El Parlamento Europeo condenó la represión en Azerbaiyán, exigió la liberación de los prisioneros armenios y pidió sanciones contra el régimen azerbaiyano
El Parlamento Europeo aprobó una resolución el 9 de octubre de 2026, con 492 votos a favor, 23 en contra y 60 abstenciones, en la que condenó la represión política y las violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán, exigió la liberación de los presos políticos y de los prisioneros y rehenes armenios detenidos en Bakú, y reclamó sanciones contra los funcionarios responsables, además de condicionar cualquier futuro acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Azerbaiyán a avances concretos en materia de derechos humanos, según informó el European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD).
La resolución RC10-0438 reiteró las exigencias formuladas anteriormente por la Eurocámara respecto de la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y reclamó medidas frente a las detenciones de dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos armenios encarcelados.
Entre sus principales puntos, el Parlamento Europeo exigió la liberación de todos los presos políticos y destacó específicamente la situación de los líderes de la oposición azerbaiyana, los activistas de derechos humanos y los prisioneros y rehenes armenios que permanecen detenidos en Azerbaiyán.
La resolución se produjo en un contexto marcado por las condenas impuestas en febrero de 2026 contra exdirigentes políticos y militares de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), arrestados después de la ofensiva militar azerbaiyana de septiembre de 2023 y el desplazamiento forzado de la población armenia de la región.
Los procesos judiciales contra los detenidos armenios recibieron cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos y especialistas jurídicos por las condiciones de detención y las restricciones a las garantías procesales.
El Parlamento Europeo también instó a la Unión Europea a utilizar el Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos para adoptar medidas selectivas contra funcionarios azerbaiyanos responsables de las violaciones denunciadas.
Este mecanismo permite aplicar restricciones específicas a personas y entidades vinculadas con violaciones graves de derechos humanos, mediante medidas como la inmovilización de activos y restricciones de viaje.
La resolución planteó además que cualquier futuro acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Azerbaiyán deberá quedar condicionado a avances verificables en materia de derechos humanos y a la liberación de los presos políticos.
De esta manera, los eurodiputados reclamaron que las relaciones institucionales entre Bruselas y Bakú incorporen condiciones concretas vinculadas con el respeto de los derechos fundamentales y la situación de las personas encarceladas.
La votación registró una mayoría de 492 legisladores a favor de la resolución, frente a 23 votos negativos y 60 abstenciones.
La resolución constituye un pronunciamiento político del Parlamento Europeo y no implica por sí misma la imposición automática de sanciones. La eventual adopción de medidas restrictivas contra funcionarios azerbaiyanos corresponde a las instituciones competentes de la Unión Europea.