Amnistía Internacional denunció la impunidad de Azerbaiyán sobre los crímenes contra la población armenia de Artsaj
Amnistía Internacional publicó el 28 de abril su informe “La situación de los derechos humanos en el mundo 2024/25”, en el que documentó un brusco retroceso en materia de derechos humanos en Azerbaiyán, donde las autoridades continuaron prohibiendo que su cumplimiento se vigile de forma independiente, en el marco de la represión posterior a la operación militar en la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) que forzó el desplazamiento de más de 120.000 personas de origen armenio.
El informe advirtió que “persistía la impunidad de violaciones de derechos humanos que se habían cometido en el conflicto por la disputada región de Nagorno Karabaj”. Amnistía Internacional sostuvo que el derecho al retorno seguro y digno de la población desplazada “continuaba sin hacerse efectivo”.
Según el relevamiento, las autoridades azerbaiyanas mantuvieron su negativa a cooperar con organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil internacionales, “entre ellas las centradas en mecanismos de derechos humanos”. En enero, tras la suspensión de las credenciales de la delegación azerbaiyana por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el gobierno amenazó con abandonar tanto el Consejo como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La organización también documentó que “las ONG independientes y los medios de comunicación continuaban sujetos a restricciones arbitrarias”, así como la existencia de “tortura y otros malos tratos” como prácticas extendidas. Durante el año, se reprimieron protestas pacíficas, se arrestó a periodistas y activistas por sus actividades legítimas y se negó justicia a personas LGBTI.
Amnistía Internacional denunció además que Azerbaiyán organizó en noviembre la COP29 en un contexto de cuestionamientos: “No se hizo público en ningún momento el acuerdo de país anfitrión, pero una versión filtrada de él indicaba que no había protección genuina de los derechos humanos”.
Entre los casos documentados, se encuentra la detención del defensor de derechos humanos Anar Mammadli, galardonado por el Consejo de Europa, arrestado tras la publicación de un informe crítico sobre las elecciones presidenciales de febrero y la conformación de una coalición por la justicia climática. “Más de una decena de periodistas continuaban en detención arbitraria tras su arresto en 2023”, indica el informe.
En julio y agosto, dos intelectuales fueron arrestados por cargos falsos de traición. En marzo, se produjeron detenciones masivas tras allanamientos en oficinas de medios y organizaciones opositoras. En paralelo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció la “persistente negativa de Azerbaiyán a cooperar” y describió una “nefasta alianza entre el recurso constante de la policía a los malos tratos y la tortura” y la fabricación de pruebas y confesiones forzadas.
Por último, el informe destacó la represión de protestas ambientalistas, incluyendo la reanudación de actividades en una mina de oro en Söyüdlü, cuyo funcionamiento había sido suspendido por denuncias de contaminación con residuos tóxicos. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente y varios activistas fueron arrestados por cargos falsos.