El gobierno de Nikol Pashinyan publicó un informe sobre una “crisis” en la Iglesia Apostólica Armenia y propuso remover al Catholicos Karekin II
El Centro de Relaciones Públicas e Información de la Oficina del primer ministro Nikol Pashinyan publicó este 24 de septiembre en Ereván un informe de 74 páginas, elaborado por orden del jefe de Gobierno y en el marco del programa oficial 2026-2031, que sostiene que existe una “crisis” en la Iglesia Apostólica Armenia, formula 16 grupos de acusaciones contra el Catholicos de Todos los Armenios Karekin II y otros miembros del clero y propone una hoja de ruta de cinco pasos que incluye su remoción, la designación de una autoridad interina, la aprobación de un nuevo estatuto eclesiástico y la elección de un nuevo Catholicos.
El documento lleva como título “Informe sobre la crisis surgida en la Iglesia Apostólica Armenia como resultado de las actividades del jefe de facto y de varios clérigos de alto rango y sobre las vías para resolverla” y fue preparado por instrucciones directas de Pashinyan.
Entre las acusaciones formuladas por el organismo gubernamental aparecen la supuesta violación del voto de celibato por parte de Karekin II y la falta de sanciones frente a presuntas faltas de otros integrantes del clero; persecuciones arbitrarias contra religiosos; falta de transparencia financiera; ordenaciones y nombramientos vinculados con relaciones familiares; utilización de estructuras de la Iglesia con fines políticos; difusión de desinformación y discursos de odio; influencia extranjera; falta de convocatoria durante 27 años de la Asamblea Nacional-Eclesiástica; ausencia de una Constitución eclesiástica unificada; conflictos con diócesis de la Diáspora; uso irregular de propiedades y deficiencias en el sistema de gobierno interno de la Iglesia. Las afirmaciones forman parte de las conclusiones del informe elaborado por la oficina de Pashinyan.
Uno de los capítulos está dedicado a la situación financiera. Allí, el informe sostiene que no existe un mecanismo institucional de rendición pública integral sobre los ingresos y gastos de la Iglesia y cuestiona la administración de donaciones y propiedades. También recoge publicaciones y registros sobre actividades económicas atribuidas a familiares del Catholicos y recuerda que en 2015 la investigación Swiss Leaks reveló una cuenta en HSBC a nombre de “His Holiness Karekin II Nersis”, que contenía 1,1 millones de dólares entre 2006 y 2007; en ese momento, la Santa Sede explicó que la cuenta había sido abierta en beneficio de la Iglesia y con fines benéficos.
El documento también dedica un apartado a la actuación política de miembros de la Iglesia. Entre otros antecedentes, recuerda que Karekin II reclamó la renuncia de Pashinyan en diciembre de 2020, después de la guerra de 44 días, y cuestiona la participación posterior de religiosos en movimientos opositores y campañas políticas.
El informe sostiene además que la Asamblea Nacional-Eclesiástica, definida como el máximo órgano normativo de la Iglesia, no se reunió desde 1999 y afirma que su falta de convocatoria durante 27 años contribuyó a concentrar las decisiones en el Catholicos. Según el propio documento, la normativa elaborada en 2017 establecía que esa asamblea debía celebrarse al menos una vez cada siete años.
La parte final propone una hoja de ruta de cinco etapas. La primera contempla la conformación de un grupo coordinador integrado por religiosos y laicos, la difusión de los argumentos utilizados en el informe y consultas con las diócesis de Armenia y la Diáspora, la Gran Casa de Cilicia y los Patriarcados Armenios de Jerusalén y Constantinopla.
El segundo paso plantea directamente la remoción de Karekin II, definida en el documento como el “llamado al retiro” del actual jefe de la Iglesia. El informe enumera como fundamentos las acusaciones desarrolladas en los capítulos anteriores, desde la presunta violación del voto de celibato hasta cuestiones de administración, actividad política, nombramientos y funcionamiento de los órganos eclesiásticos.
La tercera etapa propone que una Asamblea de Obispos elija a un locum tenens o autoridad interina, cuya función sería preparar la reforma institucional, realizar una auditoría financiera y patrimonial, revisar casos de religiosos removidos y organizar la elección de representantes de las diócesis y parroquias.
El cuarto paso prevé que una futura Asamblea Nacional-Eclesiástica apruebe una Constitución unificada para la Iglesia, con reglas sobre la periodicidad de sus órganos, mecanismos de control financiero, un tribunal canónico independiente, restricciones para nombramientos de familiares y normas sobre actividad política.
El quinto y último punto propone convocar a la Asamblea Nacional-Eclesiástica para elegir a un nuevo Catholicos de Todos los Armenios bajo las normas de ese nuevo estatuto.
El propio informe incluye entre sus principios la separación entre el Estado y la Iglesia y sostiene que las reformas deben ser implementadas por la institución religiosa mediante sus propios clérigos y fieles, mientras que el Estado debe limitar su actuación a sus competencias constitucionales y legales y no intervenir en cuestiones doctrinales y canónicas internas.
Pashinyan ya había anunciado en agosto que, una vez publicado el documento, propondría crear una comisión de investigación en la Asamblea Nacional para analizar sus conclusiones y avanzar posteriormente con modificaciones legislativas.
La Santa Sede de Echmiadzín todavía no respondió específicamente al informe. Sin embargo, el Consejo Espiritual Supremo cuestionó en reiteradas oportunidades las acciones del gobierno sobre los asuntos internos de la Iglesia. El 18 de septiembre sostuvo que “la continua injerencia de las autoridades en la vida interna de la Iglesia, así como las represiones y restricciones ejercidas mediante mecanismos estatales, son inaceptables. El Consejo Espiritual Supremo constató que tales acciones vulneran la autonomía de la Iglesia y las garantías constitucionales de libertad de conciencia y religión de los creyentes”.
En una declaración anterior, el Consejo había afirmado que el Gobierno “no tiene autoridad ni competencia constitucionalmente establecida” para incorporar la reforma de la Iglesia a su programa y sostuvo que las cuestiones internas de la institución no corresponden a la competencia de la Asamblea Nacional.