La comunidad armenia de Argentina rechazó los ataques de Nikol Pashinyan contra la Iglesia Apostólica Armenia y denunció “un progresivo giro hacia prácticas de carácter autoritario”
Las Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) expresaron el 14 de febrero en Buenos Aires su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” ante la decisión del Gobierno de la República de Armenia de prohibir la salida del país a Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Catholicos de todos los armenios, a quien se le impidió participar en un cónclave episcopal en Viena, Austria.
En un comunicado oficial, IARA sostuvo que la medida “no constituye un episodio aislado”, sino que se inscribe “en un proceso más amplio y sostenido en el tiempo, caracterizado por un preocupante deterioro institucional y un progresivo giro hacia prácticas de carácter autoritario”.
La entidad señaló que en los últimos años se han observado “ataques sistemáticos contra sectores de la oposición política, incluyendo procesos judiciales y detenciones que generan fundadas dudas respecto de su motivación política”, así como “un clima de hostigamiento hacia voces críticas dentro de la sociedad civil, que debilita el pluralismo y restringe el debate democrático”.
El comunicado también denunció “intentos reiterados de desacreditar a la Diáspora armenia, insinuando falsamente que su compromiso con la memoria, la seguridad y la dignidad nacional constituye un obstáculo para la paz”, lo que, según IARA, promueve “una fractura artificial entre Armenia y su comunidad global”.
En relación con la Iglesia Apostólica Armenia, la organización consideró “particularmente grave” la “creciente intromisión del poder político en los asuntos internos de la Santa Iglesia Apostólica Armenia, mediante procedimientos arbitrarios y campañas de estigmatización de su liderazgo espiritual”.
IARA afirmó que la prohibición impuesta a Karekin II “representa un precedente alarmante” y que impedir su participación en una instancia eclesiástica internacional constituye “una vulneración directa de la libertad de movimiento y una señal inequívoca de interferencia estatal en la vida interna de la Iglesia Nacional”.
En el tramo final del documento, la institución rechazó “toda acción destinada a silenciar o neutralizar a la oposición política mediante mecanismos de presión institucional o judicial”, así como “la persecución o intimidación de referentes religiosos, sociales o políticos por el ejercicio legítimo de sus funciones”.
Asimismo, realizó un llamado a las autoridades de la República de Armenia a “respetar plenamente la autonomía, organización y gobierno interno de la Santa Iglesia Apostólica Armenia”, “garantizar los derechos inviolables de todas las personas, organizaciones civiles y partidos políticos” y “reconstruir una relación de respeto y cooperación con la diáspora armenia”.
El comunicado concluye que “la fortaleza de Armenia no puede edificarse sobre la confrontación interna, la restricción de libertades ni la estigmatización de quienes piensan distinto” y reafirma la necesidad de preservar la separación y el respeto mutuo entre Iglesia y Estado.