La larga lista de opositores encarcelados bajo el gobierno de Nikol Pashinyan: persecución política, justicia selectiva, deterioro democrático y consolidación de un régimen autoritario
La detención del expresidente y líder opositor Robert Kocharyan el 25 de agosto volvió a colocar en el centro de la política armenia el uso de causas penales contra adversarios del primer ministro Nikol Pashinyan. En ocho años de su gobierno, dirigentes opositores, candidatos electorales, alcaldes, empresarios, referentes civiles y miembros de la Iglesia Apostólica Armenia fueron detenidos, encarcelados o sometidos a procesos judiciales en momentos decisivos de su actividad política.
El patrón de persecución penal contra opositores y figuras emergentes funciona como un efecto disuasorio para quienes levanten voces críticas contra el régimen de Pashinyan, consolidando su régimen autoritario y deteriorando la democracia armenia.
El caso Kocharyan fue el último de una secuencia que se intensificó antes y después de las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2026. El expresidente, líder del bloque opositor Armenia, fue detenido por cargos de abuso de autoridad, soborno y lavado de dinero vinculados con hechos ocurridos durante su presidencia, entre 1998 y 2008. Su hijo Sedrak Kocharyan también fue arrestado y otras personas quedaron involucradas en el expediente.
El momento elegido para avanzar contra Kocharyan volvió a generar cuestionamientos: el dirigente encabezó una de las principales fuerzas opositoras en las elecciones de junio y la Fiscalía avanzó contra él después de que Pashinyan consiguió conservar el gobierno.
No fue la primera vez. Kocharyan ya había pasado por prisión preventiva y un prolongado proceso penal iniciado después de que Pashinyan llegó al poder en 2018 por los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales de 2008. Esa causa terminó sin condena bajo la figura penal utilizada originalmente y atravesó sucesivas decisiones judiciales. Freedom House incluyó los procesos contra el expresidente entre los casos de alto perfil que se extendieron durante años sin condenas firmes.
Samvel Karapetyan: detenido inmediatamente después de desafiar a Pashinyan
Uno de los casos más representativos del último período fue el del empresario Samvel Karapetyan. El propietario del grupo Tashir fue detenido el 18 de junio de 2025, horas después de intervenir públicamente en defensa de la Iglesia Apostólica Armenia en medio del enfrentamiento iniciado por Pashinyan contra el Catholicos de Todos los Armenios Karekin II.
Karapetyan fue acusado inicialmente de realizar llamados públicos para tomar el poder y derrocar el orden constitucional. Permaneció durante más de seis meses privado de su libertad y en enero de 2026 pasó a arresto domiciliario. Mientras continuaba sometido a restricciones judiciales, lanzó Armenia Fuerte y se convirtió en uno de los principales rivales electorales de Pashinyan. El arresto domiciliario continuó después de los comicios.
La secuencia resultó políticamente determinante: Karapetyan pasó de respaldar públicamente a la Iglesia a ser detenido y, posteriormente, a encabezar desde el arresto domiciliario una fuerza que disputó las elecciones parlamentarias.
Bagrat Galstanyan: casi un año detenido después de encabezar protestas
El arzobispo Bagrat Galstanyan encabezó en 2024 el movimiento de protesta contra Pashinyan surgido después de la decisión del gobierno armenio de entregar a Azerbaiyán territorios fronterizos de la provincia de Tavush.
Galstanyan se convirtió rápidamente en una figura política nacional y el movimiento reclamó la renuncia del primer ministro. El 25 de junio de 2025 fue detenido junto con numerosos colaboradores bajo la acusación de preparar acciones terroristas y una toma del poder.
Permaneció 344 días en prisión preventiva. Recién el 4 de junio de 2026, tres días antes de las elecciones parlamentarias, el Tribunal Penal de Apelaciones reemplazó la detención por arresto domiciliario. El proceso penal continuó abierto.
La utilización prolongada de la prisión preventiva permitió mantener fuera de la actividad política plena durante casi un año a quien había encabezado la movilización opositora más importante contra Pashinyan desde la crisis de 2020.
Mikayel Ajapahyan: prisión, condena y posterior anulación del fallo
El arzobispo Mikayel Ajapahyan, primado de la Diócesis de Shirak y otro fuerte crítico del gobierno, fue detenido el 28 de junio de 2025 por declaraciones públicas vinculadas con un cambio de poder.
En septiembre de ese año fue declarado culpable y posteriormente condenado a dos años de prisión. Sin embargo, el 25 de junio de 2026 el Tribunal Penal de Apelaciones anuló el veredicto y ordenó realizar un nuevo juicio. Para entonces, Ajapahyan ya había pasado meses detenido y luego bajo arresto domiciliario.
El caso mostró uno de los principales efectos de este tipo de procesos: aun cuando una sentencia posteriormente resulta anulada, la detención y las restricciones políticas ya tuvieron lugar.
La ofensiva contra la Iglesia Apostólica Armenia
La persecución penal se extendió durante 2025 y 2026 a otros miembros de la Iglesia Apostólica Armenia, institución que quedó enfrentada públicamente con Pashinyan.
El obispo Mkrtich Proshyan, jefe de la Diócesis de Aragatsotn, fue detenido el 15 de octubre de 2025 junto con sacerdotes y trabajadores de la diócesis. Fue acusado, entre otros cargos, de intervenir sobre la participación de ciudadanos en reuniones políticas y elecciones. Permaneció preso hasta febrero de 2026, cuando un tribunal sustituyó la detención por arresto domiciliario.
El arzobispo Arshak Khachatryan, canciller de la Santa Sede de Echmiadzín, fue detenido el 4 de diciembre de 2025 y enviado a prisión preventiva al día siguiente. La causa se vinculó con una acusación por supuestamente introducir drogas, mediante otra persona, entre las pertenencias de un manifestante en 2018.
La ofensiva llegó finalmente hasta el propio Catholicos de Todos los Armenios Karekin II. En agosto de 2026 comenzó un proceso judicial contra él y otros seis religiosos por un conflicto derivado de una orden judicial vinculada con el exobispo Gevorg Saroyan. La primera audiencia terminó prácticamente apenas comenzó porque el juez Hakob Manukyan se recusó.
Gagik Tsarukyan: de 2020 a un nuevo arresto en 2026
El dirigente de Armenia Próspera, Gagik Tsarukyan, enfrentó causas penales desde los primeros años del gobierno de Pashinyan.
En junio de 2020, pocos días después de reclamar la renuncia del gobierno, el Servicio de Seguridad Nacional allanó su vivienda y anunció tres investigaciones penales. En septiembre de ese año, un tribunal ordenó su arresto por dos meses.
El dirigente volvió a quedar detenido en noviembre de 2020, cuando integraba el grupo de fuerzas políticas que exigían la salida de Pashinyan después de la derrota armenia en la guerra de los 44 días.
Seis años después, el patrón se repitió. El 7 de julio de 2026, después de las elecciones parlamentarias, Tsarukyan volvió a quedar detenido por dos meses en el marco de una nueva causa penal. Su abogado calificó el expediente como un proceso político.
Los alcaldes opositores que ganaron elecciones y terminaron presos
El uso de la justicia contra dirigentes que derrotaron electoralmente al partido gobernante tuvo antecedentes especialmente notorios en las elecciones municipales.
Arush Arushanyan, alcalde de Goris y dirigente vinculado al bloque Armenia de Kocharyan, fue encarcelado en julio de 2021 después de las elecciones parlamentarias. Otros alcaldes y funcionarios municipales opositores de Syunik también quedaron detenidos.
Arushanyan permaneció preso durante las elecciones municipales de octubre de 2021. Aun detenido, su fuerza derrotó ampliamente a Contrato Civil y consiguió alrededor del 62% de los votos en Goris. Al día siguiente de la elección, decenas de dirigentes y simpatizantes de su espacio fueron llevados por la Policía para ser interrogados.
Mamikon Aslanyan protagonizó un caso todavía más significativo en Vanadzor. Su bloque obtuvo el primer lugar en las elecciones municipales del 5 de diciembre de 2021 con cerca del 39% de los votos, frente al 25% de Contrato Civil. Diez días después, y antes de que el nuevo concejo pudiera elegir al intendente, Aslanyan fue detenido.
Permaneció alrededor de dos años y medio privado de su libertad. Durante el conflicto, el entonces defensor de Derechos Humanos de Armenia, Arman Tatoyan, denunció presiones sobre las fuerzas opositoras que habían ganado las elecciones locales y sostuvo que esas prácticas eran incompatibles con las normas democráticas.
Seis candidatos detenidos un día antes de las elecciones de 2026
La utilización de causas penales alcanzó su punto más sensible durante la campaña parlamentaria de 2026.
El 6 de junio, apenas un día antes de que los armenios acudieran a las urnas, las autoridades arrestaron a seis candidatos de Armenia Fuerte. Reuters informó entonces que las detenciones ocurrieron en la víspera inmediata de la votación.
Después de las elecciones siguieron los arrestos. Ruslan Barsegyan y Ashot Egiazaryan, candidatos de Armenia Fuerte, fueron enviados a prisión preventiva por dos meses; Asatur Kocharyan, del bloque Armenia, quedó bajo arresto domiciliario. También fueron detenidos el exdiputado Ruben Akopyan y el dirigente opositor David Kazinyan.
Avetik Chalabyan, coordinador de la iniciativa HayaQve y dirigente crítico del gobierno, fue detenido en junio de 2026. Andranik Tevanyan, candidato opositor, quedó acusado de alta traición y espionaje pocas semanas antes de las elecciones.
La OSCE registró el efecto de las causas penales sobre la campaña
El efecto político de la persecución judicial no quedó limitado a las denuncias de los propios opositores.
La misión internacional de observación de las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2026 de la OSCE/ODIHR señaló que la campaña estuvo atravesada por numerosas causas penales contra candidatos y activistas opositores. Según el organismo, esa situación llevó a que numerosos simpatizantes de la oposición evitaran involucrarse activamente en la campaña y generó preocupaciones sobre la igualdad de oportunidades electorales.
Es precisamente ese efecto el que trasciende cada expediente individual. La detención de un dirigente no afecta solamente al acusado: condiciona a candidatos, militantes, empresarios, funcionarios locales, religiosos y ciudadanos que evalúan las consecuencias personales de enfrentarse políticamente al poder.
Una Justicia bajo cuestionamiento
Freedom House mantuvo en 2026 a Armenia dentro de la categoría “Partly Free” (parcialmente libre) con 54 puntos sobre 100. En el apartado dedicado al Estado de derecho, el país recibió apenas un punto sobre cuatro tanto en independencia judicial como en garantías de debido proceso.
En su informe de 2025, la organización señaló que los tribunales armenios enfrentaban una influencia política sistémica, que los jueces sufrían presiones y que las autoridades aplicaban la legislación selectivamente. También advirtió sobre el uso prolongado de la prisión preventiva.
El problema, por lo tanto, no reside únicamente en determinar cómo terminará cada expediente varios años después. En una democracia, la competencia política requiere que quienes intentan reemplazar al gobierno puedan presentarse, organizar movimientos, recaudar fondos, hacer campaña y expresarse sin que la posibilidad de una detención o una causa penal funcione como un mecanismo de disciplinamiento.
Desde los procesos contra Kocharyan y Tsarukyan hasta los encarcelamientos de alcaldes que derrotaron a Contrato Civil, la prisión de Galstanyan cuando encabezaba una movilización nacional, la detención de Karapetyan inmediatamente después de desafiar al gobierno, las causas contra la jerarquía de la Iglesia Apostólica Armenia y los arrestos de candidatos en vísperas de las elecciones de 2026, la acumulación de casos mostró una constante: los principales adversarios de Pashinyan enfrentaron al aparato penal justamente cuando adquirieron capacidad política para desafiar su poder.
La detención de Robert Kocharyan del 25 de agosto agregó un nuevo nombre a una lista que comenzó mucho antes de las últimas elecciones y que convirtió el funcionamiento de la Justicia, la prisión preventiva y los procesos penales contra opositores en uno de los principales problemas democráticos de la Armenia gobernada por Nikol Pashinyan.