La Asamblea Nacional de Armenia aprobó una ley para restringir el voto de ciudadanos residentes en el exterior
La Asamblea Nacional de Armenia aprobó el 3 de julio una enmienda al Código Electoral que restringe el derecho al voto de ciudadanos armenios residentes en el extranjero en futuras elecciones parlamentarias y referendos nacionales, una medida impulsada por el oficialismo de Contrato Civil que la oposición anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional.
La nueva norma establece que solo podrán votar en elecciones parlamentarias y referendos nacionales los ciudadanos armenios que hayan residido en Armenia durante al menos 366 de los 730 días previos, condición que será evaluada 48 días antes de la jornada electoral. Las únicas excepciones previstas son para quienes hayan viajado por motivos de estudio o en misión oficial.
La ley fue aprobada con carácter de urgencia, sin dictamen de la Comisión de Venecia. El proyecto fue presentado ante los diputados el 2 de julio y aprobado en segunda lectura y en su totalidad al día siguiente.
“A favor: 63, en contra: 0, abstenciones: 0, la decisión ha sido adoptada”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonyan, durante la votación.
Solo participaron de la votación los diputados del partido gobernante Contrato Civil y Gegham Nazaryan, quien abandonó el bloque opositor Armenia. La oposición parlamentaria no acompañó la iniciativa y anunció que llevará el caso al Tribunal Constitucional.
La alianza Armenia, liderada por Robert Kocharyan, impulsará la presentación judicial, a la que se sumaron Tengo Honor y los diputados Hovik Aghazaryan y Hakob Aslanyan, ambos expulsados de Contrato Civil.
La modificación representa uno de los cambios más significativos en la legislación electoral armenia desde la independencia del país, ya que redefine qué ciudadanos armenios podrán participar en elecciones parlamentarias y referendos nacionales. Hasta ahora, el sistema electoral permitía votar a todos los ciudadanos armenios, independientemente de su lugar de residencia.
La diputada oficialista Arusyak Julhakyan defendió la iniciativa y afirmó que busca responder a lo ocurrido en las últimas elecciones parlamentarias. “El proyecto tiene como objetivo corregir las realidades registradas durante las últimas elecciones, por así decirlo, y representa una demanda pública”, sostuvo.
Julhakyan se refirió así a las denuncias del oficialismo sobre ciudadanos armenios que viajaron desde Rusia para participar en las elecciones parlamentarias del 7 de junio. Durante la campaña, dirigentes de Contrato Civil mencionaron en varias oportunidades el caso de votantes que llegaron desde el exterior, especialmente desde Rusia.
Sin embargo, según datos oficiales publicados en el marco del caso que examina el Tribunal Constitucional, solo 3.000 ciudadanos armenios más cruzaron la frontera en comparación con el mismo período del año anterior, una cifra que no refleja una situación extraordinaria.
La oposición acusó al gobierno de modificar las reglas electorales después de no alcanzar la mayoría constitucional en las elecciones parlamentarias del 7 de junio y sostuvo que el objetivo es reducir la participación de votantes residentes en el extranjero de cara a un posible referéndum constitucional.
“Habían calculado que con esta cantidad de votos obtendrían más del 65 por ciento del escaño, pero como nuestros compatriotas demostraron su sentido de responsabilidad cívica y participaron en las elecciones, sus votos se han dispersado y disminuido. Ahora, para evitar que esto suceda, están intentando limitar el número de participantes”, afirmó Artur Khachatryan, diputado de la facción Armenia.
Khachatryan también sostuvo que la ley afecta un derecho básico de los ciudadanos armenios. “Se están restringiendo los derechos de los ciudadanos de la República de Armenia a formar gobierno”, afirmó.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinyan, rechazó que las enmiendas estén vinculadas a un eventual referéndum constitucional y sostuvo que buscan impedir interferencias ilegales desde el exterior.
“El objetivo directo es proteger a la República de Armenia contra situaciones como la distribución masiva de sobornos electorales en el extranjero y los intentos de influir ilegalmente en las elecciones armenias. Y es evidente que cuando los sobornos electorales se dan en el extranjero, resulta mucho más difícil para nuestras fuerzas del orden detectarlos”, declaró Rubinyan.
El dirigente oficialista también negó que la medida viole la Constitución, que establece que todos los ciudadanos armenios mayores de 18 años tienen derecho al voto. Según Rubinyan, la nueva ley no elimina ese derecho, sino que establece una condición de residencia para ejercerlo.
“Müy bien, si resulta ser inconstitucional, el Tribunal Constitucional dirá que es inconstitucional”, sostuvo Rubinyan.
Además de la oposición, varias organizaciones no gubernamentales calificaron la ley como inconstitucional y advirtieron que restringe de manera ilegal y desproporcionada el derecho al voto, con riesgo para los principios democráticos.
La aprobación de la norma se produjo en medio del debate sobre una eventual reforma constitucional. Contrato Civil prometió durante la campaña impulsar cambios en la Constitución, una cuestión que también fue presentada por Azerbaiyán como condición previa para firmar un tratado de paz con Armenia.
Aunque la nueva ley entre en vigor, Contrato Civil no cuenta por ahora con los votos suficientes en el nuevo Parlamento para iniciar por sí solo una reforma constitucional. Consultado sobre cómo resolverá el gobierno esa situación, Rubinyan respondió: “Lo discutiremos, lo entenderemos”.
Khachatryan acusó a Pashinyan de insistir con la posibilidad de someter el tema a votación tantas veces como sea necesario. “El propio Nikol Pashinyan lo ha dicho varias veces, ¿no es así?: ‘Someteremos esto a referéndum; si no se aprueba, lo volveremos a someter, y otra vez, y otra vez’. Y al final, presentarán una enmienda legislativa diciendo: ‘La palabra de Nikol Pashinyan es ley’”, sostuvo.
En la misma sesión, la Asamblea Nacional también aprobó otra ley que endurece las penas por delitos vinculados al soborno electoral. La norma amplía la pena de uno a dos años y establece que quienes sean condenados quedarán privados del derecho a ocupar cargos públicos durante un período prolongado, incluso después de cumplir la condena.