Un informe del Consejo Nacional Armenio expuso los detalles sobre cómo Azerbaiyán condenó a Ruben Vardanyan sin pruebas
El Consejo Nacional Armenio Mundial (ANC–International) publicó el 27 de octubre en Ereván un informe especial sobre el juicio y la condena de Azerbaiyán a Ruben Vardanyan, exministro de Estado de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), para examinar las pruebas y las garantías del proceso. La organización denunció contradicciones en la sentencia, cuestionó la ausencia de elementos que vincularan al acusado con los principales delitos imputados y reclamó su liberación inmediata e incondicional junto con la de todos los rehenes armenios.
El documento, titulado “‘Justicia’ según Azerbaiyán: el procesamiento, el juicio y la condena de Ruben Vardanyan”, analizó la sentencia del Tribunal Militar de Bakú del 17 de febrero de 2026, que impuso al filántropo armenio una pena total de 20 años de prisión. La acusación comprendió 42 disposiciones del Código Penal azerbaiyano y hechos atribuidos al período 1988-2024, aunque Vardanyan ocupó un cargo público en Artsaj durante tres meses y medio, entre 2022 y 2023.
“La sentencia atribuye tres décadas de conflicto a un solo hombre”, afirmó el informe. “En lugar de actos individuales, la sentencia se basa en estadísticas del conflicto en su conjunto y en su ‘pertenencia’ a una ‘organización criminal’ que equipara con toda la administración armenia de Artsaj”.
El estudio resumió su objeción principal: “En los cargos centrales no se identifica ningún acto individual. En los casos de asesinato, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución, la sentencia no identifica ninguna víctima, orden, decisión o comunicación que vincule a Vardanyan con el crimen”.
“La sentencia cita más de 2.000 informes médico-forenses; ninguno lo menciona. De las 540 víctimas y los 77 familiares de víctimas escuchados en el tribunal, tres mencionan su nombre: dos mediante la fórmula ‘formaciones armadas financiadas por Ruben Vardanyan’ y uno sobre la base de lo que leyó en las redes sociales. Ninguno describe un acto suyo”, agregó.
Las fuentes y los límites del análisis
El Consejo elaboró el trabajo a partir de las traducciones al inglés de la acusación, de 1.969 páginas, y de la sentencia, de 1.864 páginas, publicadas en septiembre de 2026. También utilizó una serie de 15 análisis del abogado internacionalista Taron Simonyan, difundidos por Pastinfo en octubre, y los pronunciamientos de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El informe diferenció el contenido de los documentos judiciales, los argumentos de Simonyan y las comprobaciones que realizó la propia organización sobre las traducciones publicadas. Asimismo, aclaró: “ANC–International no tuvo acceso al expediente completo, a las pruebas incorporadas, a las grabaciones ni a los originales autenticados en azerbaiyano, y sus conclusiones están sujetas a corrección mediante su cotejo con esos materiales”.
“Una discrepancia en una traducción puede reflejar un error de redacción, un error de traducción o un defecto sustantivo”, advirtió el documento. Sobre los artículos de Simonyan, precisó: “Aquí se resumen, no se reproducen; los resúmenes pertenecen a ANC–International y no fueron revisados por Simonyan ni por Pastinfo”.
Tres meses y medio en el Gobierno de Artsaj
El reporte recordó la trayectoria de Vardanyan como empresario, filántropo y cofundador de la Iniciativa Humanitaria Aurora y de la escuela internacional UWC Dilijan. En septiembre de 2022 renunció a la ciudadanía rusa y se trasladó a Artsaj. “Se desempeñó como ministro de Estado del gobierno de facto de la región desde el 4 de noviembre de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023, con responsabilidad sobre los asuntos económicos y sociales, y después fue un particular”, señaló.
El documento situó su captura después del bloqueo del corredor de Lachín, iniciado el 12 de diciembre de 2022, y de la ofensiva militar que Azerbaiyán lanzó el 19 de septiembre de 2023. Sobre las consecuencias de ese ataque, consignó: “En pocos días, prácticamente toda la población armenia, más de 100.000 personas, fue expulsada por la fuerza”.
“Vardanyan fue detenido el 27 de septiembre de 2023 en el puesto de control azerbaiyano del corredor de Lachín, mientras partía hacia Armenia entre la población desplazada”, indicó. Fue uno de los 16 armenios detenidos después de la ofensiva: los otros 15 afrontaron un juicio conjunto, mientras que su causa se tramitó por separado. El informe registró su permanencia inicial en el centro de detención del Servicio de Seguridad del Estado y su traslado, en abril de 2026, al complejo penitenciario de Umbaki, cerca de Bakú.
Catorce años por un delito ausente de la acusación
Una de las irregularidades centrales identificadas por el Consejo fue la imposición de una pena bajo el artículo 214-2 del Código Penal azerbaiyano, referido a llamamientos públicos al terrorismo, pese a que esa disposición no figuró entre los cargos ni entre los delitos por los que el tribunal declaró culpable a Vardanyan.
“La lista formal de cargos de la acusación no incluye el artículo 214-2. Tampoco lo incluye la lista de delitos de la parte dispositiva de la sentencia por los que Vardanyan es declarado culpable. Sin embargo, la lista de penas que sigue impone catorce años de prisión en virtud del artículo 214-2”, explicó el documento. Añadió que ese artículo no apareció en ninguna de las 1.969 páginas de la acusación y figuró una sola vez en la sentencia: en la enumeración de las penas.
El informe sostuvo que el máximo legal previsto para ese delito era de cinco años. “La pena, por lo tanto, equivale a casi tres veces el máximo legal, por un delito del que Vardanyan nunca fue acusado y por el que nunca fue declarado culpable”, afirmó. Esa pena integró la sentencia que estableció un total de 20 años de prisión; no constituyó una condena adicional de 14 años sobre ese total.
El estudio también explicó las diferencias entre las cifras de cargos difundidas sobre el caso: la acusación incluyó 42 disposiciones; el tribunal descartó dos, declaró a Vardanyan culpable bajo las 40 restantes y luego impuso una pena bajo el artículo 214-2, ausente tanto de la acusación como de la declaración de culpabilidad.
Otra contradicción correspondió al uso de la reincidencia como agravante. “La sentencia deja constancia de que Vardanyan no tiene condenas anteriores. Luego enumera la reincidencia entre las circunstancias agravantes, citando el artículo 61.1.2 del Código Penal. El agravante contradice, por lo tanto, las propias conclusiones del tribunal”, señaló.
El Consejo registró, además, una declaración de culpabilidad por participación en una organización criminal sin una pena específica para ese delito. “También lo declara culpable en virtud del artículo 218.1 como dirigente de la organización, de modo que se lo castiga tanto como dirigente como miembro ordinario de la misma estructura”, observó. El documento también cuestionó la eliminación de dos cargos y la recalificación de otro “sin una explicación visible”.
Un tribunal militar, una defensa restringida y expedientes que no podía leer
El juicio comenzó el 17 de enero de 2025 ante el Tribunal Militar de Bakú. Vardanyan pidió que su caso se tramitara junto con el de los otros 15 acusados, pero el tribunal rechazó la solicitud. El proceso comprendió cerca de 60 audiencias, la última de ellas el 10 de febrero de 2026.
El reporte cuestionó que un tribunal militar juzgara a un civil y recogió la evaluación de la Comisión Internacional de Juristas: la asignación de esos casos resultó “incompatible con los criterios de competencia establecidos por la propia legislación procesal penal de Azerbaiyán”. También reprodujo la posición de Amnistía Internacional, que consideró el uso de un tribunal militar “incompatible con las garantías de un juicio justo”.
La Fiscalía General negó el ingreso a Azerbaiyán al abogado internacional de Vardanyan, Jared Genser. En octubre de 2025, el acusado prescindió de su abogado azerbaiyano después de denunciar que la defensa presentó más de 60 solicitudes y ninguna prosperó. Según la declaración recogida en el informe, “el papel de un abogado […] se reduce a mantener la apariencia de legalidad en el juicio”.
“El expediente comprendía 422 volúmenes, unas 105.000 páginas, casi íntegramente en azerbaiyano, un idioma que Vardanyan no habla. La defensa recibió acceso apenas 23 días antes de la segunda audiencia”, detalló el Consejo. El documento agregó que las autoridades retuvieron documentos clave bajo la clasificación de secretos de Estado, que la traducción rusa de la acusación contenía errores significativos y no estaba certificada, y que una resolución traducida remitía a legislación de Bielorrusia.
“Las solicitudes de la defensa fueron rechazadas sin explicación y, con frecuencia, omitidas del registro del juicio. La defensa no pudo convocar a sus propios testigos. Los propios testigos de la fiscalía declararon que desconocían las actividades de Vardanyan en Artsaj y que no tenían pruebas que lo vincularan con las fuerzas armadas armenias”, consignó el informe.
El acceso a las audiencias constituyó otro de los cuestionamientos. Aunque Azerbaiyán describió los procesos como públicos, el documento señaló que solamente la agencia estatal AZERTAC y la emisora AzTV ingresaron a la audiencia inicial. Después, la asistencia quedó restringida a una lista aprobada por el Gobierno. “Los periodistas independientes y extranjeros, los observadores internacionales y las familias de los acusados fueron excluidos. Los diplomáticos acreditados en Bakú solicitaron asistir y se les negó el acceso”, indicó. Ninguna de las cerca de 60 audiencias del caso quedó abierta a la observación internacional independiente.
Las denuncias de malos tratos y el aislamiento
El Consejo también recogió las denuncias sobre las condiciones de detención y la obtención de documentos utilizados en el proceso. “En vísperas del juicio, Vardanyan declaró que nunca prestó testimonio, que los documentos que llevaban su firma fueron falsificados y que él, su abogado y su intérprete recibieron presiones para firmarlos”, señaló.
El informe registró huelgas de hambre en 2024 y 2025 y denuncias presentadas ante mecanismos de Naciones Unidas. Sobre la primera protesta, indicó que, según los reportes citados, Vardanyan fue trasladado a una celda de castigo y sometido a iluminación permanente, obligado a permanecer de pie y privado de agua potable.
“En septiembre de 2026 informó que se le negaban estudios médicos incluso a su propio costo y que se le permitía hacer ejercicio al aire libre una vez por semana durante 20 a 40 minutos; la oficina de la Defensoría del Pueblo de Azerbaiyán rechazó esas afirmaciones”, consignó el documento. “Desde que Azerbaiyán cerró la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en septiembre de 2025, ninguna organización internacional tiene acceso regular a los rehenes”, agregó.
Los cargos por hechos anteriores a su llegada a Artsaj
El análisis cuestionó la atribución de acontecimientos ocurridos décadas antes de que Vardanyan se instalara en Artsaj. La acusación fijó el inicio de su supuesta pertenencia a una organización criminal a comienzos de diciembre de 2020, pero le imputó desplazamientos ocurridos entre 1988 y 1994, desapariciones forzadas entre 1989 y 2020 y muertes desde 1988.
En el cargo de planificación de una guerra de agresión, que recibió una pena de 11 años, el informe resumió: “No se identifica ningún Estado contra el que se dirigiría, ningún plan, fecha, autor ni destinatario”. Sobre las pruebas mencionadas por el tribunal, añadió: “Ninguno de los ‘nuevos ataques’ tuvo lugar, y el tribunal no sostiene lo contrario”.
Respecto de la condena a 20 años por llevar adelante una guerra de agresión, el documento afirmó: “Vardanyan nunca ocupó una función militar. La única base fáctica es una subvención humanitaria de la iniciativa Aurora del 9 de diciembre de 2020 y una visita a Artsaj de una persona galardonada con el Premio Aurora. Para entonces, la guerra había terminado mediante una declaración firmada por el propio presidente de Azerbaiyán, y Vardanyan vivía en Moscú”.
La acusación por deportación le atribuyó el desplazamiento de 442.841 azerbaiyanos de 924 localidades entre 1988 y 1994 y derivó en una pena de 14 años. “Vardanyan tenía entonces entre 20 y 26 años y vivía en Moscú. La carta del organismo estatal utilizada como fundamento da una cifra diferente —635.646—, sin explicación”, observó el reporte. También cuestionó la aplicación de una ley de 2006 a conductas anteriores al año 2000.
En el cargo por desaparición forzada, castigado con 20 años, el tribunal atribuyó a Vardanyan el ocultamiento de información sobre 3.980 personas entre 1989 y 2020. “Todo el período precede a su llegada. Nada demuestra que, durante sus tres meses y medio como ministro de Estado encargado de asuntos económicos y sociales, dispusiera de esa información o autoridad”, sostuvo el documento. La carta de la comisión estatal citada en la causa, agregó, consignó 3.890 personas y no 3.980.
Sobre la persecución por motivos nacionales y políticos, el informe señaló: “No se identifica ninguna víctima, decisión, acto o declaración de Vardanyan. El motivo discriminatorio se infiere, en la práctica, de su origen étnico armenio”. En cuanto a la tortura de 414 prisioneros de guerra y 1.284 rehenes civiles, afirmó: “Ninguna víctima, incidente o fecha se vincula con él; las cifras agregadas de todo el conflicto sustituyen a la prueba individual”.
Minas, homicidios y testimonios sin actos individuales
La sentencia también responsabilizó a Vardanyan por la colocación de al menos 1.087.226 minas en 1.166.702 hectáreas durante el período 1988-2024. El Consejo cuestionó: “Ninguna orden, unidad o campo minado se vincula con él. La afirmación de que el minado se ‘aceleró’ después de su llegada no se apoya en cifras comparativas”.
En las imputaciones por violaciones del derecho internacional humanitario, el tribunal utilizó cifras de 18.850 muertos y 56.268 tentativas de homicidio. “Seis delitos distintos reciben una única pena indiferenciada. De las 540 víctimas escuchadas, ninguna describe un acto de Vardanyan; tres testimonios mencionan su nombre por referencias de terceros”, señaló el informe.
El reporte observó que, entre los episodios contabilizados, figuraron un automóvil que se deslizó hacia un campo minado durante una lluvia intensa y un militar que tropezó en la oscuridad mientras transportaba una caja de municiones. Respecto de la tentativa de homicidio, sostuvo: “Requiere la intención de matar a una persona específica; no se demuestra ninguna. Los accidentes enumerados anteriormente se cuentan como tentativas de homicidio”.
En el cargo por homicidio agravado, el estudio volvió a señalar que ninguno de los más de 2.000 informes médico-forenses citados mencionó a Vardanyan. El único episodio fechado que identificó en ese apartado fue el bombardeo de Mollalar del 19 de septiembre de 2023. “El único episodio fechado ocurrió durante la propia ofensiva de Azerbaiyán, siete meses después de que dejara el cargo”, indicó.
Aurora, las donaciones y las acusaciones de terrorismo
El informe examinó la utilización de actividades humanitarias y educativas como fundamento de cargos penales. En la acusación por reclutamiento de mercenarios, que recibió una pena de 11 años, la fiscalía habló de al menos 2.000 extranjeros. El documento respondió: “No hay una lista, un nombre ni un registro de pagos de los 2.000. Una entrega del Premio Aurora se trata como un pago a mercenarios”.
El mismo apartado cuestionó la consideración de los instructores de la escuela de autodefensa VoMA como mercenarios. “Los instructores de VoMA son ciudadanos armenios y no pueden ser mercenarios: según la Convención de la ONU sobre los Mercenarios, de la que Azerbaiyán es parte, un nacional de una parte en el conflicto no es un mercenario”, sostuvo el análisis resumido por el Consejo.
La acusación por actividad empresarial ilegal incluyó a Ameriabank, Aurora, “Somos nuestras montañas” y Troika Dialog por funcionar sin registro azerbaiyano. “Dos de las cuatro son organizaciones benéficas; Ameriabank cuenta con una licencia del Banco Central de Armenia; Troika Dialog es rusa; ninguna operaba en territorio bajo control azerbaiyano”, señaló el reporte. También cuestionó que el tribunal utilizara 103.000 millones de manats presentados como daños totales del conflicto, y no como ingresos obtenidos por Vardanyan, para fundamentar ese cargo.
En materia de terrorismo, la sentencia le atribuyó 308 episodios entre 1988 y 2023 y 285 explosiones de minas entre 1990 y 2024. “Los episodios son actos de fuerzas armadas en un conflicto armado de 35 años, regido por el derecho internacional humanitario y excluido de las convenciones sobre terrorismo”, argumentó el documento. “El cómputo continúa hasta 2024, mientras él estaba detenido”, agregó.
Para la acusación por financiamiento del terrorismo, el tribunal consideró 212.000 dólares recaudados en mayo de 2023 para el Frente de Seguridad y Desarrollo de Artsaj, intentos de compra de drones y sistemas de guerra electrónica, y actividades denominadas “David Bek”. El Consejo indicó: “Los registros bancarios muestran que los fondos provenían de fundaciones públicas identificadas, a través de cuentas oficiales”.
“El propio tribunal describe ‘David Bek’ como una competencia de seis meses para estudiantes de entre 16 y 18 años en Armenia. Los drones eran para vigilancia y la compra nunca se concretó”, añadió el informe, que consignó una pena de 13 años por financiamiento del terrorismo.
La función pública convertida en una acusación penal
El Consejo cuestionó la definición de organización criminal utilizada en la sentencia. En el cargo por crear o dirigir esa estructura, afirmó: “No se presenta ninguna orden, decisión, acta ni cadena de mando. El tribunal fecha la ‘organización’ en 1987 y nombra a otros dirigentes, por lo que Vardanyan no pudo haberla creado. En esencia, la ‘organización’ es toda la administración de Artsaj: su gobierno, ejército, escuelas y órganos electos”.
La aceptación del cargo de ministro de Estado también fundamentó una condena a 20 años por toma violenta del poder. “No se alega violencia ni amenaza de violencia. Fue designado dentro de una administración que existía desde 1991, bajo los términos de una declaración que Azerbaiyán firmó, y dejó el cargo después de tres meses y medio”, señaló el reporte.
Sobre las formaciones armadas ilegales con resultado de muerte, el informe sostuvo que no se demostró el nexo causal exigido por ese delito. Además, observó: “Los testimonios de los dos testigos durante el juicio difieren entre sí y respecto de sus declaraciones previas, que son casi idénticas palabra por palabra; el propio tribunal registra las contradicciones e incorpora al registro las declaraciones anteriores al juicio”.
En relación con el cruce ilegal de frontera, castigado con cuatro años, el documento recordó que el corredor de Lachín quedó bajo control de las fuerzas de paz rusas mediante la declaración trilateral de 2020, con garantías de tránsito seguro por parte de Azerbaiyán. “El puesto de control de Azerbaiyán se instaló recién el 23 de abril de 2023. Los datos de control fronterizo citados no muestran cruces, lo que es compatible con la inexistencia de un puesto de control, no con un delito”, afirmó.
Un incidente aéreo que terminó antes de comenzar
Entre las inconsistencias cronológicas, el Consejo identificó un episodio de interferencia sobre un vuelo entre Singapur y Helsinki del 8 de julio de 2022. “La sentencia registra que comenzó a las 02:09 y terminó a las 01:28”, señaló: un final situado 41 minutos antes del inicio. Todos los incidentes aéreos citados correspondieron a mayo-agosto de 2022, antes del traslado de Vardanyan a Artsaj.
El informe también distinguió dos figuras penales utilizadas en ese apartado. Para la interferencia en la navegación aérea, el tribunal reconoció que venció el plazo de prescripción de dos años y declaró la culpabilidad sin imponer una pena. El Consejo aclaró que la legalidad de ese procedimiento requería una revisión separada. En cambio, la condena de siete años correspondió a un artículo sobre destrucción o daño de aeronaves: “El delito requiere una aeronave efectivamente destruida o dañada; no se identifica ninguna. La prueba consiste en correspondencia sobre compras de drones que nunca se concretaron”.
El documento precisó que su examen no abarcó de la misma manera todos los cargos: incluyó por exhaustividad una condena de siete años por privación de libertad contraria al derecho internacional, sin analizarla, y registró otra de cinco años por posesión ilegal de armas. En este último caso, mencionó granadas y cartuchos encontrados en un armario como la prueba material señalada en el análisis de Simonyan.
Las consecuencias para la población desplazada y el derecho al retorno
El Consejo advirtió que el alcance del caso excedió la situación individual de Vardanyan. “La sentencia trata a las instituciones de Artsaj, sus ministerios, ejército, escuelas y órganos electos, como una única organización criminal existente desde 1987. Aplicado de manera coherente, esto convierte a cada docente, médico o funcionario que trabajó en ese sistema en miembro de una organización criminal”, sostuvo. El reporte recogió la advertencia de Simonyan sobre el posible uso de esa construcción para sustentar futuras reclamaciones contra Armenia y sus implicancias para un retorno seguro y digno de la población armenia desplazada.
El estudio identificó un patrón en las acusaciones: “La filantropía se convierte en actividad mercenaria y financiamiento del terrorismo; una competencia escolar se convierte en entrenamiento paramilitar; aceptar una designación ministerial se convierte en una toma violenta del poder; viajar por una carretera garantizada por un acuerdo internacional se convierte en un cruce ilegal de frontera”.
También formuló una distinción respecto de las víctimas azerbaiyanas: “Nada en este estudio niega que el conflicto causó graves sufrimientos a civiles azerbaiyanos, incluidos los desplazados y los desaparecidos, ni que sus familias tienen derecho a la verdad y a la justicia. Precisamente porque esos daños son reales, no pueden encontrar respuesta en una condena que nunca los vincula con la persona condenada”.
Sobre las negociaciones diplomáticas, señaló que el acuerdo de paz rubricado por Armenia y Azerbaiyán en Washington en agosto de 2025 no incluyó disposiciones sobre los rehenes armenios. “Mientras su liberación quede fuera del proceso de paz, los rehenes siguen disponibles como instrumento de presión”, advirtió.
La posición de Azerbaiyán y la opinión de Naciones Unidas de 2024
El informe incluyó la posición de Azerbaiyán, que sostuvo que los detenidos cometieron delitos graves, incluidos crímenes de guerra, y que no estaban comprendidos en las disposiciones de intercambio de prisioneros de la declaración trilateral de 2020. También registró el rechazo azerbaiyano a la resolución del Parlamento Europeo de abril de 2026, calificada como “infundada y sesgada”, la convocatoria al embajador de la Unión Europea y el anuncio del Parlamento azerbaiyano de interrumpir sus vínculos con la Eurocámara.
El documento consignó, además, la opinión número 46/2024 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, adoptada en noviembre de 2024 y publicada en 2025, que no consideró arbitraria la detención de Vardanyan. Sobre su alcance, precisó: “La opinión se adoptó antes de que comenzara el juicio en enero de 2025, por lo que no pudo evaluar el proceso, las pruebas ni la sentencia examinados en este informe”.
El Consejo también informó que, en abril de 2026, organizaciones de derechos humanos pidieron a la ONU dejar sin efecto aquella opinión y emitir una nueva. Esas organizaciones alegaron que una integrante del Grupo de Trabajo debía apartarse por vínculos no declarados con Azerbaiyán. El reporte incluyó entre sus recomendaciones la revisión de la opinión a la luz del expediente del juicio y de la denuncia pendiente sobre su adopción.
Los pronunciamientos internacionales
El informe reunió las posiciones de organismos de derechos humanos y legislaturas. Citó la conclusión de la Comisión Internacional de Juristas según la cual los procesos “no cumplen las garantías de imparcialidad, igualdad de armas y escrutinio público exigidas por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos” y “reflejan problemas sistémicos más amplios, y no desviaciones aisladas respecto de la práctica establecida”.
Amnistía Internacional calificó las condenas como “nada menos que una farsa”, mientras que Human Rights Watch señaló que los procedimientos “plantearon serias preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo” y que civiles, incluido Vardanyan, afrontaron un tribunal militar “en audiencias en gran medida cerradas al escrutinio independiente”, según las declaraciones reproducidas en el documento.
El Consejo reseñó tres resoluciones del Parlamento Europeo. La del 13 de marzo de 2025, aprobada por 523 votos a favor y tres en contra, reclamó la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y sanciones contra funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos. El 30 de abril de 2026, por 476 votos contra 47, la Eurocámara volvió a exigir su liberación y respaldó un retorno “seguro, sin obstáculos y digno, con garantías internacionales apropiadas” para los armenios de Artsaj. El 8 de octubre de 2026 reiteró el reclamo por 492 votos contra 23 y condicionó un futuro acuerdo de asociación con Azerbaiyán a mejoras concretas en derechos humanos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también pidió liberaciones en enero de 2025 y enero de 2026. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró el 3 de marzo de 2025: “Todas las personas detenidas arbitrariamente en Azerbaiyán, incluidos los armenios étnicos, deben ser liberadas de inmediato”, según recogió el reporte.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó el 3 de febrero de 2026, por 183 votos y ninguno en contra, una resolución que condenó “el encarcelamiento y el juicio arbitrarios de los dirigentes políticos de la República de Artsaj” y exigió “su liberación inmediata e incondicional”. El informe también recogió pedidos de liberación y garantías judiciales de los gobiernos de Francia, Canadá y el Reino Unido.
En Estados Unidos, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el 22 de julio de 2026, por 44 votos contra siete, una enmienda que expresó el reclamo de liberación inmediata e incondicional de los prisioneros armenios. El documento también consignó una carta del 5 de octubre de 2026 de 101 integrantes del Congreso —26 senadores y 75 representantes— que pidió suspender la asistencia militar estadounidense a Azerbaiyán salvo que liberara a los prisioneros, protegiera el patrimonio cultural armenio y retirara sus fuerzas del territorio de Armenia.
Los pedidos de liberación y las causas ante el Tribunal Europeo
El Consejo dirigió su principal recomendación a Azerbaiyán: “Liberar a Ruben Vardanyan y a todos los rehenes armenios de manera inmediata e incondicional”. Hasta que eso ocurra, reclamó “restablecer el acceso regular del Comité Internacional de la Cruz Roja; garantizar el contacto familiar, la atención médica independiente y el acceso a abogados elegidos por los rehenes; y proporcionar a cada rehén una copia oficial de su sentencia en un idioma que comprenda”.
A la Unión Europea y sus Estados miembros les pidió aplicar las resoluciones del Parlamento Europeo, “incluido condicionar cualquier nuevo acuerdo de asociación con Azerbaiyán y cualquier profundización de la cooperación energética a la liberación de los rehenes”. También propuso considerar medidas selectivas contra los funcionarios responsables de detenciones arbitrarias y malos tratos.
El documento instó a Estados Unidos a “hacer de la liberación de los rehenes armenios un elemento explícito del acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán”. Al Reino Unido, Francia, Canadá, Bélgica, Suiza y otros Estados les pidió reclamar públicamente las liberaciones, procurar acceso diplomático a los detenidos y considerar medidas contra los responsables de las violaciones denunciadas. Para los Estados europeos, incluyó el apoyo a las demandas pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante intervenciones de terceros cuando el tribunal lo permita.
El Consejo también solicitó al Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Naciones Unidas que procuraran acceso a los rehenes y respaldaran los mecanismos internacionales de protección. A la comunidad jurídica y académica le pidió examinar la acusación y la sentencia publicadas.
Vardanyan rechazó apelar la sentencia en Azerbaiyán el 25 de febrero de 2026 y describió esa decisión como “una negativa consciente a legitimar un proceso que, desde el comienzo, no tuvo ninguno de los rasgos de la justicia”. El 19 de julio de 2026 presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por presuntas violaciones de ocho artículos del Convenio Europeo. Una demanda conjunta en representación de los otros 15 condenados siguió el 21 de agosto, después de que sus sentencias fueran confirmadas en apelación el 6 de agosto. Al cierre del informe, ambos procedimientos internacionales permanecían pendientes.