Human Rights Watch advirtió por la situación de los derechos humanos en Armenia y denunció que Azerbaiyán no garantiza el derecho al retorno de la población de Artsaj
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que la situación de los derechos humanos en Armenia continuó siendo inestable a lo largo de 2025, pese a las promesas de reforma y al discurso oficial orientado a la integración europea. Así lo señala el informe anual de la organización, que identifica problemas persistentes vinculados a la vigilancia estatal, la libertad de prensa, la discriminación y la protección de grupos vulnerables.
Según HRW, en Armenia persisten “problemas estructurales” como la vigilancia excesiva por parte del Estado, restricciones al ejercicio del periodismo independiente, un aumento de la violencia doméstica, discriminación contra personas con discapacidad y violencia y exclusión basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
Organizaciones de la sociedad civil citadas por HRW denunciaron además la ineficacia de las investigaciones sobre abusos policiales, la falta de independencia judicial y el uso excesivo de la prisión preventiva. También se mencionan deficiencias en la protección de la privacidad, a raíz de la ampliación de las facultades de vigilancia policial y de mecanismos débiles de protección de datos personales.
El informe dedica un apartado a la situación de más de 100.000 armenios desplazados de Artsaj (Nagorno Karabaj) tras el ataque azerbaiyano de septiembre de 2023. HRW señala que el gobierno armenio tuvo dificultades para garantizar una protección social adecuada. A medida que se retiraron los subsidios generales de vivienda, las autoridades optaron por un sistema de asistencia focalizada —dirigida a niños, personas mayores, algunos grupos con discapacidad, estudiantes y familias que perdieron a su principal sostén económico—, lo que dejó a muchas personas desplazadas con serias dificultades para afrontar el alquiler y cubrir necesidades básicas.
En marzo de 2025, el Parlamento armenio aprobó una ley que dio inicio formal al proceso de adhesión a la Unión Europea, reafirmando el compromiso del país de adoptar marcos jurídicos y reformas compatibles con los estándares europeos. Sin embargo, HRW advierte que estos avances legislativos no se tradujeron aún en mejoras sustanciales sobre el terreno en materia de derechos humanos.
El informe también analiza el impacto de la Declaración de Washington, firmada en agosto de 2025 por Armenia y Azerbaiyán con mediación de Estados Unidos. El acuerdo estableció un marco político para la normalización de relaciones y la cooperación regional, otorgando a Estados Unidos derechos exclusivos para desarrollar un corredor comercial de 42 kilómetros a través de Armenia que conectaría Azerbaiyán con Najicheván. Según HRW, la declaración generó controversia interna en Armenia, en particular por la persistente detención de 23 armenios en Azerbaiyán y la suspensión de las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que impidió el contacto independiente de las familias con los detenidos.
En un informe separado sobre Azerbaiyán, HRW sostuvo que la situación de los derechos humanos en ese país continuó deteriorándose en 2025. La organización afirmó: "Azerbaiyán no adoptó medidas significativas para garantizar el derecho a regresar en condiciones de seguridad y dignidad a los armenios étnicos que huyeron de Nagorno Karabaj en septiembre de 2023, ni para restablecer sus derechos de propiedad".
HRW denunció además una intensificación de la represión contra periodistas independientes, opositores políticos y miembros de la sociedad civil en Azerbaiyán, incluyendo procesos penales contra periodistas y blogueros residentes en el extranjero, juicios en ausencia y restricciones severas a la actividad de organizaciones internacionales y medios de comunicación.
Human Rights Watch instó a las autoridades armenias a implementar reformas genuinas para proteger los derechos humanos, garantizar la independencia judicial, salvaguardar las libertades civiles y asegurar una protección efectiva para los grupos vulnerables, al tiempo que reclamó a Azerbaiyán el cese de la represión y el respeto de los derechos de la población armenia desplazada de Artsaj.