El Tribunal Constitucional de Armenia declaró como válida la victoria de Nikol Pashinyan en las elecciones a pesar de las irregularidades registradas por la oposición
El Tribunal Constitucional de Armenia rechazó el 4 de julio las demandas presentadas por siete fuerzas políticas contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 7 de junio y ratificó la decisión de la Comisión Electoral Central, que confirmó la victoria del partido oficialista Contrato Civil, liderado por el primer ministro Nikol Pashinyan, pese a las denuncias de irregularidades formuladas por la oposición.
Los resultados habían sido impugnados por siete fuerzas políticas, entre ellas las alianzas Armenia Fuerte y Armenia, que ingresaron al Parlamento, y el partido Armenia Próspera, que quedó fuera de la Asamblea Nacional por una diferencia de votos tras la invalidación de resultados en dos distritos electorales.
Tras conocerse la decisión, la ministra de Justicia, Srbuhi Galyan, representante de Contrato Civil como tercera parte en el proceso, afirmó: “Ha triunfado la justicia”.
La resolución del Tribunal Constitucional dejó firme la composición de la novena legislatura de la Asamblea Nacional, donde Contrato Civil tendrá 64 escaños, Armenia Fuerte 29 y la alianza Armenia 12.
Siete de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional participaron en el tratamiento del caso. Vladimir Vardanyan y Artak Zeynalyan no intervinieron por decisión del propio tribunal, debido a su parcialidad respecto de las partes del proceso, según un documento publicado previamente.
Durante las audiencias, que se extendieron durante varios días, las fuerzas opositoras sostuvieron que las elecciones debían ser declaradas inválidas por irregularidades registradas a lo largo de todo el proceso, desde el uso de recursos administrativos hasta denuncias de soborno electoral.
La Comisión Electoral Central, encabezada por Vahagn Hovakimyan, sostuvo que las infracciones detectadas no modificaron el resultado de la votación. Galyan también afirmó en su alegato final que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para demostrar que las irregularidades denunciadas hubieran tenido entidad para alterar el resultado electoral.
El representante de Armenia Próspera, Aram Orbelyan, cuestionó duramente la decisión del tribunal y sostuvo que su partido debió ingresar al Parlamento. “El Tribunal Constitucional tuvo una oportunidad histórica para invalidar los resultados electorales. Nos encontrábamos ante una situación excepcional en la que la obtención o no de escaños dependía exclusivamente de la decisión de la Comisión Electoral Central”, afirmó.
“Es evidente que, tras analizar las pruebas presentadas durante la vista judicial, quedó claro que, como mínimo, el PAP debería haber obtenido escaños. Este fue un caso que todos presenciaron; lamentablemente, el Tribunal Constitucional participó en el fraude electoral o, al menos, no lo impidió”, agregó Orbelyan.
El dirigente también afirmó que la decisión de la Comisión Electoral Central alteró el equilibrio político del Parlamento. “La Comisión Electoral Central privó a los ciudadanos de la República de Armenia de un verdadero parlamentarismo, donde el poder gobernante habría estado obligado a alcanzar un consenso, negociar y debatir diversas decisiones con las fuerzas de la oposición”, sostuvo.
Aram Vardevanyan, representante de Armenia Fuerte, también rechazó la resolución. “En vísperas del Día de la Constitución, se constató que Armenia cuenta con una Constitución y un Tribunal Constitucional, pero carece de constitucionalidad y de justicia constitucional”, declaró.
“El principal problema para la justicia constitucional era, por supuesto, la legitimidad de la composición del Tribunal Constitucional, un problema que, lamentablemente, no se ha resuelto”, agregó.
Consultado sobre una posible influencia política sobre el Tribunal Constitucional, Vardevanyan respondió: “Incluso las preguntas formuladas por uno de los jueces del Tribunal Superior provenían del discurso de las autoridades políticas. Les dejo a ustedes las conclusiones”.
Durante el tratamiento del caso, el Tribunal Constitucional también realizó una audiencia a puertas cerradas durante varias horas para examinar documentos secretos, entre ellos causas penales iniciadas contra figuras opositoras durante la campaña y cuestiones vinculadas con una denominada “lista secreta”. El abogado de la alianza Armenia, liderada por Robert Kocharyan, afirmó que ese punto estaba relacionado con diferencias en el número de votantes. El presidente de la Comisión Electoral Central negó que existiera esa diferencia.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, cinco fuerzas políticas opositoras difundieron una declaración conjunta en la que sostuvieron que la resolución no resuelve la crisis de legitimidad del gobierno que se formará a partir de los resultados electorales.
“Esta decisión del Tribunal Constitucional no resuelve el problema de la legitimidad del gobierno que se está formando: el gobierno formado en tales condiciones y con los resultados registrados carece de legitimidad”, afirmaron Armenia Fuerte, Armenia, Armenia Próspera, el Congreso Nacional Armenio y el Polo Nacional-Democrático Panarmenio.
Las fuerzas opositoras señalaron que el fallo “no corrige el fraude electoral, no elimina las violaciones electorales masivas y no resuelve la profunda crisis política y jurídica del país”.
“Por el contrario, la negativa rotunda de la última instancia judicial a registrar las violaciones agrava la crisis actual del país, no contribuye a la formación de un clima de solidaridad nacional y traslada la lucha al terreno de la resistencia política”, plantearon.
En la declaración, las cinco fuerzas anunciaron la formación de una agenda política común basada en cuatro ejes: impedir reformas constitucionales impulsadas bajo presión externa, defender a la Iglesia Apostólica Armenia, proteger los derechos de los presos políticos y promover la destitución del gobierno actual.
Sobre la cuestión constitucional, afirmaron que las enmiendas preparadas por el gobierno constituyen “una coerción externa” y anunciaron que utilizarán “todos los medios legislativos, públicos y políticos” para impedir cambios que, según señalaron, representan “un golpe directo e irreversible a la soberanía de la República de Armenia”.
Las fuerzas opositoras también denunciaron una “campaña ilegal” contra la Iglesia Apostólica Armenia y el Catholicós de todos los armenios, y afirmaron que la protección de su misión, derechos, propiedades y reputación será uno de los ejes centrales de su agenda.
En relación con los presos políticos, sostuvieron que después de las elecciones comenzó “una nueva ola de represión política” y que sus acciones estarán orientadas a exigir la liberación inmediata de los detenidos.
“El examen de las quejas de las fuerzas de oposición ante el Tribunal Constitucional solo confirmó que la destitución de la administración actual es imperativa e inalterable”, afirmaron.
Las fuerzas firmantes concluyeron que, ante la destrucción de las instituciones jurídicas, “el único garante de la preservación del Estado y del orden constitucional sigue siendo el ciudadano de la República de Armenia”.
“Esta decisión del Tribunal Constitucional no supone el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva fase de resistencia política, más sistemática, institucional y a gran escala”, señalaron.