Azerbaiyán busca expulsar a la ONG Christian Solidarity International de la ONU por denunciar la limpieza étnica contra la población armenia de Artsaj
La misión de Azerbaiyán ante Naciones Unidas presentó una denuncia formal contra Christian Solidarity International (CSI), una prestigiosa organización de derechos humanos y libertad religiosa con estatus consultivo ante el ECOSOC (Consejo Económico y Social), por su labor en defensa de los armenios desplazados de Artsaj (Nagorno Karabaj). El caso será revisado el 23 de mayo por el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la ONU.
La queja azerbaiyana acusa a CSI de “acciones hostiles con motivación política” y de “incumplir” las normas de funcionamiento de Naciones Unidas. La denuncia se basa en la labor sostenida de la ONG para documentar la invasión militar de septiembre de 2023 por parte de Azerbaiyán, que culminó con la limpieza étnica de 120.000 armenios nativos de Artsaj.
Desde ese momento, CSI mantuvo una activa presencia en los foros multilaterales. Presentó declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos y organizó eventos paralelos en Ginebra para visibilizar la situación, incluyendo un panel en julio de 2024 sobre el derecho al retorno de los desplazados y dos foros en octubre y marzo centrados en los detenidos armenios en cárceles azerbaiyanas. Según denuncias recogidas por la organización, al menos dieciséis prisioneros permanecen incomunicados, sin garantías judiciales, sometidos a juicios secretos y sin derecho a defensa.
El intento de Azerbaiyán de eliminar a CSI del sistema de Naciones Unidas fue duramente criticado por el Comité Nacional Armenio de América (ANCA). “Después de llevar a cabo una limpieza étnica, ahora quiere borrar hasta el relato de quienes la denuncian”, expresó su director ejecutivo, Aram Hamparian. “Silenciar a CSI es parte del mismo patrón represivo: negar la existencia de Artsaj, negar los crímenes y negar el derecho a exigir justicia”.
Si prospera la denuncia de Azerbaiyán, CSI podría perder su estatus consultivo ante Naciones Unidas, un precedente alarmante que pondría en riesgo la capacidad de las ONG de derechos humanos para denunciar crímenes internacionales cometidos por Estados miembro.