Debates en el Parlamento por nueva ley anticorrupción
Ereván (Sisak Gabrielian para RFE/RL).- La Asamblea Nacional Armenia comenzó el miércoles 14 de diciembre a debatir en primera lectura un proyecto de ley que criminalizará el "enriquecimiento ilícito" de los altos funcionarios de estado.
Las enmiendas al Código Penal tratadas en el Parlamento fueron redactadas por el Ministerio de Justicia y aprobadas oportunamente por el primer ministro Karén Karapetian.
De aprobarse, las nuevas medidas alcanzarían a unos seiscientos funcionarios, incluidos jueces y ministros, que estarían legalmente obligados a declarar sus bienes a una comisión estatal especial.
Dichos funcionarios tendrían que justificar el origen de sus bienes si superan su salario anual en al menos unos diez mil dólares, de no hacerlo se someterían a penas de hasta seis años de prisión. En su presentación del proyecto de ley a los legisladores, la ministra de Justicia Arpiné Hovhannisian dijo que las nuevas normas reducirán la corrupción gubernamental. Sin embargo, muchos diputados opositores no estaban de dicha afirmación.
En esa dirección, el parlamentario Hovhannés Markarian perteneciente al partido Renacimiento (ex Orinats Yerkir) se quejó de que la ley no tenga efecto retroactivo. "Ya han saqueado al Estado y enriquecido a sí mismos. Ya no queda nada más", afirmó.
En respuesta a los argumentos de Markarian, la ministro Hovhannisian aseguró que la Constitución de Armenia prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes punitivas.
Naira Zohrabian, líder del partido Armenia Próspera (ex Orinats Yerkir), coincidió en que el proyecto no haría ninguna diferencia. "Sólo hay que ver las declaraciones de ingresos de parlamentarios, funcionarios y jueces. Muchos de ellos atribuyen sus ingresos a supuestos préstamos otorgados por otras personas", dijo.
Hasta el propio Eduard Sharmazanov, titular de la Asamblea Nacional Armenia, que milita en las filas del oficialista partido Republicano, puso en duda la eficacia de las modificaciones propuestas. Afirmó que muchos funcionarios registran sus costosas propiedades a nombre de familiares y amigos.
Muchos funcionarios de alto rango de Armenia se muestran como personas de clase acomodada a pesar de sus salarios relativamente modestos. No es infrecuente que posean negocios o empresas a nombre de sus familiares o socios encubiertos. La veracidad de sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Comisión de Ética correspondiente, ha sido cuestionada por mucho tiempo por activistas contra la corrupción y muchos medios de comunicación. Algunas autoridades han atribuido la riqueza de sus parientes a “regalos” financieros recibidos de otros individuos.
El gabinete encabezado por Karapetian se comprometió a penalizar el enriquecimiento ilícito cuando presentó en octubre último su programa político de gobierno ante la Asamblea Nacional de Armenia. Prometió entonces "más esfuerzos para eliminar los obstáculos que impidan el desarrollo del estado: el favoritismo, los desfalcos, el soborno, el nepotismo y otras formas de corrupción".