La FRA advirtió sobre la polarización política y la gobernanza democrática en Armenia tras las elecciones
La Secretaría Internacional de la Federación Revolucionaria Armenia (FRA - Tashnagtsutiún) publicó el 22 de junio un informe sobre la situación política en Armenia tras las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en el que advirtió sobre la creciente polarización, la retórica oficial contra la oposición, las disputas legales por los resultados electorales y las preocupaciones vinculadas con la gobernanza democrática, el pluralismo político y la aplicación equitativa de la ley.
El informe, titulado Armenia: Pluralismo Político, Gobernanza Democrática y los Desafíos del Periodo Postelectoral, sostiene que el período posterior a los comicios estuvo marcado por investigaciones penales, medidas administrativas, restricciones de viaje y declaraciones públicas de altos funcionarios que, según los críticos citados en el documento, plantean dudas sobre el trato a las fuerzas opositoras y el rol de las instituciones estatales en el proceso político.
Según el resumen ejecutivo, el período electoral “se caracterizó por una escalada sin precedentes en la retórica oficial contra líderes de la oposición, votantes opositores, críticos de la sociedad civil y opositores políticos”. El documento afirma que esa situación estuvo acompañada por “acciones policiales, procesos penales, restricciones de viaje y decisiones administrativas controvertidas” que suscitaron preocupaciones sobre la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el pluralismo político y la independencia institucional.
La FRA señaló que las autoridades armenias justificaron muchas de esas medidas como parte de los esfuerzos para combatir la corrupción electoral y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, el informe indica que los críticos consideran que el patrón acumulado demuestra una aplicación selectiva de mecanismos legales contra actores opositores, mientras que las denuncias que involucran a representantes del partido gobernante recibieron un escrutinio limitado.
El documento también analizó las declaraciones del primer ministro Nikol Pashinyan sobre los votos obtenidos por las principales fuerzas opositoras. Según el informe, Pashinyan sostuvo públicamente que los más de 500.000 votos emitidos a favor de los tres principales partidos de la oposición no reflejaban un apoyo genuino a sus posiciones políticas y advirtió que generar esa impresión podía poner en peligro el proceso de paz.
“La creciente securitización del discurso político tras las elecciones ha generado preocupación”, señala el informe. En ese marco, los críticos citados por la FRA sostienen que determinadas formas de disidencia política, entre ellas el activismo relacionado con la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), las críticas a la política del gobierno hacia Azerbaiyán y otras voces públicas influyentes, son presentadas cada vez más como potenciales amenazas para la seguridad nacional y la estabilidad regional.
El informe también citó las observaciones de la ODIHR y la OSCE, que valoraron positivamente la jornada electoral en general y afirmaron que los votantes tuvieron una verdadera opción entre alternativas políticas. Al mismo tiempo, recordaron que esos observadores registraron un entorno político altamente polarizado, denuncias de presión sobre funcionarios públicos, preocupaciones por el uso de privilegios administrativos por parte de las autoridades, detenciones de simpatizantes opositores durante la campaña y una retórica que presentaba a los adversarios políticos como amenazas a la paz y la seguridad.
Uno de los puntos centrales del informe fue la campaña oficial contra delitos electorales. De acuerdo con las cifras citadas, se iniciaron al menos 125 procesos penales y fueron procesadas 248 personas en causas relacionadas con las elecciones, con más de 220 detenciones y más de 100 medidas de arresto domiciliario o prisión preventiva.
Aunque esas acciones fueron presentadas por el gobierno como una iniciativa anticorrupción, la FRA indicó que la concentración de investigaciones contra actores de la oposición, junto con declaraciones de altos funcionarios que atribuían el apoyo opositor a la compra de votos, llevó a los críticos a considerar que el derecho penal fue utilizado también como una herramienta para moldear el entorno político y deslegitimar la participación opositora.
El informe agregó que auditorías fiscales, medidas regulatorias, propuestas de intervención estatal sobre empresas vinculadas a la oposición, presiones laborales y otras acciones administrativas fueron señaladas por los críticos como indicios de un uso creciente de instrumentos económicos y administrativos junto con los procesos penales.
La FRA vinculó estos acontecimientos con el contexto de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, que incluyen debates sobre reforma constitucional, el futuro de los armenios desplazados por la fuerza de Artsaj, acuerdos de conectividad regional y otras cuestiones pendientes del proceso de paz. El informe señaló que surgió una controversia particular después de que Pashinyan relacionara el desempeño electoral de la oposición con supuestos riesgos para la seguridad y afirmara que una reunión de junio de 2026 entre altos funcionarios armenios y azerbaiyanos era necesaria para “gestionar” amenazas derivadas de los resultados electorales.
Los críticos citados en el documento interpretaron esas declaraciones como una señal de que los acontecimientos políticos internos son considerados cada vez más a través del prisma de las expectativas y demandas de Azerbaiyán, y que la presión sobre figuras opositoras, veteranos y defensores de la causa de Artsaj se justifica bajo argumentos de seguridad nacional.
El informe también mencionó la relación cada vez más conflictiva entre el gobierno armenio y la Iglesia Apostólica Armenia. Según los críticos, esa tensión forma parte de un esfuerzo más amplio para marginar a instituciones influyentes y voces públicas que cuestionan la política del gobierno hacia Azerbaiyán y el futuro de Artsaj.
En el plano jurídico, la FRA recordó que siete fuerzas políticas impugnaron los resultados oficiales ante el Tribunal Constitucional, alegando irregularidades que podrían haber afectado la composición de la Asamblea Nacional y cuestionando decisiones de la Comisión Electoral Central, incluida la anulación de resultados en tres colegios electorales y la negativa a repetir la votación.
El Tribunal Constitucional admitió las siete demandas, las unificó en un solo procedimiento y programó audiencias orales para el 26 de junio de 2026.
El informe también analizó el marco geopolítico en el que se desarrolla la crisis postelectoral. Según la FRA, Armenia se convirtió en un escenario de creciente competencia externa, con la Unión Europea y Estados Unidos reforzando su apoyo a la actual orientación política armenia, mientras las relaciones con Rusia continúan deteriorándose en medio de restricciones comerciales y tensiones políticas.
“Los acontecimientos que se describen a continuación no se refieren a incidentes aislados”, sostiene el informe. Según la Secretaría Internacional de la FRA, revelan “un patrón cada vez más consistente en el que el desacuerdo político se presenta como criminalidad, el apoyo a la oposición se tacha de ilegítimo y la disidencia interna se considera cada vez más una amenaza potencial para la seguridad y la paz de Armenia”.