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Resumen semanal desde Armenia: Nikol Pashinyan, ¿contra la corrupción o contra la oposición?

Proyecto de ley de impuestos al cemento importado y los intereses en juego. El Fondo de Interés Estatal. Reunión entre los Ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán en Moscú

Como estaba planificado, se encontraron los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán en Moscú durante esta semana. En esta ocasión, los ministros siguieron las directrices del encuentro de Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev en Viena, y reafirmaron sus esfuerzos para resolver el conflicto de Artsaj a través de medios diplomáticos. Aunque en numerosas situaciones estas conversaciones han quedado bajo la pólvora de las violaciones al cese de fuego, los ministros lo intentaron una vez más y centraron su atención en estabilizar la situación en la zona de conflicto, especialmente durante el período de trabajo agrícola. En más de una oportunidad, los francotiradores azeríes han abierto fuego sobre campos armenios en época de cosecha. A su vez, acordaron tomar medidas sobre la autorización de visitas de familiares de los detenidos en sus territorios. Al respecto, el secretario de Prensa de Artsaj David Babayan informó que sólo hay dos azeríes detenidos hace algunos años por crímenes de asesinato.

Por su parte, como es de costumbre la parte rusa, a través de su Ministro de Asuntos Exteriores, y la copresidencia del Grupo Minsk reafirmaron su compromiso con la misión de mediación entre las partes. A pesar de que el arbitraje internacional exterioriza su buena voluntad para la resolución del conflicto, el sendero hacia el reconocimiento de la soberanía de Artsaj está coartado por toda clase de malezas que obstaculizan la llegada a destino sanos y salvos. De hecho, esta semana el grupo de expertos de Estados Unidos Stratfor publicó su último estudio sobre el número de estados reconocidos del mundo, los que gozan de un reconocimiento parcial y los que la padecen por completo. En estos documentos, Artsaj es considerado un país independiente de facto, junto a Transnistria y Somalilandia, es decir algo así como un gobierno que derivó de una ruptura al ordenamiento constitucional. ¿O tal vez quisieron decir un territorio recuperado luego de inclemencias de la historia? O quizás, ¿un territorio liberado de manos usurpadoras? La verdad es volátil y maleable; más aún con el paso del tiempo.

Entre la Asamblea Nacional y la Justicia

La polémica de la semana giró en torno al proyecto de ley que aplicaría una tasa impositiva al cemento importado. Diversas voces han recorrido las salas de la Asamblea Nacional de Armenia con diferentes posiciones que definirían el destino del sector de la construcción en el país. Mientras el Gobierno propuso la implementación de un impuesto a la importación de cemento, pero no así a la de clinker (producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland); los bloques opositores Armenia Próspera y Armenia Luminosa consideraron que es absurdo librar de una carga impositiva a esta materia prima del cemento. Por su parte, si la cuestión dependiera del descaro neoliberal del bloque Mi Paso, se hubieran evitado los impuestos para el cemento como para el clinker. Al momento de alzar las manos luego de la primera lectura del proyecto de ley, 78 voces votaron a favor de una tasa impositiva de aproximadamente 50 dólares por la tonelada de cemento.

Gaguik Tsarukyan

La figura que se ha instaurado como el rostro visible de la polémica es el parlamentario del bloque Armenia Próspera y propietario de la cementera más importante de Armenia, Gaguik Tsarukyan. Sus intereses en riesgo lo han posicionado rotundamente en contra. Probablemente, su semana laboral fue más activa de lo que fue hasta el momento toda su carrera de parlamentario. Notas con la prensa, presentaciones en la sesión de la Asamblea Nacional y un encuentro cálido con el primer ministro Nikol Pashinyan lo mantuvieron con las manos en el barro. También se reunió con los obreros de su compañía, quienes comenzaron a protestar tras recibir notificaciones de un cercano ajuste de personal.

Tsarukyan manifestó su preocupación por la liberación de cargas impositivas al clinker importado desde Irán, lo que provocaría un campo de competencia desigual para las empresas de producción nacional. A su vez, responsabilizó el Gobierno y a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de las consecuencias que traería esta política que ignora los altos costos de recursos de su compañía “Ararat Cement” -gas, electricidad, materia prima y salarios de trabajadores- y la cantidad de familias con ingresos recortados a partir de su cierre. En este sentido, según el ex ministro de Economía y coordinador de las comisiones especializadas de la FRA-Tashnagtsutiún Ardzvig Minasyan, el cemento como producto de importancia estratégica, debe recibir una protección privilegiada dentro de la producción nacional. A modo de clase de economía para principiantes, Minasyan insistió en que el camino para el crecimiento económico del país consiste en fortalecer las exportaciones; ya que importaciones como éstas sólo cortan los pies de la industria nacional.

Otra de las problemáticas que el Primer Ministro trajo a la Asamblea Nacional fue la ley sobre confiscación de bienes de propiedad ilegal mediante una reunión consultiva con representantes de agencias públicas. La persecución de procesos ilícitos es una de las acciones preferidas por este gobierno, que insiste en que la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y los grupos criminales es una problemática impuesta a partir de la Revolución de Terciopelo. Al Primer Ministro le urge comprobar que, sin los cambios políticos ocurridos en el país, el organismo público encargado de resolver estos asuntos no cumpliría sus funciones correctamente. Entre los problemas en cuestión, Pashinyan mencionó la garantía de que este es un mecanismo eficaz para la devolución de activos robados, que no puede ser utilizada como herramienta de venganza política y que se asegurará la protección total de los derechos humanos. En esta dirección de traslado de la lucha contra la corrupción desde un nivel declarativo a uno institucional, el Primer Ministro mira con ansias su bocado favorito: los funcionarios involucrados en la corrupción, lavado de dinero y grupos criminales.

Robert Kocharyan

Desde hace varios meses, el ex presidente Robert Kocharyan fue uno de los que cayó en las garras del nuevo gobierno. Privado de su libertad desde diciembre, esta semana acusó a Pashinyan de abuso de poder. Lo responsabilizó de culparlo de hacer uso de la fuerza policial y militar para proteger al gobierno durante los disturbios de marzo de 2008; mientras Pashinyan lideró una rebelión para derrocar al Estado con fuerza violenta el año pasado. En su declaración también preguntó quien será la próxima víctima de persecución política y aseguró que el pueblo debe elegir entre un entusiasta populista que ignora el derecho nacional e internacional o un líder que las conozca y se mueva dentro de sus límites.

Esta semana las sospechas también tocaron la puerta del jefe del Servicio de Control Estatal David Sanasaryan. El Servicio de Seguridad Nacional inició una causa penal acusándolo de transgredir artículos del Código Penal de Armenia. Las figuras punitivas fueron abuso de poder, falsificación de documentos y procesos ilegales de contratación pública. La desconfianza hacia Sanasaryan giraría en torno a promover la contratación pública de una compañía gestionada por sus trabajadores, utilizando los beneficios de su posición y obrando en contra de los intereses del organismo. Con el consentimiento del fiscal del caso, se tomó la decisión de suspenderlo temporalmente de su cargo, mientras se tomen medidas para garantizar una investigación exhaustiva y objetiva. Un caso más para la Justicia; pero no es el único que se incorporó esta semana. En este sentido, una gota de alivio cayó entre las fuertes lluvias que latiguearon las calles de Ereván esta semana. La Fiscalía General de Armenia reanudó el proceso penal por el asesinato de Hrach Muradyan, líder de la comunidad Proshyan (Kotayk) y participante de la guerra de liberación de Artsaj frente a su alcaldía en abril de 2013. A partir de una protesta liderada por militantes de la FRA-Tashnagtsutiún hace unas semanas, el Fiscal General aseguró que el caso será examinado bajo su supervisión. La unión hace la justicia.

Presupuesto estatal y necesidades ciudadanas

Fondo de Interés Estatal. Así denominó el Gobierno a la sociedad anónima para promover las inversiones extranjeras en el país. El ministro de Desarrollo Económico e Inversiones Tigran Khachatryan mostró su optimismo al manifestar que este fondo involucrará inversiones por un valor de diez millones de dólares.

El Ministerio de Transporte, Comunicación y Tecnologías de la Información no quiso quedarse atrás con los anuncios que incluyen al presupuesto estatal. En este sentido, informó que se renovarán alrededor de 78 kilómetros de caminos, particularmente la ruta “Norte-Sur” que conecta a todo el país. La conectividad terrestre es siempre una prioridad para la mayoría de los gobiernos; y para el armenio, también lo es la celebración del Día del Ciudadano el último sábado de abril, al que se destinará una considerable suma monetaria en concepto de eventos. El objetivo del operativo es mantener la alegría de los ciudadanos en un alto nivel, especialmente cuando más de uno se encuentra disconforme con el servicio sanitario de la ciudad de Ereván.

En este contexto, la empresa recolectora de residuos Sanitek fue sometida a abonar una multa por fallas e incumplimiento de sus funciones. El intendente de Ereván Hayk Marutyan lanzó su cólera en contra de la compañía y pidió perdón a los ciudadanos por el festival de residuos en las calles. Cuando en la sesión de gobierno, Pashinyan le interrogó sobre cuán crítica es la situación, Marutyan respondió que no ha llegado a ese nivel, considerando crítico al estado de emergencia sanitaria en Nápoles en 2012, una de las crisis de administración de residuos más importante de los últimos años.

Debido al corto tiempo disponible para planificar licitaciones públicas para incorporar otros actores como solución al aprieto, el Gobierno y el Municipio acordaron la compra de más de una decena de vehículos de recolección de residuos. Por su parte, la empresa Sanitek no se quedó callada y reaccionó contra la Intendencia recordando que, desde el año pasado, les han enviado alertas sobre ciertos inconvenientes cuyas respuestas nunca llegaron.

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