Informe del Consejo Nacional Armenio Mundial: “El conflicto por Artsaj sigue sin resolverse”

El Consejo Nacional Armenio Mundial (Armenian National Committee–International, ANC-INT) difundió el 17 de noviembre de 2026 una versión actualizada de su informe sobre la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), publicada en Ereván, Armenia, para documentar las consecuencias de la guerra, el bloqueo y la limpieza étnica de su población armenia y reclamar que sus derechos vuelvan a ocupar un lugar en la agenda internacional.
El documento, titulado “Sin resolver: el conflicto por Artsaj (Karabaj Montañoso/Nagorno Karabaj)”, está fechado el 16 de noviembre, incorpora acontecimientos hasta el día anterior y reemplaza la edición del 19 de marzo de 2025. Su planteo central distingue entre el control militar del territorio y la resolución de los derechos de sus habitantes: “La fuerza militar cambió quién controla el territorio. No resolvió la cuestión de los derechos de quienes vivían allí”.
“La expulsión de los armenios de Artsaj no puso fin al conflicto; agravó la injusticia”, expresó el presidente del Consejo Nacional Armenio Mundial, Hagop Der Khatchadourian, en el comunicado que acompañó la publicación. “Ningún acuerdo que deje a 20 rehenes en Bakú, cierre el camino a casa y borre el patrimonio de un pueblo puede llamarse paz. Llamamos a los gobiernos a tratar a Artsaj como la cuestión no resuelta que es y a volver a colocar los derechos de su pueblo en la agenda internacional”.
El informe examinó los antecedentes históricos del conflicto, las guerras, el bloqueo de 2022–2023, el desplazamiento forzado y los acontecimientos posteriores a marzo de 2025. Entre estos últimos incluyó el acuerdo rubricado entre Armenia y Azerbaiyán en Washington, el cierre del Proceso de Minsk, las políticas del Gobierno armenio respecto del retorno y de las instituciones de Artsaj, los juicios contra los prisioneros armenios, la destrucción del patrimonio y las condiciones de vida de los desplazados. Su diagnóstico fue que ninguna de esas cuestiones quedó resuelta con la ocupación azerbaiyana.
La publicación reunió 87 referencias numeradas y tomó como base estudios del Public International Law & Policy Group sobre autodeterminación y derecho al retorno, publicados en agosto y octubre de 2023, y un trabajo del Instituto Aram Manoukian de Planificación Estratégica de febrero de 2025. En una nota metodológica, ANC-INT informó que utilizó un asistente de inteligencia artificial para tareas de investigación, redacción, edición, cotejo de fuentes y formato, y aclaró que la organización dirigió el análisis, revisó el texto y asumió la responsabilidad por su contenido y sus conclusiones.
Los antecedentes históricos y la disputa anterior a la sovietización
El recorrido histórico del informe presentó a Artsaj como un territorio históricamente armenio que, en distintas épocas, integró Armenia, con raíces armenias anteriores al primer milenio antes de Cristo. También recordó la sucesión de dinastías principescas armenias que ejercieron el gobierno y preservaron su soberanía mediante tratados con las potencias vecinas.
En 1805, durante su expansión hacia el sur del Cáucaso, el Imperio ruso anexó el territorio, entonces bajo dominio persa. Persia reconoció esa incorporación mediante el Tratado de Gulistán de 1813. Tras las revoluciones rusas de 1917 y el derrumbe del régimen zarista, surgieron en 1918 las repúblicas independientes de Armenia y Azerbaiyán. El informe situó en ese período la disputa entre los armenios de Artsaj y Azerbaiyán, con la intervención del Ejército turco-otomano en apoyo de este último.
En julio de 1918, la primera asamblea armenia de la región declaró su autogobierno y creó un Consejo Nacional y un gobierno. El documento precisó que el territorio comprendido entonces era considerablemente mayor que el de la región autónoma establecida posteriormente bajo la Unión Soviética.
El Consejo Nacional suscribió un acuerdo provisional con Azerbaiyán en agosto de 1919. Según la reconstrucción de ANC-INT, las autoridades azerbaiyanas violaron reiteradamente sus términos. Ese proceso culminó con la masacre de armenios de Shushí en marzo de 1920: la mitad armenia de la ciudad fue destruida y su población fue asesinada o expulsada. El informe consignó que las estimaciones sobre las víctimas mortales oscilaron entre varios cientos y 20.000 personas. La novena asamblea regional anuló el acuerdo y se pronunció por la unión con Armenia.
“Entre 1918 y 1920, Karabaj poseía todos los atributos necesarios de un Estado, incluidos un ejército y autoridades legítimas”, sostuvo el documento. Agregó que la Sociedad de Naciones y las principales potencias reconocieron el carácter disputado del territorio, y que aquella organización no reconoció la soberanía de Azerbaiyán sobre él ni admitió a la república azerbaiyana como Estado miembro.
Dentro de las fronteras que tenía la región en 1918 vivían, según las cifras citadas, 330.000 armenios, equivalentes al 95% de su población; los azerbaiyanos representaban el 3% y otros grupos, el 2%. El informe estimó que aproximadamente el 20% de la población armenia murió como consecuencia de la agresión turco-azerbaiyana de 1918–1920.
La incorporación a Azerbaiyán soviético y las protestas armenias
La sovietización de las repúblicas del Cáucaso abrió una nueva etapa. El 30 de noviembre de 1920, el Gobierno sovietizado de Azerbaiyán reconoció a Artsaj como parte de Armenia, pero revirtió esa decisión pocos días después.
El informe distinguió ese proceso del Tratado de Moscú del 16 de marzo de 1921, firmado entre la Gran Asamblea Nacional de Turquía y la Rusia soviética, que colocó a Najicheván como territorio autónomo bajo el protectorado de Azerbaiyán soviético y no mencionó a Artsaj. El 12 de junio de ese año, el Gobierno de Armenia soviética declaró a Artsaj parte integrante de su territorio sobre la base de la voluntad expresada por su población.
El 5 de julio de 1921, sin embargo, el Buró del Cáucaso del Partido Comunista ruso, reunido con la participación de Stalin, decidió incorporar la región de población armenia a Azerbaiyán soviético con un régimen autónomo. La resolución invocó “la necesidad de armonía nacional entre musulmanes y armenios, el vínculo económico entre el Alto y el Bajo Karabaj y sus lazos permanentes con Azerbaiyán”.
ANC-INT caracterizó esa decisión como parte de la práctica estalinista de manipulación de las divisiones territoriales. En 1923, la región tenía casi 158.000 habitantes, de los cuales el 95% eran armenios. El 7 de julio de ese año, el Comité Revolucionario de Azerbaiyán soviético estableció la región autónoma sobre una parte del territorio de Artsaj.
El documento también describió la creación, entre 1924 y 1929, de la jurisdicción denominada “Kurdistán Rojo”, destinada a separar territorialmente a Artsaj de Armenia soviética. Aunque el área autónoma kurda fue abolida en 1930, permaneció la separación formada por los distritos de Berdzor y Karvachar. La Constitución soviética de 1936 consolidó ese ordenamiento.
Las protestas y peticiones dirigidas a Moscú continuaron durante las décadas siguientes. En septiembre de 1966, las autoridades de Armenia soviética solicitaron al poder central que examinara la restitución de Artsaj a Armenia. Hacia fines de los años sesenta, las manifestaciones masivas en Artsaj derivaron en una represión contra los activistas armenios.
El movimiento de 1988 y el proceso de independencia
El informe ubicó el comienzo de la etapa contemporánea del conflicto en febrero de 1988, cuando los armenios de Artsaj, alentados por la perestroika y la glasnost, impulsaron su separación del control azerbaiyano. El 20 de febrero, el Soviet regional solicitó a los máximos órganos legislativos de Armenia, Azerbaiyán y la Unión Soviética que resolvieran favorablemente el traspaso de la región autónoma a Armenia soviética.
“La respuesta dentro de Azerbaiyán fueron actos brutales de violencia organizados por nacionalistas azerbaiyanos con el apoyo tácito de la policía secreta, dirigidos contra la población civil armenia”, señaló ANC-INT. Entre el 27 y el 29 de febrero se produjo la masacre de Sumgait, donde los armenios fueron atacados en sus viviendas, sus comercios y las calles. El documento afirmó que las autoridades azerbaiyanas no procuraron detener ni juzgar a los responsables. Después se produjeron pogromos en Kirovabad y Bakú, además de expulsiones en ambos lados.
El Soviet Supremo de Azerbaiyán rechazó la solicitud el 13 de junio de 1988, mientras que el de Armenia la aprobó dos días después. El 18 de julio, el Soviet Supremo de la Unión Soviética resolvió mantener a Artsaj dentro de Azerbaiyán, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución soviética, que impedía modificar el territorio de una república sin su consentimiento.
Paralelamente, Moscú designó a Arkadi Volsky como su representante autorizado mediante una resolución del 24 de marzo de 1988. Desde el 20 de enero de 1989 funcionó en Artsaj una autoridad especial encabezada por Volsky y subordinada directamente al Gobierno soviético. Durante el verano de ese año se constituyó un Consejo Nacional que representó a los distintos sectores de la población.
La autoridad especial fue disuelta el 28 de noviembre de 1989. El 1 de diciembre, los parlamentos de Armenia soviética y de Artsaj aprobaron la reunificación en una sesión conjunta. Posteriormente, el órgano legislativo regional votó la separación de Azerbaiyán, decisión que Bakú rechazó y que el Presidium del Soviet Supremo de la Unión declaró nula.
El censo soviético de 1989 registró 189.000 habitantes en la región autónoma: el 76,9% eran armenios y el 21,5%, azerbaiyanos. El informe vinculó la evolución demográfica posterior con las políticas del Comité Organizativo de Azerbaiyán, instalado el 15 de enero de 1990 bajo la dirección de Viktor Polianichko. Aunque su objetivo declarado era restablecer los soviets locales, ANC-INT sostuvo que procuró eliminar la autonomía y alterar la mayoría armenia. Entre enero y mayo de 1991, los habitantes de 24 aldeas armenias fueron expulsados por la fuerza y más de la mitad del territorio de Artsaj quedó bajo ocupación militar de Azerbaiyán soviético.
Azerbaiyán anunció el restablecimiento de su independencia el 30 de agosto de 1991. El 2 de septiembre, los órganos legislativos de Artsaj y del distrito de Shahumyan, de población armenia, adoptaron conjuntamente la declaración de establecimiento de la república.
El documento fundamentó la legalidad de ese procedimiento en la ley soviética del 3 de abril de 1990 sobre la separación de las repúblicas de la Unión. Según su interpretación, esa norma permitía que las entidades autónomas y las minorías asentadas de manera compacta dentro de una república que se separaba iniciaran su propio proceso de autodeterminación.
El 18 de octubre de 1991, Azerbaiyán confirmó su independencia mediante un acto constitucional. En noviembre, su Parlamento aprobó la abolición de la región autónoma, medida que el presidente Ayaz Mutalibov convirtió en ley el 23 de noviembre. Bakú también modificó las fronteras administrativas y los nombres de ciudades y aldeas.
ANC-INT sostuvo que esas decisiones violaron los artículos 86 y 87 de la Constitución soviética y buscaron impedir que Artsaj utilizara las disposiciones legales sobre separación. El 27 de noviembre, el Comité de Supervisión Constitucional de la Unión Soviética consideró inconstitucionales tanto el Comité Organizativo como la abolición de la autonomía. También revocó la resolución armenia de reunificación de diciembre de 1989, pero no anuló la declaración de establecimiento de la república del 2 de septiembre de 1991.
El 10 de diciembre de 1991, Artsaj celebró un referéndum de independencia con observadores internacionales. La población azerbaiyana lo boicoteó y la soberanía recibió un respaldo abrumador. El 28 de diciembre se realizaron elecciones parlamentarias y el 6 de enero de 1992 el nuevo Parlamento adoptó la Declaración de Independencia sobre la base de los resultados de la consulta.
La primera guerra y la construcción institucional
El informe describió los bombardeos indiscriminados y ataques terrestres de Azerbaiyán contra Stepanakert y otras localidades desde comienzos de 1991. Para el verano de 1992, las fuerzas azerbaiyanas ocuparon aproximadamente la mitad del territorio de la república y desplazaron a numerosos habitantes armenios.
Los armenios de Artsaj organizaron un ejército y emprendieron operaciones para neutralizar las posiciones desde las cuales se atacaba a la población y romper el bloqueo. El 8 de mayo de 1992, las fuerzas de defensa tomaron Shushí, utilizada para bombardear Stepanakert, y el 18 de mayo establecieron la conexión terrestre con Armenia a través de Berdzor.
El 20 de septiembre de 1992, el Parlamento solicitó el reconocimiento de la república a las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Independientes y distintos países. Mientras continuaban las operaciones militares, Artsaj avanzó en la organización de sus instituciones.
El 27 de marzo de 1993, en respuesta a una ofensiva azerbaiyana, sus fuerzas lanzaron contraataques sobre Karvachar y Varanda. La captura de Karvachar el 3 de abril eliminó posiciones de ataque desde el norte y el oeste. Entre el 23 de julio y el 4 de septiembre, las fuerzas armenias tomaron Akna, Varanda, Jrakan y Horadiz. El informe explicó esas operaciones como la creación de una zona de seguridad para proteger a los civiles de los ataques indiscriminados.
Entre diciembre de 1993 y mayo de 1994, el Ejército azerbaiyano reorganizado lanzó nuevas ofensivas sin éxito. Al momento del alto el fuego, Azerbaiyán mantenía ocupado todo Shahumyan y partes de los distritos de Martakert y Martuní, mientras Artsaj controlaba territorios azerbaiyanos que, según ANC-INT, tomó con fines defensivos.
El acuerdo de alto el fuego, firmado por Artsaj, Azerbaiyán y Armenia, entró en vigor el 12 de mayo de 1994. El 28 de diciembre de ese año, el Parlamento estableció la Presidencia y eligió a Robert Kocharyan como presidente provisional en presencia de observadores internacionales. Kocharyan fue reelegido por voto popular el 24 de noviembre de 1996. Tras su designación como primer ministro de Armenia, Arkadi Ghukasyan ganó las elecciones presidenciales de agosto de 1997 para un mandato de cinco años.
“Desde 1997 hasta 2020, Nagorno Karabaj celebró elecciones libres y justas con regularidad y funcionó como una entidad política democrática moderna, con transiciones de gobierno pacíficas y regulares”, afirmó el informe. En 2017 adoptó oficialmente el nombre República de Artsaj.
Los Principios de Madrid y la negociación internacional
La publicación repasó los Principios de Madrid, presentados el 29 de noviembre de 2007 por los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Aquella propuesta contempló que el estatus jurídico definitivo se determinara mediante un plebiscito que permitiera la expresión libre y genuina de la voluntad de la población.
También estableció derechos y garantías durante un período transitorio, la devolución a Azerbaiyán de los territorios circundantes bajo control armenio, un corredor de ancho acordado hacia Armenia y el retorno voluntario de todos los desplazados y refugiados a sus lugares de residencia, una vez que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considerara adecuadas las condiciones.
El régimen transitorio reconocía a los habitantes el derecho a proteger su viabilidad política y económica y su seguridad dentro de una sociedad democrática regida por el Estado de derecho. Preveía la elección de autoridades con facultades legislativas y ejecutivas sobre los asuntos internos, tribunales para administrar justicia y relaciones exteriores en las áreas que especificara el acuerdo.
Las autoridades transitorias también podrían participar como observadoras en las sesiones de la OSCE que trataran cuestiones directamente relacionadas con Artsaj y solicitar el ingreso a organizaciones que no exigieran la condición de Estado. La población tendría derecho a recibir ayuda internacional para necesidades humanitarias, derechos humanos, desarrollo económico y democrático y vínculos culturales y comerciales, además de buscar inversiones extranjeras y acceder a mercados internacionales.
Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán no firmaron los principios, pero estos continuaron como base de las negociaciones. Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Francia los reafirmaron en la cumbre del G8 de L’Aquila de 2009 y en posteriores declaraciones conjuntas.
El informe recordó el apoyo de Armenia y de la diáspora al proceso de negociación, las gestiones del Grupo de Minsk y la influencia de las relaciones entre Washington, Moscú, París, Ereván, Bakú y Stepanakert. También señaló el respaldo constante de Turquía a Azerbaiyán y la posición de Irán, que mantuvo una neutralidad oficial, frecuentemente se inclinó a favor de Armenia y, al mismo tiempo, sostuvo posiciones favorables a Azerbaiyán en la Organización de Cooperación Islámica.
Aunque la relación con Armenia contenía elementos sustanciales de reconocimiento, ningún Estado miembro de la ONU reconoció formalmente a Artsaj, que funcionó como un Estado de facto. Las tensiones se intensificaron después de 2014, con la guerra de cuatro días de abril de 2016 y los enfrentamientos de julio de 2020 entre Tavush, en Armenia, y Tovuz, en Azerbaiyán.
La guerra de 2020 y el incumplimiento del alto el fuego
El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán lanzó una ofensiva a gran escala contra Artsaj. El documento identificó el respaldo de asesores militares y armamento de Turquía, el apoyo de Israel y Pakistán y la participación de mercenarios sirios. La guerra transcurrió durante la pandemia de COVID-19, mientras Estados Unidos atravesaba una campaña presidencial y Washington, Moscú y París intentaban mediar.
Después de seis semanas, en la noche del 9 al 10 de noviembre, Vladímir Putin medió un acuerdo de alto el fuego con Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan. El entendimiento dispuso el retiro de fuerzas armenias y el despliegue de fuerzas de paz rusas. Azerbaiyán conservó las partes de Artsaj que capturó y recuperó los distritos circundantes.
El artículo 7 contempló el retorno de desplazados y refugiados bajo supervisión de ACNUR. “Ninguno de los armenios desplazados por la guerra pudo regresar a las zonas que Azerbaiyán capturó”, señaló el informe. El artículo 8 estableció el intercambio de prisioneros de guerra, rehenes y otras personas detenidas, pero ese proceso nunca se completó: dos hombres capturados en octubre de 2020 continuaban encarcelados al momento de la actualización.
El corredor de Lachín, de cinco kilómetros de ancho y única conexión terrestre con Armenia, quedó bajo supervisión rusa y presión militar azerbaiyana. La línea del alto el fuego tampoco se mantuvo: en diciembre de 2020, Azerbaiyán ocupó Khtsaberd y Hin Tagher, en Hadrut, y capturó a decenas de militares armenios.
Durante 2021, las fuerzas azerbaiyanas ingresaron en territorio soberano de Armenia y Bakú formuló reclamos sobre zonas que presentó como tierras históricamente azerbaiyanas. En marzo de 2022 tomó Parukh y posiciones en las alturas de Karaglukh. El informe también recordó que Azerbaiyán comenzó a construir una ruta alternativa al corredor en 2021 sin consultar a Armenia y, cuando el trazado cambió a fines de agosto de 2022, ocupó Berdzor, Aghavno y Sus.
El reconocimiento sin garantías y el bloqueo genocida
El 13 y el 14 de septiembre de 2022, Azerbaiyán lanzó una ofensiva de gran escala contra Armenia, con ataques sobre Jermuk, Goris, Sotk y otras localidades. Armenia informó 207 militares muertos o desaparecidos.
Tres semanas después, el 6 de octubre, Pashinyan y Aliyev se reunieron en Praga con Emmanuel Macron y Charles Michel. La declaración posterior reafirmó el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Alma-Ata de 1991, “mediante la cual ambos reconocen mutuamente su integridad territorial y soberanía”.
“Al aceptar esta fórmula, el Gobierno armenio reconoció a Nagorno Karabaj como parte de Azerbaiyán, sin ninguna garantía acordada para los derechos y la seguridad de su población armenia y sin la participación de sus representantes electos”, sostuvo ANC-INT.
Tras una reunión en Bruselas el 14 de mayo de 2023, Pashinyan explicitó el 22 de mayo el reconocimiento de los 86.600 kilómetros cuadrados de Azerbaiyán, incluida Artsaj, y propuso abordar los derechos y la seguridad de sus armenios mediante un diálogo entre Bakú y Stepanakert con garantías internacionales. La Asamblea Nacional de Artsaj rechazó esa declaración en una sesión de emergencia.
“Nunca se concretaron ese diálogo ni esas garantías”, afirmó el informe. También señaló la secuencia temporal: el bloqueo comenzó nueve semanas después de Praga y la ofensiva que terminó con la presencia armenia se produjo cuatro meses después de la declaración posterior a Bruselas.
El bloqueo genocida comenzó el 12 de diciembre de 2022, cuando azerbaiyanos que se presentaron como manifestantes ambientalistas interrumpieron el tránsito por el corredor de Lachín. Desde abril de 2023, un puesto de control militar azerbaiyano reemplazó esa presencia. Las fuerzas rusas no intervinieron.
Durante nueve meses, la población sufrió una grave escasez de alimentos, medicamentos, electricidad, agua y gas. El informe describió ataques deliberados contra infraestructura civil de combustible, energía e internet, además de la instalación de controles militares para impedir rutas alternativas y aislar a los habitantes del resto del mundo.
Antes del bloqueo ingresaban aproximadamente 400 toneladas diarias de alimentos y medicamentos. El cierre impidió el acceso de convoyes humanitarios y amenazó la supervivencia de la población. El documento recordó que distintos actores, incluida Armenia, caracterizaron esa política como un acto genocida.
En febrero de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Azerbaiyán adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el movimiento sin obstáculos de personas, vehículos y cargas en ambas direcciones. “Azerbaiyán no tomó ninguna medida para cumplir esta orden”, afirmó ANC-INT.
Las autoridades de Artsaj debieron racionar los alimentos básicos y priorizar a las familias con niños. Los hospitales seleccionaron a los pacientes que podían tratar para preservar sus recursos. El informe vinculó las muertes durante ese período con la desnutrición y la falta de atención médica, agua, electricidad y combustible.
La ofensiva de septiembre de 2023 y el desplazamiento forzado
El 19 de septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva. En un ataque de 24 horas ocupó casi todo el territorio que permanecía bajo control armenio. El alto el fuego del día siguiente impuso el desarme de las fuerzas de Artsaj.
El 28 de septiembre, bajo coacción, el presidente Samvel Shahramanyan firmó un decreto que preveía la disolución de las instituciones estatales antes del 1 de enero de 2024. El informe precisó que, después de trasladarse a Ereván, Shahramanyan firmó el 19 de octubre de 2023 el decreto 659-N, que anuló aquella decisión. La anulación se conoció el 22 de diciembre, cuando declaró que ningún documento de Artsaj establecía la disolución de sus instituciones, y el texto se hizo público el 14 de mayo de 2025.
Tras el bloqueo y la ofensiva, prácticamente toda la población armenia, estimada entonces en 120.000 personas, debió abandonar su tierra ante la violencia, la persecución y la amenaza de genocidio. Para el 3 de octubre, más de 100.600 personas se registraron como llegadas a Armenia. Una misión de la ONU informó que solamente entre 50 y 1.000 armenios permanecían en Artsaj.
El documento también describió saqueos de las viviendas abandonadas por la fuerza, cometidos por soldados azerbaiyanos y difundidos mediante fotografías y videos en redes sociales. Las fuerzas de paz rusas se retiraron a mediados de 2024. Azerbaiyán demolió el edificio de la Asamblea Nacional en marzo de 2024 y el del Gobierno en marzo de 2025, ambos en Stepanakert.
La organización del reclamo por el retorno
El 2 de diciembre de 2023, la Asamblea Nacional de Artsaj, reunida en Ereván, creó el Comité Internacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Nagorno Karabaj y le encomendó impulsar el derecho al retorno.
El informe reprodujo su declaración del 9 de marzo de 2025, emitida después de una reunión de todos sus integrantes y encuentros con las autoridades parlamentarias. “Desde su creación, el Comité se centró en promover el retorno seguro, voluntario y digno de la población armenia de Nagorno Karabaj desplazada por la fuerza a su patria. Trabajó para lograr la liberación de todos los cautivos armenios recluidos en las prisiones de Bakú y para garantizar la protección del patrimonio cultural y religioso armenio, así como de las propiedades abandonadas”, expresó aquel comunicado.
El Comité destacó la orden de la CIJ del 17 de noviembre de 2023 y las resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo y el 25 de octubre de 2024 como instrumentos que reafirmaron el derecho al retorno. También mencionó el apoyo público de Estados Unidos, Rusia y Francia, entonces copresidentes del Grupo de Minsk, y la iniciativa parlamentaria suiza para establecer un foro de diálogo entre Azerbaiyán y los representantes de la población de Artsaj.
En esa declaración anunció gestiones y actividades en Washington, Bruselas, Ginebra y otras capitales para avanzar hacia un proceso formal de mediación. También decidió intensificar sus esfuerzos por los prisioneros y cuestionó la inacción del Gobierno armenio.
“Mientras Azerbaiyán organiza juicios simulados contra los dirigentes democráticamente elegidos de Nagorno Karabaj e intenta silenciar a su pueblo, las principales potencias mundiales no tomaron medidas concretas para impedir nuevas violaciones”, sostuvo el Comité. Reclamó una intervención de los actores internacionales, en particular de los copresidentes del Grupo de Minsk, y anunció la continuidad de sus gestiones ante la ONU, la OSCE y organizaciones de derechos humanos.
El acuerdo de Washington y los derechos que quedaron fuera
El 13 de marzo de 2025, la Cancillería armenia anunció que aceptó las propuestas de Azerbaiyán sobre los dos artículos pendientes del proyecto de acuerdo de paz y que las negociaciones sobre el texto concluyeron. Armenia propuso una declaración conjunta, pero Bakú optó por un anuncio unilateral.
ANC-INT sostuvo que, bajo presión azerbaiyana y amenaza de uso de la fuerza, Ereván aceptó el retiro recíproco de las demandas internacionales y la exclusión de los observadores europeos desplegados en la frontera desde 2022. El informe recordó que el proyecto no abordó el retorno de los armenios de Artsaj ni la liberación inmediata e incondicional de los 23 rehenes armenios confirmados en aquel momento, entre ellos ocho exdirigentes políticos y militares. Esa cifra correspondió a marzo de 2025; la actualización posterior contabilizó 20.
El 8 de agosto de 2025, durante una cumbre organizada por Donald Trump en Washington, Pashinyan y Aliyev firmaron una declaración conjunta y los cancilleres rubricaron el “Acuerdo sobre el establecimiento de la paz y las relaciones interestatales”. El texto de 17 artículos se publicó el 11 de agosto.
“El texto refleja el resultado del uso y la amenaza de la fuerza por parte de Azerbaiyán desde 2020. Guarda silencio sobre todo lo que más importa a los armenios de Artsaj”, afirmó ANC-INT. “No contiene ninguna disposición sobre su derecho al retorno, su seguridad, sus propiedades o su patrimonio cultural, ninguna sobre la liberación de los rehenes armenios retenidos en Bakú —solo prevé cooperación sobre personas desaparecidas y desapariciones forzadas— y ninguna sobre el retiro de las fuerzas azerbaiyanas del territorio soberano de la República de Armenia”.
El informe citó un estudio cartográfico de CivilNet según el cual, en octubre de 2025, Azerbaiyán controlaba al menos 241,4 kilómetros cuadrados de territorio armenio, mientras las fuerzas armenias controlaban unos 21 kilómetros cuadrados de territorio azerbaiyano. Ambas cifras excluyeron los enclaves de la época soviética. La actualización no registró retiros posteriores.
El artículo XV exige retirar o resolver todas las reclamaciones y procedimientos interestatales dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del acuerdo. Según ANC-INT, esa disposición pondría fin a la causa presentada por Armenia ante la CIJ bajo la Convención contra la Discriminación Racial y a sus demandas interestatales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto con las principales vías internacionales para exigir responsabilidades por la guerra, el bloqueo y el desplazamiento forzado.
El artículo VII prohíbe desplegar fuerzas de terceros a lo largo de la frontera, una cláusula que el informe vinculó con la oposición de Azerbaiyán a la misión de la Unión Europea en Armenia. El artículo VIII, referido al combate contra el “separatismo” y el “extremismo”, fue cuestionado por su tensión con el compromiso de no injerencia del artículo IV.
“La implementación se confía únicamente a una comisión bilateral, sin verificación independiente ni consecuencias por las violaciones”, advirtió el documento. También sostuvo que las concesiones sobre los artículos VII y XV se obtuvieron bajo nuevas presiones militares en marzo de 2025.
Almá-Atá, la Constitución armenia y las condiciones de Bakú
ANC-INT cuestionó la utilización de la Declaración de Almá-Atá de 1991 como fundamento de la inviolabilidad de las fronteras internacionales en la declaración de Washington. Según la interpretación jurídica del informe, aquel instrumento no creó una obligación vinculante de Armenia hacia Azerbaiyán, que ingresó en la Comunidad de Estados Independientes recién el 24 de septiembre de 1993.
El documento sostuvo que el reconocimiento formal recíproco de fronteras entre los miembros de esa organización llegó con la Carta del 22 de enero de 1993, de la cual Azerbaiyán todavía no formaba parte. También señaló que Armenia ratificó el acuerdo fundacional el 18 de febrero de 1992 con una reserva explícita que reconoció a la república de Artsaj como Estado independiente con derecho a incorporarse a la organización, posición que, según ANC-INT, se reafirmó mediante la decisión parlamentaria del 8 de julio de 1992 y la Constitución del 5 de julio de 1995.
La cumbre de Washington también lanzó la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional” (TRIPP), a través de la provincia armenia de Syunik. ANC-INT remitió ese proyecto a un análisis específico publicado por separado.
Al momento de la actualización, el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán seguía sin firmarse. Bakú condicionó la firma a la eliminación de la referencia a la Declaración de Independencia de 1990 en el preámbulo de la Constitución armenia, porque aquella declaración remite a la decisión de reunificación de Armenia soviética y Artsaj del 1 de diciembre de 1989.
“El acuerdo en sí no contiene tal requisito”, subrayó ANC-INT. Recordó que el artículo XII establece que ninguna parte puede invocar su legislación interna para justificar el incumplimiento. Pese a ello, señaló que las condiciones azerbaiyanas continuaron aumentando.
El informe recordó que, en enero de 2025, Aliyev llamó a Armenia un “Estado fascista”, afirmó que el denominado “corredor de Zangezur” “debe abrirse y se abrirá” y exigió una reforma constitucional. También mantuvo el reclamo de “retorno” de azerbaiyanos a lo que Bakú denomina “Azerbaiyán Occidental”, una construcción que abarca gran parte de la República de Armenia.
En septiembre de 2026, la ministra de Justicia armenia informó que el proyecto de nueva Constitución se publicaría hacia fines de año. El informe precisó que su sometimiento a referéndum requiere la aprobación previa de dos tercios de la Asamblea Nacional.
Contrato Civil obtuvo el 49,75% de los votos en las elecciones del 7 de junio de 2026 y recibió 64 de las 105 bancas, por debajo de ese umbral. ANC-INT también describió la controversia por la anulación de los resultados de tres mesas y la decisión de no repetir la votación, que dejó a Armenia Próspera con el 3,99%, apenas por debajo del mínimo del 4%.
De superar ese umbral Armenia Próspera, Contrato Civil habría obtenido 61 bancas y tampoco habría alcanzado la mayoría de tres quintos necesaria para aprobar leyes constitucionales. El Tribunal Constitucional confirmó el criterio electoral el 4 de julio. El informe de observación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró insatisfactoria la decisión y señaló entre sus preocupaciones “la privación del derecho de voto al electorado de un partido opositor, con consecuencias parlamentarias significativas”.
El cierre del Proceso de Minsk
En Washington, Armenia y Azerbaiyán también firmaron una solicitud conjunta para cerrar el Proceso de Minsk, otra de las condiciones planteadas por Bakú. El Consejo Ministerial de la OSCE aprobó la decisión el 1 de septiembre de 2025 y dispuso la eliminación del Grupo de Minsk, del representante personal de la Presidencia en Ejercicio y del Grupo de Planificación de Alto Nivel. El cierre se completó a las 23.59 del 30 de noviembre.
La Asamblea Nacional de Artsaj condenó la medida. “El formato desapareció, pero no la cuestión que llevó a su creación en 1992: los derechos y la seguridad de los armenios de Artsaj”, afirmó el informe.
ANC-INT advirtió que, desde entonces, no quedó un mecanismo con mandato internacional que incluyera en su agenda el estatus de Artsaj y los derechos de su población, entre ellos el plebiscito y el retorno previstos en los Principios de Madrid. “Abandonar la mediación internacional transmite a la región que es el poder, y no el derecho, lo que decide las disputas”, sostuvo.
La posición de Pashinyan sobre el retorno y las instituciones de Artsaj
El documento examinó el cambio de posición del Gobierno armenio. En su mensaje del 18 de agosto de 2025, Pashinyan presentó el retorno como peligroso y al movimiento por Artsaj como una carga del pasado. ANC-INT contrapuso esas declaraciones con la plataforma electoral de Contrato Civil de 2021, que incorporó la autodeterminación de Artsaj como un pilar de la política exterior.
El 11 de diciembre de 2025, en Hamburgo, Pashinyan sostuvo que el retorno “no es realista”, declaró cerrado el movimiento y propuso una hoja de ruta conjunta con Azerbaiyán para cerrar simultáneamente esa cuestión y la narrativa de “Azerbaiyán Occidental”. El informe también consignó que, en mayo de 2026, afirmó que Artsaj no era territorio armenio y calificó al movimiento como un error fatal; en agosto describió el conflicto como una “trampa”. El programa gubernamental 2026–2031 incorporó como objetivo principal la institucionalización de la paz que presentó como ya establecida.
“El derecho de los armenios de Artsaj al retorno les pertenece en virtud del derecho internacional; ningún gobierno puede renunciar a él en su nombre”, respondió ANC-INT.
El informe recordó que la orden vinculante de la CIJ del 17 de noviembre de 2023 obliga a Azerbaiyán a garantizar que quienes abandonaron Artsaj después del 19 de septiembre y deseen regresar puedan hacerlo de manera segura, sin obstáculos y con rapidez. También exige proteger los registros y documentos de identidad y propiedad privada.
“Colocar ese derecho en el mismo plano que la narrativa de ‘Azerbaiyán Occidental’, dirigida contra el territorio soberano de la República de Armenia, trata a un derecho reconocido como si fuera una reclamación territorial”, sostuvo.
La actualización también registró las acciones contra las instituciones representativas de la población desplazada. El 21 de mayo de 2025, al vencer el mandato de Shahramanyan, la Asamblea Nacional eligió a Ashot Danielyan como presidente del Parlamento, quien asumió las atribuciones presidenciales de acuerdo con la Constitución de Artsaj.
Shahramanyan fue interrogado reiteradamente por organismos policiales y judiciales armenios durante 2025. Pashinyan rechazó la existencia de un gobierno de Artsaj en el exilio con el argumento de que Armenia no podía permitir un “segundo Estado” en su territorio.
En julio de 2025, la Fiscalía General armenia demandó la anulación del registro de propiedad de Artsaj sobre el edificio de su Representación Permanente en Ereván. El Tribunal Administrativo hizo lugar al reclamo el 26 de mayo de 2026, después de rechazar la participación de la república o su gobierno como parte del proceso. La decisión fue apelada.
Durante un acto de campaña del 18 de mayo de 2026, Pashinyan atacó a las “pseudoélites de Karabaj”, cuestionó la existencia de un Parlamento o gobierno de Artsaj en Armenia y amenazó con “erradicar” esas estructuras. El informe también recogió las expresiones “fugitivos” e “ingratos” dirigidas a desplazados.
El activista Artur Osipyan, que lo confrontó durante ese acto, fue detenido minutos después y permaneció en prisión preventiva hasta el 10 de junio, después de las elecciones. Danielyan renunció el 2 de julio y denunció una campaña en su contra. El vicepresidente Gagik Baghunts asumió interinamente la conducción del Parlamento, que suspendió la elección de un nuevo presidente y mencionó, entre sus motivos, la presión de las autoridades armenias.
Los 20 rehenes armenios y los juicios simulados en Bakú
El 5 de febrero de 2026, después de más de 150 audiencias de un proceso iniciado el 17 de enero de 2025, el Tribunal Militar de Bakú condenó a prisión perpetua al expresidente Arayik Harutyunyan, al excomandante del Ejército de Defensa Levon Mnatsakanyan, al ex primer subcomandante Davit Manukyan, al expresidente de la Asamblea Nacional Davit Ishkhanyan y al excanciller Davit Babayan.
Los expresidentes Arkadi Ghukasyan y Bako Sahakyan recibieron penas de 20 años, porque la legislación azerbaiyana impide imponerles prisión perpetua por su edad. Otros ocho armenios juzgados junto con ellos recibieron condenas de entre 15 y 19 años. El Tribunal de Apelación confirmó el fallo el 6 de agosto y los recursos de casación permanecían pendientes ante la Corte Suprema.
En un proceso separado, el mismo tribunal condenó al exministro de Estado Ruben Vardanyan a 20 años de prisión el 17 de febrero. Vardanyan decidió no apelar porque consideró que el procedimiento fue una puesta en escena y que los recursos internos carecían de eficacia.
“Los juicios siguieron un mismo patrón: un tribunal militar que juzga a civiles, en audiencias mayormente cerradas a observadores independientes, medios extranjeros y familias; 422 volúmenes de expedientes, unas 105.000 páginas, en su mayoría sin traducir; exclusión de los abogados elegidos por los acusados; declaraciones finales interrumpidas; altos funcionarios, incluido el presidente Aliyev, que llamaron a los acusados ‘terroristas’ y ‘criminales de guerra’ antes de cualquier veredicto; y sentencias que todavía no se entregaron íntegramente a los acusados, sus familias o sus abogados”, describió ANC-INT.
La Comisión Internacional de Juristas concluyó, según la publicación, que los procesos no cumplieron las garantías de imparcialidad, igualdad de armas y escrutinio público exigidas por el derecho internacional. Las demandas en representación de Vardanyan y de los otros 15 armenios se presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de julio y el 21 de agosto de 2026, respectivamente. Ese tribunal mantuvo medidas provisionales para que Azerbaiyán informara sobre su estado, pero Bakú no entregó las sentencias completas solicitadas.
El recuento de ANC-INT identificó 20 rehenes: los ocho exdirigentes, los ocho hombres juzgados junto con siete de ellos, dos prisioneros de guerra capturados en 2020 y dos civiles. Entre estos últimos incluyó a Karen Avanesyan, uno de los pocos armenios que permanecieron en Stepanakert, detenido en septiembre de 2025 y condenado a 16 años.
El documento explicó que las declaraciones oficiales armenias mencionaron 19 detenidos porque no incluyeron a Avanesyan. Los 20 recibieron condenas de entre 15 años y prisión perpetua.
“Las liberaciones solo llegaron como acuerdos políticos”, sostuvo ANC-INT. El 14 de enero de 2026, Vagif Khachatryan, Vigen Euljekjian, Gevorg Sujyan y Davit Davtyan fueron liberados en paralelo con la entrega, por parte de Armenia, de dos mercenarios sirios que combatieron para Azerbaiyán en 2020.
Aislamiento, denuncias de tortura y personas desaparecidas
“Los rehenes permanecen en un aislamiento casi total”, afirmó el informe. A pedido de Azerbaiyán, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cerró su delegación en el país el 3 de septiembre de 2025. La última visita que identificó el organismo fue la realizada por representantes provenientes de Ginebra el 24 y el 25 de diciembre de ese año.
El informe de la visita de 2025 del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa continuó sin publicarse porque Azerbaiyán no prestó su consentimiento. Tampoco se registraron visitas familiares ni encuentros de los prisioneros con el abogado que los representa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
ANC-INT recogió denuncias de la defensa sobre golpizas que provocaron fracturas, atención médica insuficiente y abusos por motivos religiosos. También citó a la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, que, sobre la base de declaraciones de funcionarios armenios, informó que a los prisioneros les negaron biblias, los obligaron a leer el Corán y les quemaron tatuajes cristianos.
Las 1.254 cartas reunidas en distintos países para los prisioneros no pudieron entregarse. Armenia informó que los terceros países a los que pidió gestiones de acceso consular recibieron de Azerbaiyán la indicación de “mantenerse al margen”.
El documento distinguió a esos 20 rehenes de al menos 80 armenios capturados durante la guerra de 2020 cuya detención Azerbaiyán niega y que permanecen como víctimas de desaparición forzada. Por otra parte, el CICR registró a 429 armenios desaparecidos en relación con las escaladas de 2020–2023.
La destrucción del patrimonio armenio
“Desde septiembre de 2023, Azerbaiyán avanzó en la eliminación de la presencia armenia del paisaje físico e histórico de Artsaj”, señaló ANC-INT. El proyecto ACLED registró casi 80 episodios de destrucción de sitios históricos, religiosos, políticos y residenciales armenios entre 2021 y agosto de 2024, con una aceleración después del desplazamiento forzado.
Las imágenes satelitales analizadas por Caucasus Heritage Watch mostraron la destrucción de la Catedral de la Santa Madre de Dios de Stepanakert, la iglesia armenia más grande de Artsaj, entre el 3 de marzo y el 2 de abril de 2026. La iglesia de San Hakob fue demolida en abril, mientras que el memorial del centenario del Genocidio Armenio fue destruido entre julio de 2025 y abril de 2026.
El Consejo de Musulmanes del Cáucaso, vinculado al Estado azerbaiyano, justificó las demoliciones con el argumento de que las iglesias fueron construidas ilegalmente durante lo que llamó el período de ocupación.
En Shushí continuó la destrucción de cementerios armenios, mientras las modificaciones y nuevas construcciones en torno de la Catedral Ghazanchetsots amenazaron su identidad armenia.
“Estos actos violan la orden de la Corte Internacional de Justicia del 7 de diciembre de 2021, que exige a Azerbaiyán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar los actos de vandalismo y profanación que afecten al patrimonio cultural armenio”, afirmó el informe.
Las visitas diplomáticas y la atribución de los monasterios a la Albania caucásica
El 11 y el 12 de septiembre de 2026, la Administración Presidencial de Azerbaiyán organizó una visita diplomática a Artsaj. Bakú afirmó que participaron representantes de 58 países y nueve organizaciones internacionales. ANC-INT identificó por sus nombres a representantes de 21 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y de cuatro organizaciones internacionales. Entre los participantes estuvo la representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, Magdalena Grono.
En Gandzasar y Dadivank, el asistente presidencial Hikmet Hajiyev presentó ambos monasterios armenios como pertenecientes a la Albania caucásica y acusó a los armenios de falsificar su identidad. El Matenadaran respondió que los originales de los manuscritos exhibidos por Hajiyev mediante réplicas se conservan en Ereván.
“El registro público de la visita no contiene ningún encuentro con los armenios desplazados, ninguna discusión sobre su retorno y ninguna referencia a la orden de la Corte del 17 de noviembre de 2023”, advirtió ANC-INT.
Durante las semanas siguientes, organismos estatales, académicos, religiosos y civiles azerbaiyanos reiteraron esa atribución. La denominada Comunidad de Azerbaiyán Occidental la extendió a sitios ubicados dentro de Armenia.
Hajiyev también anunció una visita diplomática similar a Najicheván, donde fue destruido el cementerio armenio medieval de Julfa. El informe vinculó esas acciones con una política de reescritura histórica que acompaña la destrucción material del patrimonio.
Las respuestas parlamentarias y judiciales internacionales
“El registro internacional no siguió la afirmación de Bakú de que el conflicto está cerrado”, sostuvo el documento.
ANC-INT enumeró las resoluciones del Parlamento Europeo del 13 de marzo de 2025, aprobada por 523 votos contra tres; del 30 de abril de 2026, por 476 contra 47; y del 8 de octubre de 2026, por 492 contra 23. Esos pronunciamientos condenaron los juicios simulados y la detención injusta de los prisioneros, exigieron su liberación inmediata e incondicional, reclamaron una investigación de la Corte Penal Internacional sobre el desplazamiento forzado, reafirmaron el retorno seguro y digno bajo garantías internacionales y denunciaron la destrucción del patrimonio.
El Parlamento de Azerbaiyán respondió con la suspensión de toda cooperación con el Parlamento Europeo.
En enero de 2026, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reclamó, por 75 votos contra uno, la liberación de los detenidos por cargos políticamente motivados, incluidos los armenios. El 3 de febrero, la Asamblea Nacional francesa exigió la liberación inmediata e incondicional de los dirigentes políticos de Artsaj por 183 votos y ninguno en contra.
La Cámara de Representantes de Bélgica condenó la agresión militar azerbaiyana el 17 de julio de 2025. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reclamó la liberación de todos los prisioneros armenios el 22 de julio de 2026, por 44 votos contra siete.
En octubre de 2026, 101 integrantes del Congreso estadounidense solicitaron al secretario de Estado que priorizara la liberación y suspendiera la asistencia militar a Azerbaiyán si no cooperaba. En el Reino Unido, una investigación parlamentaria multipartidaria examinó el desplazamiento forzado, la destrucción del patrimonio y la responsabilidad jurídica.
El foro suizo pendiente y las demandas de los desplazados
La moción 24.4259, aprobada por el Parlamento suizo en marzo de 2025, encomendó al Consejo Federal convocar, dentro de un año, un foro internacional entre Azerbaiyán y los representantes de los armenios de Artsaj. Estos últimos viajaron a Berna en abril de 2026 y expresaron su disposición a participar.
Sin embargo, el Consejo Federal no convocó el foro. Según el informe, sostuvo que su Cancillería no podía planificarlo, que Armenia y Azerbaiyán lo rechazaban y que Suiza no mantenía contactos con representantes de una entidad que no reconocía. ANC-INT observó que la moción no asignaba ningún papel a la República de Armenia.
Un grupo multipartidario de 19 parlamentarios, la Iniciativa Suiza de Paz para Nagorno Karabaj, continuó reclamando su implementación.
La vía judicial también se amplió. Para abril de 2026, la Iniciativa Jurídica Internacional para Artsaj presentó más de 500 demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de más de 1.000 desplazados. Las presentaciones abordaron el desplazamiento forzado, la pérdida de propiedades, las condiciones durante el bloqueo y la imposibilidad de regresar.
El informe también consignó comunicaciones ante mecanismos de la ONU y una denuncia presentada en Suiza sobre el presunto papel de SOCAR Trading en el financiamiento de las acciones de Azerbaiyán contra la población de Artsaj.
De la mayoría armenia a la expulsión y el repoblamiento azerbaiyano
El capítulo demográfico reconstruyó la transformación de la población: los armenios representaban aproximadamente el 95% cuando se creó la región autónoma en 1923 y el 89% en el primer censo soviético de 1926. En 1989, su proporción descendió al 76,9%.
ANC-INT vinculó ese descenso con el asentamiento de población azerbaiyana durante el período soviético y recordó que Heydar Aliyev, que dirigió Azerbaiyán soviético entre 1969 y 1982, reconoció en 2002 que buscó aumentar la cantidad de azerbaiyanos y reducir la de armenios en Artsaj.
El censo de 2015 registró unos 145.000 residentes, prácticamente todos armenios. Antes de la guerra de 2020, la población se estimaba en unas 150.000 personas. Durante aquella guerra, alrededor de 90.000 huyeron a Armenia y unas 34.000 perdieron sus viviendas en los territorios capturados por Azerbaiyán, incluidos Hadrut y Shushí.
En vísperas del ataque de septiembre de 2023 vivían aproximadamente 120.000 armenios en Artsaj. Dentro de los diez días siguientes, más de 100.600 llegaron a Armenia. Al considerar los desplazamientos de 2020 y 2023, el informe estimó que unas 150.000 personas fueron expulsadas de Artsaj desde 2020.
Mientras tanto, Azerbaiyán desarrolló su programa de “Gran Retorno”, que fijó como objetivo alcanzar 140.000 residentes para fines de 2026 en la región y en la zona que Bakú denomina “Zangezur Oriental”. Para el 1 de octubre de 2026, el programa registró 40.520 personas asentadas. Ese mismo mes, Aliyev afirmó que 96.000 personas vivían, trabajaban y estudiaban allí.
“Azerbaiyán asienta así a sus propios ciudadanos en tierras armenias mientras niega el retorno a los armenios que desplazó”, sostuvo ANC-INT. “Cada asentamiento construido en tierras y viviendas que pertenecían a armenios hace más difícil concretar su retorno y vuelve más urgente un mecanismo internacional que proteja sus propiedades y su derecho al retorno”.
Las consecuencias humanitarias en Armenia
El informe contabilizó 265 militares y 21 civiles muertos durante la ofensiva de septiembre de 2023. Al menos 218 personas murieron en la explosión de un depósito de combustible cerca de Stepanakert durante el desplazamiento, y por lo menos 64 personas mayores o en situación de vulnerabilidad fallecieron durante la expulsión.
Las familias desplazadas continuaron sin poder visitar las tumbas de sus allegados, gestionar la repatriación de restos o acceder a sus iglesias y monumentos. ANC-INT también señaló la falta de un mecanismo para determinar el destino de los desaparecidos.
Más de 115.000 armenios desplazados de Artsaj se encontraban registrados en Armenia. Desde el 1 de abril de 2025, el Gobierno restringió la asistencia mensual “40+10”, equivalente a 50.000 drams por persona para alquiler y servicios, a los sectores más vulnerables. La ayuda monetaria universal para adultos en edad de trabajar terminó.
El programa de vivienda permitió adquirir una casa a unas 4.000 de las aproximadamente 25.000 familias que la necesitaban. El informe atribuyó sus limitaciones a que los valores de los certificados no acompañaron el aumento de los precios inmobiliarios y a la exigencia de ciudadanía armenia para acceder al beneficio, condición que generó preocupación respecto de la protección de los reclamos de propiedad en Artsaj y del derecho al retorno.
Solo unas 25.000 personas desplazadas, aproximadamente una cuarta parte de la población en edad laboral, registraron empleo formal. Su salario promedio equivalía a cerca de la mitad del promedio nacional y más del 40% trabajaba por debajo de sus calificaciones.
“La asistencia internacional en efectivo y alimentos terminó en gran medida, y las familias están quedando sin hogar”, advirtió ANC-INT. También señaló una presión creciente sobre la identidad propia, el dialecto y la vida comunitaria de los armenios de Artsaj a medida que se prolongó el desplazamiento.
Por qué el informe consideró que el conflicto siguió abierto
“La guerra de 2020, el bloqueo de nueve meses y la ofensiva de septiembre de 2023 cambiaron quién controla el territorio. No resolvieron el conflicto”, afirmó ANC-INT al reunir sus conclusiones.
El documento señaló que los desplazados no pudieron regresar en condiciones de seguridad, que el acuerdo rubricado entre Armenia y Azerbaiyán no los menciona y que desapareció el único mecanismo internacional de mediación dedicado a Artsaj. También vinculó la continuidad del conflicto con el cautiverio de sus dirigentes y de otros armenios, la destrucción de iglesias y memoriales y la reescritura histórica promovida ante diplomáticos extranjeros.
“Un statu quo creado por la fuerza militar, el bloqueo y la limpieza étnica no puede producir una paz duradera. Los derechos de los armenios de Artsaj siguen sin atenderse: regresar de manera segura y digna bajo garantías internacionales, sus propiedades y su patrimonio cultural, la liberación de sus cautivos y ser escuchados a través de sus propios representantes. Mientras estos derechos no sean atendidos, el conflicto por Artsaj sigue sin resolverse”, expresó.
Los cuatro reclamos dirigidos a Azerbaiyán
El informe terminó con trece demandas, distribuidas entre Azerbaiyán, la comunidad internacional y el Gobierno armenio.
A Bakú le exigió “liberar a los 20 rehenes armenios de inmediato y sin condiciones, sin intercambios ni concesiones políticas”. Hasta su liberación, reclamó acceso regular del CICR o de otro mecanismo humanitario internacional independiente, evaluaciones médicas independientes, contacto con las familias, correspondencia —incluida la entrega de las 1.254 cartas reunidas—, acceso a abogados de su elección y a las sentencias completas, y la publicación del informe del Comité para la Prevención de la Tortura.
También pidió esclarecer la situación de los desaparecidos, incluidos los al menos 80 armenios capturados en 2020 cuya detención Azerbaiyán niega, y cooperar con un mecanismo independiente para determinar el destino de los 429 armenios registrados como desaparecidos.
La tercera demanda fue cumplir las órdenes vinculantes de la CIJ: garantizar el retorno seguro, sin obstáculos y rápido; preservar los documentos y registros de identidad y propiedad; prevenir y castigar la destrucción y profanación del patrimonio armenio; y permitir el ingreso de una misión independiente de la UNESCO a Artsaj y Najicheván.
El cuarto reclamo exigió retirar las fuerzas azerbaiyanas del territorio soberano de Armenia y abandonar las condiciones adicionales, incluida la modificación de la Constitución armenia, que Bakú impone para firmar un acuerdo que ya rubricó.
Los seis pedidos a la comunidad internacional
ANC-INT reclamó, en primer lugar, “tratar el conflicto por Artsaj como no resuelto”. Sostuvo que el cierre del Proceso de Minsk no debe terminar con la intervención internacional y pidió a la OSCE y a la ONU establecer un mecanismo que aborde los derechos de los armenios de Artsaj con la participación de sus propios representantes electos.
El segundo pedido fue respaldar el retorno colectivo, seguro, garantizado y digno, con garantías y presencia internacionales y protección de las propiedades, la identidad y el patrimonio. En ese marco, exigió al Consejo Federal suizo implementar la moción 24.4259 y convocar el foro de paz, con el apoyo de otros Estados.
La organización también solicitó convertir la liberación de los rehenes en una condición para mantener relaciones normales con Azerbaiyán. “Los gobiernos deben plantear la cuestión de los rehenes en todos los niveles, vincular los futuros acuerdos y la asistencia militar con su liberación y, mientras tanto, presionar para obtener acceso independiente”, expresó.
El cuarto punto reclamó responsabilidades por los crímenes: “La paz no debe comprarse con impunidad”. ANC-INT exigió que los acuerdos interestatales no impidan las demandas individuales de desplazados y detenidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los mecanismos de la ONU, y pidió investigar el desplazamiento forzado, incluso mediante la Corte Penal Internacional.
El quinto pedido fue rechazar la legitimación de la eliminación del patrimonio armenio. Los gobiernos cuyos diplomáticos participaron en la visita de septiembre de 2026, sostuvo, deben informar si plantearon la situación de los desplazados, las órdenes de la CIJ y los rehenes; dejar claro que no aceptan atribuir Gandzasar y Dadivank a la Albania caucásica; y abstenerse de participar en visitas similares, incluida la anunciada a Najicheván, sin acceso independiente.
La sexta demanda solicitó sostener la ayuda humanitaria a los desplazados de Artsaj en Armenia, cuyas necesidades continuaron después de la respuesta inicial a la emergencia.
Los tres reclamos al Gobierno de Armenia
Al Gobierno armenio, ANC-INT le exigió defender los derechos de la población de Artsaj, incluido el retorno, tanto en las negociaciones como en todas las plataformas internacionales, y establecer la liberación de los rehenes como condición para firmar cualquier acuerdo.
También reclamó poner fin a las presiones contra las instituciones representativas de Artsaj y los activistas desplazados, y retirar la acción judicial contra el edificio de la Representación Permanente en Ereván.
El último punto pidió una política de largo plazo para la población desplazada: mantener la ayuda al alquiler hasta asegurar viviendas permanentes; aumentar el valor de los certificados habitacionales; separar el acceso a la vivienda de la naturalización para no perjudicar los reclamos de propiedad ni el derecho al retorno; ampliar el empleo, la reconversión laboral y el apoyo a pequeños emprendimientos; simplificar la recuperación de documentos perdidos; y respaldar la preservación de la identidad, el dialecto y la vida comunitaria de Artsaj.