpieza étnica.
El texto aprobado sostuvo que las personas expulsadas de Artsaj tienen derecho a retornar a sus hogares “en condiciones de seguridad y dignidad”, y que ese derecho debe estar garantizado mediante mecanismos judiciales u otro tipo de instrumentos incluidos en eventuales acuerdos de paz.
Consultado por Diario Armenia, Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, destacó “el agradecimiento a la diputada Alvado, que desde hace varios años acompaña este reclamo, y cómo la Argentina sigue sosteniendo, incluso desde la provincia de Buenos Aires, una posición clara, porque no es el primer proyecto que se aprueba”.
“Ya el año pasado se aprobó un texto muy similar, donde se planteaba la misma preocupación: entender el vínculo que tiene el Genocidio Armenio de 1915 con lo que ocurrió en Artsaj en 2023, y que la Argentina sigue apoyando este reclamo”, señaló Mouratian.
El director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica también vinculó la declaración con la situación política actual en Armenia. “Los derechos del pueblo de Artsaj a vivir en su territorio son inclaudicables. No va a haber elección ni reforma constitucional que pueda privarlo de ese derecho a vivir en sus tierras ancestrales, porque ese derecho no le pertenece al gobierno de Armenia, sino al pueblo de Artsaj”, afirmó.
“Esto es importante señalarlo e insistir con el derecho al retorno desde la diáspora y desde todas las instituciones”, agregó Mouratian.
El proyecto aprobado también incluyó el reclamo por los prisioneros de guerra y rehenes armenios detenidos en Bakú. En sus fundamentos, denunció que permanecen privados de contacto con organizaciones humanitarias, aislados y sometidos a juicios ilegítimos ante tribunales ad-hoc.
En ese sentido, y tras las declaraciones públicas de Vicken Euljekjian sobre su cautiverio en Azerbaiyán, Mouratian sostuvo que “la cuestión de los rehenes debe ser abordada con suma urgencia por las organizaciones y los Estados a nivel internacional”.
“Está claro y es evidente que, además de ser detenciones ilegales, están siendo torturados y sometidos a las peores vejaciones posibles. Hay que seguir pidiendo por su liberación incondicional e inmediata”, concluyó.