El Senado argentino como sede del negacionismo turco

Lo que ocurrió el 18 de noviembre de 2025 en el Senado de la Nación no fue un acto diplomático, ni un ejercicio académico, ni un espacio de debate geopolítico. Fue algo grave: la utilización del Congreso argentino para lavar la imagen internacional de un Estado responsable de crímenes, guerras, desestabilización regional, ocupaciones militares, limpieza étnica y negación sistemática del Genocidio Armenio.

Que ese montaje propagandístico haya contado con la presencia activa de la vicepresidenta de la Nación como oradora principal tampoco es un detalle. Es un mensaje que contradice frontalmente la tradición argentina en materia de derechos humanos, Memoria, Verdad y Justicia y la ley que reconoce el Genocidio Armenio como crimen contra la humanidad.

El Senado argentino premió al embajador del Estado que acompañó y celebró guerra que dejó miles de muertos y la expulsión de 120.000 armenios de Artsaj en el mismo momento histórico en que miles de familias escapaban sin nada, dejando hogar, tierra e historia bajo la amenaza de Turquía y Azerbaiyán.

Nada de eso fue mencionado en el coloquio “El rol de la República de Turquía en el nuevo orden mundial y su proyección en Sudamérica”. No se nombró el genocidio. No se nombró la guerra. No se nombró la limpieza étnica. No se nombró la responsabilidad de Erdogan. No se nombró Artsaj. No se nombró a los muertos ni a los desplazados. Se borró deliberadamente toda referencia a estos temas.

En la apertura, Juan Bautista González Saborido director de Organismos Internacionales del Senado, habló de Turquía como un “estado civilizacional”, fuente de riqueza cultural e histórica. Pero no mencionó ni el genocidio de armenios, griegos pónticos y asirios entre 1915 y 1923, ni la represión sistemática al pueblo kurdo, ni la ocupación militar del norte de Siria, ni el rol directo en la guerra del Cáucaso y en la expulsión de toda la población armenia de Artsaj en septiembre de 2023. Fue una decisión política no hacerlo.

Cuando el profesor Mauro Labombarda, docente de Geopolítica de la Universidad del Salvador, aseguró que “desde 1923 Turquía no tiene guerras” y que se mantiene como “isla de estabilidad”, repitió, a sabiendas, la versión oficial de Ankara. Negó hechos ampliamente documentados, públicos y verificables. Y sobre esa negación se extendió una construcción cuidadosamente diseñada para presentar a Turquía como un “actor de paz” exige borrar una larga lista de agresiones militares y violaciones al derecho internacional.

Desde 1974, Turquía ocupa militarmente el norte de Chipre, desconociendo resoluciones de Naciones Unidas y manteniendo fuerzas armadas sobre territorio ajeno hace medio siglo. En el Mediterráneo oriental, amenaza de manera recurrente a Grecia por la soberanía de las islas del Egeo, “podemos llegar una noche sin aviso”, declaró Erdogan. El propio presidente turco reiteró públicamente que “para Grecia solo tenemos una frase: No olvides Esmirna”, invocando un episodio de 1922 en el que miles de griegos y armenios fueron asesinados o expulsados. Además, intervno militarmente en Libia, enviando tropas y mercenarios para modificar el equilibrio regional y firmó un acuerdo marítimo ilegal que pretendió redibujar fronteras ignorando los derechos soberanos de Grecia y Chipre. Ninguno de estos hechos fue mencionado en el Senado. La realidad y la verdad fue sacrificada para sostener el relato.

A eso se sumó el papel de la Universidad del Salvador, que aportó el blindaje académico necesario para disfrazar propaganda estatal de debate universitario. Mauro Labombarda, que aseguró hablar “en nombre de la Universidad del Salvador”, legitimó afirmaciones falsas y negacionistas. Una universidad que se presenta como formadora en derechos humanos y geopolítica no puede prestar su nombre para encubrir la negación de crímenes de lesa humanidad ni para justificar limpiezas étnicas contemporáneas. Al hacerlo renuncia a su función crítica-analítica y degrada lo que significa la palabra universidad.

El evento finalizó con un gesto que no puede relativizarse: Victoria Villarruel entregó un diploma de honor al embajador de Turquía, representante del Estado que niega el Genocidio Armenio y acompañó militarmente la expulsión masiva de toda la población armenia de Artsaj en 2023. Aunque se lo quiera presentar como un acto de cortesía diplomática eso fue un alineamiento político con un régimen negacionista.

El Honorable Senado de la Nación, la casa que reconoció por ley el Genocidio Armenio, no debe convertirse en escenario de propaganda extranjera al servicio de un régimen acusado de crímenes contra la humanidad.

Pablo Kendikian
Director de Diario ARMENIA