El Instituto Lemkin criticó la declaración de Washington entre Armenia y Azerbaiyán y advirtió que “no es un ‘acuerdo de paz’”
El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio y la Seguridad Humana publicó el 31 de agosto de 2025 una declaración en la que cuestionó la recepción “acrítica” de la Declaración Conjunta entre Armenia y Azerbaiyán firmada el 8 de agosto en Washington, sostuvo que “esto no es un ‘acuerdo de paz’” y advirtió sobre “la amenaza de genocidio contra los armenios en la región del Cáucaso Sur”, al reclamar “mecanismos concretos” que protejan la soberanía armenia y garanticen “una paz justa y sostenible”.
El Instituto afirmó que “la actual recepción mediática y diplomática de la declaración conjunta promovida por el presidente estadounidense Donald Trump es una celebración prematura de la paz, mientras que las recientes atrocidades masivas y la constante beligerancia de Azerbaiyán siguen sin abordarse”. Señaló que el texto inicial “podría fácilmente conducir a más guerra y destrucción y sentar las bases para nuevas acciones genocidas”.
La organización describió a Azerbaiyán como “un Estado genocida que cometió genocidio contra los armenios de Artsaj (Nagorno-Karabaj) entre 2020 y 2023”, y sostuvo que destruyó “la totalidad de la comunidad armenia de Artsaj” en septiembre de 2023. Planteó que cualquier entendimiento que no contemple esas “amenazas genocidas” terminaría por favorecerlas.
El Instituto Lemkin precisó que la declaración conjunta del 8 de agosto “no constituye un tratado de paz vinculante, sino un memorando preliminar que define las intenciones”, y que requerirá firma y ratificación para entrar en vigor. Indicó que el borrador prevé normalización diplomática, reconocimiento mutuo de integridad territorial, apertura de vías de transporte, incluido un corredor a través de Armenia hacia Najicheván, delimitación fronteriza y cooperación económica, pero “no aborda” la situación del patrimonio cultural armenio, los derechos de los desplazados de Artsaj, el destino de prisioneros de guerra y exautoridades de Artsaj, ni “mecanismos para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.
Según el documento, la declaración “socava directamente los esfuerzos para abordar las violaciones de derechos humanos” al obligar a Armenia a retirar sus casos ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Estos casos legales son importantes para la paz en la región (…) constituyen el único mecanismo legal que podría generar verdad y rendición de cuentas”.
El texto cuestionó que Azerbaiyán “promueva la disolución del Grupo de Minsk de la OSCE” y que exija “la suspensión de la Sección 907” de la Ley de Apoyo a la Libertad de EE. UU. Señaló también que la exigencia de Ilham Aliyev de que Armenia modifique su Constitución “equivale a inmiscuirse en los asuntos internos de Armenia” y “podría socavar el acuerdo”, al imponer “una pesada carga política” y “prolongar indefinidamente el proceso de paz”.
La organización advirtió que la disposición que “eliminaría los despliegues de terceros países en las fronteras mutuas” perjudicaría a Armenia al afectar, entre otros, a la misión de observación de la Unión Europea, a la que consideró “fundamental para mantener el alto el fuego”. También alertó sobre la “reorientación radical” de la seguridad armenia hacia Estados Unidos y los riesgos geopolíticos asociados al corredor rebautizado como TRIPP.
El Instituto Lemkin instó a “asegurar la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros y rehenes armenios retenidos en Bakú” como “un paso crucial en la dirección correcta”, y pidió medidas de confianza que incluyan “la reforma del sistema educativo antiarmenio de Azerbaiyán” y “el desmantelamiento de la ideología del ‘Azerbaiyán Occidental’”. Reafirmó que “la paz no se puede lograr mediante el genocidio” y sostuvo su compromiso con “la restauración de una República de Artsaj libre e independiente”.