Lluvia de cartas sobre Armenia
La decisión de la Embajada de Armenia en Argentina de abrir un debate sobre el negacionismo de Turquía y de Azerbaiyán en el diario La Nación a principios de octubre, generó una ola de respuestas y cartas de lectores sobre el tema. La decisión de la diplomática armenia fue vista por un sector de la dirigencia comunitaria como un error estratégico, ya que habilitó la posibilidad de que el discurso negacionista de Turquía y Azerbaiyán encuentre espacios en uno de los medios más importantes del país bajo la forma del "derecho a réplica".
El 4 de octubre, Ester Mkrtumyan, embajadora de Armenia en Argentina y concurrente en Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, envió una carta de lectores al diario La Nación en relación a la noticia que dio a conocer el Diario ARMENIA sobre una conferencia negacionista que organizó la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) con los embajadores de de Turquía, Sefik Vural Altay, y de Azerbaiyán, Rashav Aslanov, junto con los exembajadores argentinos en Turquía, Julián Tettamanti, y Carlos Riva, en Azerbaiyán. En esta primera carta, Mkrtumyan habló sobre el bloqueo de Turquía contra Armenia y recordó que "el presidente de Azerbaiyán ha declarado enemigos a los armenios de todo el mundo, incluyendo a los argentinos de origen armenio". "La orientación antiarmenia del evento fue evidente, con responsabilidad compartida por los organizadores", dijo en ese momento.
El 13 de octubre, Rashav Aslanov, acusó a Armenia de "invadir" Azerbaiyán, acusó a Armenia de haber cometido un genocidio en la ciudad de Jodyalí y manifestó: "Es justamente por la causa de esa política de agresión de las autoridades de Armenia que este país se autoexcluyó de formatos de cooperación regional, dañando el bienestar de su pueblo, negándole su derecho de beneficiarse de oportunidades, de vivir mejor y obligándolo a emigrar del país. Esas autoridades tratan como enemigos no solo a los azerbaijanos, sino también a su propia población, a la cual privan de un futuro próspero".
El 21 de octubre, Sefik Vural Altay envió una primer respuesta en la que hizo duras declaraciones: "En lugar de repetir su retórica unilateral e infundada, incluyendo el supuesto 'genocidio armenio', la embajadora de Armenia debería dejar de lado la intolerancia para comprender las realidades y aprender a respetar la libertad de expresión".
El 3 de noviembre, Mkrtumyan remarcó que "sus reacciones confirman que la cátedra creada por la Universidad de Quilmes y presentada en el Círculo de Legisladores fue concebida contra Armenia". "El método de transformar en víctimas a los victimarios es un recurso que siempre ha dado réditos a los genocidas", dijo, y agregó: "Me parece suficiente para calificarlo que haya dicho 'supuesto' genocidio armenio. ¿Negar un genocidio es acaso una muestra de libertad de expresión o de diversidad de opiniones?".
El 8 de noviembre, Vural Altay, declaró en otra carta que "el delito de genocidio está claramente definido en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y se requiere de una sentencia judicial para el uso de este término". "Asimismo, es menester destacar que una persona que tiene como costumbre denigrar a Turquía y al pueblo turco, y que trata de acusar a Turquía una vez más de "invadir" y "masacrar" distorsionando los hechos, sin conocer las realidades de Chipre y del norte de Siria, demuestra con este comportamiento su pobre conocimiento sobre la historia y actualidad, y revela su habitual actitud prejuiciosa y desafiante que intenta defender su denominada causa escondiéndose detrás de otros temas".
Ese mismo día, IARA – Instituciones Armenias de la República Argentina, envió una carta firmada por su presidente, Carlos Margossian, que fue publicada por la agencia estatal de noticias Télam en la que manifestó "nuestro absoluto repudio a las expresiones negacionistas" de Vural Altay. "El Embajador desconoce que en Argentina el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 declaró en 2011 con entidad de sentencia definitiva que 'el Estado Turco ha cometido delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio, en el período comprendido entre los años 1915 y 1923' y que el Genocidio Armenio está reconocido formalmente por Argentina a través de la Ley Nacional 26.199, aprobada por el Poder Legislativo en 2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2007", señala el texto. "Agrega el diplomático turco que el Gobierno de Armenia y la diáspora 'rechazan' la supuesta propuesta de Turquía de que una comisión de historiadores analice 'los sucesos de 1915'. Debemos recordar que el Genocidio Armenio está ampliamente estudiado y reconocido en el campo académico, no solo por historiadores de Turquía o Armenia. A su vez, nos parece extraño que el representante de la República de Turquía proponga debatir el Genocidio Armenio, cuando en su país está prohibido hacerlo: el Artículo 301 del Código Penal de Turquía castiga a quienes 'denigren la identidad turca', una legislación que fue utilizada en reiteradas ocasiones para perseguir y enjuiciar a quienes traten o estudien la temática del Genocidio Armenio".
El 10 de noviembre, Aslanov envió una carta en la que habló sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Artsaj (Nagorno Karabaj) -a pesar de que organismo encargado de mediar en el conflicto es el Grupo de Minsk de la OSCE- y acusó nuevamente a Armenia de haber cometido un genocidio contra Azerbaiyán.
En un editorial de septiembre de 1998, el propio diario La Nación había objetado contra el "mal llamado derecho de réplica", que "suele ser presentado como un instrumento para la defensa de la dignidad o el honor de una persona afectada por una publicación periodística". En el texto, La Nación recuerda que las personas están amparadas por el Código Penal y pueden "accionar criminalmente contra quien haya utilizado la vía periodística para injuriarla, calumniarla o deshonrarla". "La institución del derecho de réplica es, pues, completamente innecesaria. Como lo han señalado prestigiosos constitucionalistas, imponer a una publicación periodística la obligación de difundir gratuitamente la réplica de cualquier persona que se considere ofendida por alguna noticia o información significa vulnerar el derecho de propiedad, violar la garantía constitucional contra la censura previa y avasallar el derecho de los órganos de prensa a determinar libremente su línea editorial".