Se presentó un proyecto de ley para capacitar funcionarios sobre genocidios, negacionismo y discursos de odio en la Legislatura porteña
El miércoles 10 de septiembre se presentó en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en genocidios, negacionismo y discursos de odio para todas las personas que se desempeñen en la función pública de la Ciudad. La iniciativa fue impulsada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica junto con la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), la Federación Argentina LGBT+ y el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, y fue presentada por el legislador Alejandro Grillo con el acompañamiento de su par Andrés La Blunda.
El diputado Alejandro Grillo explicó que el proyecto “busca que el respeto, la tolerancia y la sensibilidad sean un imperativo ético de los funcionarios públicos”. Agregó que la propuesta surgió en un contexto “crítico, no sólo en la Argentina, sino también en el mundo, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires”. Según Grillo, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil fue fundamental: “Nos pareció muy importante poder plantear esta iniciativa desde un punto de vista participativo, junto a instituciones con historia y trayectoria en estos temas”.
María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+ y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, destacó la articulación de comunidades diversas para enfrentar un problema común: “El Estado no sólo debe garantizar derechos, sino también formar a las personas que lo representan para que no reproduzcan prácticas y mensajes que ponen en riesgo la convivencia democrática”. También recordó que “la memoria nos muestra que los discursos nunca son inocentes. El negacionismo del genocidio armenio, el del Holocausto, el racismo estructural o la discriminación contra las personas LGBT+ comparten un mismo peligro: cuando se relativiza la violencia, se habilita su repetición”.
El director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum, valoró que la ley apunte específicamente a los agentes estatales: “Los funcionarios tienen responsabilidades mucho mayores que los civiles: sobre la vida, la propiedad, la burocracia y la legislación. No alcanza con la formación académica o el título universitario. El conocimiento también puede usarse para discriminar o destruir vidas. Por eso es crucial que quienes ejercen funciones públicas estén capacitados en estas temáticas”.
El subsecretario de la Suprema Corte bonaerense y director ejecutivo del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, Pablo Perel, subrayó que la iniciativa recibió un inmediato apoyo regional: “En pocas horas, diecisiete universidades públicas de Nuestra América adhirieron al proyecto. Es indispensable que se extienda más allá de la Ciudad y que la perspectiva de derechos humanos sea un compromiso de todos los poderes del Estado. No se trata de una voluntad, es una obligación legal derivada del derecho internacional”.
Federico Pita, fundador y presidente de DIAFAR, denunció la persistencia del racismo estructural en la Argentina: “Estamos condenados a repetir tragedias si no jerarquizamos las muertes y si seguimos tolerando un artículo constitucional racista que fomenta la inmigración europea. El insulto por antonomasia en nuestro país sigue siendo ‘negro de mierda’, que no habla de color de piel sino de deshumanización. Celebramos este proyecto porque plantea consensos básicos: inhabilitar el odio”.
El director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, Aram Mouratian, cerró el acto recordando la vigencia del problema: “Los discursos de odio preceden al genocidio y al negacionismo. Lo vimos en el Genocidio Armenio, en la Shoah, en el terrorismo de Estado en nuestro país y más recientemente en Artsaj, frente al silencio del mundo y en absoluta soledad".
"El señalamiento de colectivos como enemigos deshumaniza y crea las condiciones para su exterminio. Este proyecto busca poner reglas claras para construir un futuro común en el que las diferencias se diriman con mecanismos democráticos y no con violencia”, marcó Mouratian.
"El conflicto existe, va a existir y lo que tenemos que empezar a construir es el marco y las normas que nos van a permitir pensar un proyecto a futuro que nos incluya a todos y que además nos permita dirimir esas diferencias", propuso.
"Cuando empezamos a pensar este proyecto hubo brotes de antisemitismo en redes sociales; hubo un crimen en Barracas con cuatro mujeres que habían sido prendidas a fuego al grito de 'lesbianas de mierda se van a morir'; la comunidad armenia venía reclamando por un genocidio en pleno siglo XXI; y la violencia institucional sobre la gente negra y pobre es permanente acá y en prácticamente cualquier rincón del país. Una de las virtudes que tiene el proyecto es poner esto sobre la mesa con la idea de incluir a todos en esa discusión, independientemente de a qué partido o dónde se posicionaran ideológicamente. Nos permite compartir el diagnóstico, entender que acá hay un problema y que no se puede pensar ni proyectar la soberanía y un proyecto común de todos si no tenemos algunas reglas y límites claros a lo que se puede, a lo que se debe y a la idea de que el otro existe con virtudes, defectos, diferencias y que tiene que haber mecanismos para poder resolver esas diferencias", cerró Mouratian.
El legislador Andrés La Blunda también respaldó la iniciativa: “Los discursos de odio dividen y fragmentan a la sociedad. Este proyecto busca lo contrario: consenso, memoria y respeto”.
En diálogo con Diario Armenia, Alejandro Grillo insistió en que la propuesta constituye “un imperativo ético para los militantes de la democracia”. Añadió que “la comunidad armenia fue central desde el inicio, con quienes pensamos juntos la confección de la norma y este primer evento. Ahora será cuestión de llevar la discusión a las comisiones legislativas y también a las comunas, para construir consensos en toda la Ciudad”.
