Se presentó una denuncia en Suiza contra SOCAR por financiar la limpieza étnica de la población armenia de Artsaj ejecutada por Azerbaiyán

El Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), junto con la Asociación Suiza-Armenia, presentó una denuncia formal el 18 de marzo en Ginebra contra SOCAR Trading SA, acusando a la empresa de contribuir financieramente a la campaña de Azerbaiyán que derivó en el desplazamiento forzado de la población armenia de la región. Del evento participó Mario Nalpatian, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de la República de Artsaj.

El caso fue presentado durante una conferencia de prensa en el Club de Prensa de Ginebra, celebrada paralelamente al 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y organizada por Christian Solidarity International (CSI), la Asociación Suiza-Armenia, el Frente de Defensa Legal Armenio y el Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Nagorno Karabaj. Entre los oradores estuvieron Joel Veldkamp, Sarkis Shahinian y Karnig Kerkonian, quienes pusieron el foco en la urgencia de exigir responsabilidades, el rol de Suiza como posible facilitador de una salida pacífica y la necesidad de garantizar el derecho al retorno de la población armenia desplazada.

Durante su intervención, Joel Veldkamp, director de incidencia política de CSI, recordó que “hoy se cumple un año de la aprobación por parte del Consejo de los Estados de Suiza de la moción 24.4259”, que encomendó al Consejo Federal la organización de un foro de paz para Nagorno Karabaj. Definió esa iniciativa como “singularmente suiza” y sostuvo que responde a “una de las mayores atrocidades olvidadas de esta década”.

Veldkamp repasó el proceso que derivó en el vaciamiento total de Artsaj. “En diciembre de 2022, Azerbaiyán impuso un bloqueo a Nagorno Karabaj. Durante los siguientes nueve meses, Azerbaiyán orquestó deliberadamente una crisis humanitaria en la región”, afirmó. Y agregó: “El 19 de septiembre de 2023, cuando el hambre y la desesperación alcanzaron su punto álgido, Azerbaiyán lanzó una operación militar para conquistar el territorio y expulsar a su histórica población armenia”. A su juicio, se trató de “una de las campañas de limpieza étnica más completas y eficaces de la historia moderna”.

El dirigente de CSI recordó además que la Corte Internacional de Justicia dictaminó el 17 de noviembre de 2023 que Azerbaiyán debía garantizar el retorno seguro de quienes huyeron después del 19 de septiembre, aunque “prácticamente ningún gobierno ha actuado conforme a este principio”. En ese marco, defendió la propuesta suiza porque “no implica guerra, acción militar ni sanciones económicas”, sino que propone “un foro donde ambas partes puedan reunirse en igualdad de condiciones”.

La denuncia fue presentada ante el Punto Nacional de Contacto de Suiza (SECO) en el marco de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Bajo este mecanismo, las autoridades suizas deberán analizar el caso y determinar si corresponde avanzar con medidas o recomendaciones hacia la compañía.

SOCAR Trading, con sede en Suiza, es la filial comercial de la Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán y constituye una de las principales fuentes de ingresos del Estado azerbaiyano. Según los denunciantes, sus actividades financieras habrían contribuido indirectamente a sostener las acciones estatales que culminaron en la expulsión total de la población armenia de Artsaj en septiembre de 2023.

Sarkis Shahinian, presidente honorario de la Asociación Suiza-Armenia, subrayó que la denuncia no apunta a una condena penal, sino a exigir responsabilidades conforme a estándares internacionales. “Queremos pedir a una sociedad que se comporte como alguien que debe respetar los derechos humanos. Y es exactamente lo que no ha hecho”, afirmó. También remarcó que el objetivo no es solo interpelar a SOCAR Trading, sino también exigir a Suiza que asuma sus propias obligaciones: “La pelota está verdaderamente en el campo de Suiza”.

Según explicó Shahinian, la denuncia sostiene que “SOCAR Trading SA es una filial que pertenece 100% a SOCAR y constituye su brazo financiero”, por lo que resulta central para comprender el vínculo entre la actividad económica de la empresa y el financiamiento estatal. En esa línea, afirmó que la compañía “contribuye de manera significativa al financiamiento de violaciones flagrantes de los derechos humanos” y advirtió que su comportamiento sería contrario a las obligaciones de diligencia debida impuestas por las directrices de la OCDE.

Por su parte, Karnig Kerkonian, abogado del Frente de Defensa Legal Armenio y miembro del Comité, explicó los aspectos jurídicos de la denuncia y afirmó que el caso plantea una pregunta directa: “si una empresa que opera desde Ginebra puede seguir financiando y apoyando a un aparato estatal involucrado en una conducta que resulta en el desplazamiento de toda una población, y hacerlo sin realizar una debida diligencia significativa en materia de derechos humanos ni utilizar su influencia para prevenir el daño”.

Kerkonian remarcó que no se trata de un vínculo lejano ni abstracto. “No se trata de una cadena de suministro distante”, dijo. “Estamos hablando de un brazo financiero de Azerbaiyán que opera aquí en Ginebra y que tiene una relación directa con un actor estatal que comete violaciones de los derechos humanos”. También insistió en que las advertencias existían desde hace tiempo: “No se trata de falta de conocimiento. Existían numerosas órdenes de la Corte Internacional de Justicia, abundante información internacional y riesgos públicos y documentados por destacadas organizaciones de derechos humanos”.

El documento sostiene que, en ese contexto, la empresa tenía la obligación de aplicar mecanismos estrictos de debida diligencia en materia de derechos humanos y de evaluar los riesgos asociados a sus operaciones. Al no hacerlo, habría incumplido estándares internacionales de conducta empresarial responsable. En palabras de Kerkonian, “las empresas que financian al Estado responsable no pueden ignorar sus obligaciones en virtud de las normas internacionales”.

En paralelo a la presentación, los denunciantes recordaron que el Parlamento suizo aprobó el año pasado una moción para impulsar un foro de paz entre Azerbaiyán y representantes del pueblo de Artsaj, aunque hasta el momento no se avanzó en su implementación. Para Shahinian, “Suiza debe comprometerse activamente con la defensa de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación”, mientras que Veldkamp remarcó que una iniciativa diplomática basada en el derecho internacional “servirá de modelo para toda la región y contribuirá a impulsar la paz”.

Durante la conferencia también se abordó la situación de los armenios secuestrados y detenidos en Bakú. Shahinian fue tajante al afirmar que “son rehenes armenios que giran en este momento en las cárceles de Bakú”, y planteó que Suiza, como depositaria del derecho humanitario, debe ejercer presión para lograr su liberación. Veldkamp agregó que “mientras estos rehenes permanezcan en Bakú, estas negociaciones de paz no son realmente negociaciones de paz. Se están llevando a cabo bajo coacción”.

Kerkonian, a su vez, insistió en que la rendición de cuentas debe abarcar tanto a los responsables estatales como a las estructuras económicas que hacen posible la impunidad. “La paz no termina con los rehenes, aunque este sea un asunto muy importante. La rendición de cuentas es fundamental”, sostuvo. Y concluyó que la Iniciativa Suiza de Paz ya ofrece una plataforma para avanzar: “Tenemos la oportunidad, tenemos marcos procesales, tenemos una base de entendimiento respecto a cuáles deberían ser las reglas. El problema es que la intención que emana de Bakú es completamente diferente”.

En simultáneo, Karnig Kerkonian participó en el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde denunciaron la detención de armenios en Azerbaiyán, el incumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia que exige garantizar su retorno seguro y la destrucción del patrimonio cultural y religioso armenio en la región.