El Centro Armenio para los Derechos Políticos denunció que la nueva Asamblea Nacional no se constituyó conforme al Código Electoral
El Centro Armenio para los Derechos Políticos difundió el 11 de julio una declaración en la que sostuvo que el Parlamento surgido de las elecciones parlamentarias de Armenia de 2026 no se constituyó de conformidad con los requisitos del Código Electoral, y afirmó que las decisiones de la Comisión Electoral Central y del Tribunal Constitucional alteraron la composición del poder legislativo en favor del partido gobernante.
“El Parlamento resultante de las elecciones parlamentarias de 2026 no se constituyó de conformidad con los requisitos del Código Electoral de la República de Armenia”, afirmó la organización.
Según el Centro, esa evaluación se basa en las violaciones de derechos humanos documentadas durante el período preelectoral, la aplicación selectiva de la persecución penal, el abuso de los recursos administrativos y, principalmente, las decisiones adoptadas por la Comisión Electoral Central el 14 de junio y por el Tribunal Constitucional el 4 de julio.
La organización sostuvo que esas decisiones “contradicen directamente los requisitos del Código Electoral” y modifican de manera sustancial la composición del Parlamento.
“Estas decisiones contradicen directamente los requisitos del Código Electoral y alteran fundamentalmente la composición del poder legislativo al consolidar el dominio casi absoluto de un único partido político, en lugar de reflejar la voluntad del electorado”, señaló.
El Centro Armenio para los Derechos Políticos también cuestionó la actuación de las autoridades policiales ante las denuncias de irregularidades electorales antes y después de los comicios.
“La actuación de las autoridades policiales ante las presuntas irregularidades electorales, tanto en el periodo preelectoral como en el postelectoral, fue selectiva y discriminatoria”, afirmó.
La organización sostuvo que, aunque existían “pruebas claras y creíbles” de irregularidades similares cometidas en apoyo del gobierno, las acciones del Comité Anticorrupción se dirigieron exclusivamente contra representantes y simpatizantes de la oposición.
En ese marco, el Centro citó la definición de preso político adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la Resolución 1900 de 2012. Según el criterio mencionado por la organización, se considera preso político a una persona privada de libertad de manera discriminatoria, en comparación con otras personas, por motivos políticos.
“Sobre esta base, y a la luz de la impunidad efectiva de la que gozan los partidarios de las autoridades gobernantes, el Centro Armenio para los Derechos Políticos considera que todos los representantes y simpatizantes de las fuerzas políticas de oposición que han sido privados de su libertad como resultado de procesos penales selectivos relacionados con las elecciones cumplen con la definición de preso político”, sostuvo la declaración.
El Centro Armenio para los Derechos Políticos se define como una organización de vigilancia dedicada a detectar, responder y prevenir la persecución política, así como a salvaguardar los derechos políticos.