Expertos de la ONU denunciaron violaciones de derechos humanos en la persecución del gobierno de Nikol Pashinyan contra el arzobispo Bagrat Galstanyan

Expertos que actúan bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por el proceso penal contra miembros del movimiento “Lucha Santa”, liderado por el arzobispo Bagrat Galstanyan, y advirtieron que las acusaciones de terrorismo, las medidas de prisión preventiva y el uso de la fuerza contra manifestantes en junio de 2024 podrían contravenir las obligaciones internacionales de Armenia en materia de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos examinó el caso tras una presentación de la defensa y envió una carta al gobierno armenio el 11 de mayo, en la que solicitó explicaciones sobre el uso de la fuerza en la zona adyacente a la Asamblea Nacional el 12 de junio de 2024, durante las protestas del movimiento opositor.

Según los expertos, ese episodio podría constituir una violación de la obligación estatal de respetar el derecho a la vida. También señalaron que el proceso penal iniciado contra los integrantes de “Lucha Santa” y las restricciones aplicadas mediante medidas preventivas podrían implicar violaciones del derecho internacional.

La ONU pidió al gobierno armenio que informara si las fuerzas del orden investigaron el uso de la fuerza, cuáles fueron los resultados de esa investigación y qué medidas adoptaron las autoridades para evitar incidentes similares en el futuro.

Los expertos también solicitaron precisiones sobre la calificación de terrorismo atribuida a los acusados. Según plantearon, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, los cargos de terrorismo deberían limitarse a acciones que causen la muerte o lesiones graves de manera intencional.

Otra preocupación señalada por los expertos fue el uso de declaraciones públicas de culpabilidad por parte de funcionarios armenios, que podrían vulnerar la presunción de inocencia. Cuando las fuerzas del orden informaron sobre el caso, autoridades calificaron como terroristas al arzobispo Bagrat Galstanyan y a otros miembros del movimiento que encabezaba.

La carta fue enviada a Ereván el 11 de mayo. Semanas después, el 4 de junio, el tribunal decidió sustituir la medida cautelar impuesta a Galstanyan, quien llevaba casi un año en prisión, por arresto domiciliario.

Tatevik Soghoyan, integrante del equipo legal que representa al arzobispo Bagrat Galstanyan y a los otros 17 acusados, sostuvo que existe una relación directa entre la carta recibida por el gobierno y la decisión judicial de modificar la medida cautelar.

“El mensaje que se incluyó, que en apariencia es claro, ¿no?, que no hay ninguna conexión con el terrorismo aquí, y esas claras evaluaciones que ya había expresado la ONU, fueron como un jarro de agua fría para las autoridades armenias, lo que también llevó a un cambio en la medida preventiva”, señaló Soghoyan.

El poder ejecutivo armenio respondió hace unos días a la carta de los expertos de la ONU y negó las acusaciones. El gobierno sostuvo que las acciones policiales contra los manifestantes de la oposición el 12 de junio de 2024 fueron legales, necesarias y proporcionadas.

Las autoridades también afirmaron que la causa contra los miembros de “Lucha Santa” no se inició por afiliación política o religiosa, por críticas al gobierno ni por la organización de manifestaciones pacíficas, sino sobre la base de pruebas obtenidas tras una investigación preliminar prolongada.

Según la respuesta oficial, esas pruebas contendrían elementos vinculados con artículos del Código Penal referidos a la incitación al terrorismo y a la usurpación de poder. El gobierno también respondió sobre las medidas preventivas y señaló que, con el tiempo, los tribunales reemplazaron decisiones más estrictas por medidas más leves.

En paralelo al arresto de Galstanyan y de otros acusados, las autoridades publicaron grabaciones editadas de varias conversaciones y las presentaron como prueba. Meses después, al concluir la investigación preliminar, la defensa difundió las conversaciones completas y sostuvo que las grabaciones habían sido manipuladas antes de ser presentadas ante la opinión pública.

Uno de los ejemplos mencionados por la defensa fue una conversación en la que Galstanyan hablaba de “güling bajo el muro”. Según los abogados, la frase no hacía referencia a una llamada o a un plan concreto, sino a un tramo de una conversación hipotética. Pese a esa denuncia, el gobierno sostuvo que el derecho de los acusados a un juicio justo fue garantizado.

Soghoyan remarcó que el informe de los expertos de la ONU no tiene fuerza jurídica vinculante y que el tribunal puede, en teoría, ignorarlo. Sin embargo, sostuvo que su relevancia será significativa si el caso llega a instancias internacionales.

“La institución del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los Relatores Especiales es una de las más importantes del mundo, a la que ningún Estado ni tribunal internacional serio puede eludir. Y las opiniones de estos expertos tienen un impacto significativo tanto en el Tribunal Europeo como en la Corte de Justicia de la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya”, declaró la abogada.

Ninguno de los 18 acusados en el caso permanece bajo custodia. Antes de modificar la medida cautelar contra Galstanyan, el juez ya había adoptado decisiones similares respecto de otros acusados durante los últimos meses.