Presentan en Armenia un proyecto para tipificar como delito el negacionismo del Genocidio Armenio
En la sesión de la Comisión Permanente de Estado y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, el secretario de la Alianza Armenia, Artsvik Minasyan, presentó el 3 de septiembre un proyecto de enmienda al Código Penal que endurece las sanciones contra la negación y el menosprecio del Genocidio Armenio y de otros genocidios reconocidos internacionalmente.
Minasyan explicó que la normativa actual solo prevé castigo cuando la negación del genocidio se realiza con el objetivo de incitar al odio o la violencia por motivos raciales o étnicos. “Existen numerosos casos en los que, al negar el genocidio, las personas intentan indirectamente desfavorecer ese acto criminal o presentar a la víctima como culpable en lugar del criminal. Lamentablemente, la normativa vigente no garantiza la responsabilidad de estas personas”, señaló.
El legislador recordó que la Declaración de Independencia de Armenia consagra el compromiso de apoyar el reconocimiento internacional del Genocidio Armenio, y afirmó que las enmiendas propuestas se derivan del interés de proteger la identidad nacional y la condición de Estado.
El proyecto establece que la negación, atenuación, aprobación o justificación del Genocidio Armenio o de delitos similares será castigada con multa, servicio comunitario o prisión de hasta cuatro años. En los casos en que el acto se cometa con la intención de incitar al odio, la discriminación o la violencia por motivos de afiliación racial, nacional o religiosa, la pena ascenderá a entre cuatro y ocho años de prisión.
Si la negación o justificación se difunde a través de los medios de comunicación, las tecnologías de la información o mediante el uso de cargos oficiales, la sanción será más severa, con penas de entre diez y quince años de prisión y la privación del derecho a ocupar determinados cargos durante un período de hasta cinco años.
Además, si se cometen a través de los medios de comunicación, las tecnologías de la información o el abuso de autoridad oficial, se aplicarán penas más severas: de 10 a 15 años de prisión, junto con la inhabilitación para ejercer ciertos cargos por hasta 5 años.