La FRA denunció interrogatorios ilegales a donantes opositores y acusó al gobierno de Armenia de perseguir a sus simpatizantes
El Órgano Supremo de la Federación Revolucionaria Armenia (FRA - Tashnagtsutiún) en Armenia difundió el 22 de julio una declaración en la que acusó al gobierno de Nikol Pashinyan de utilizar el sistema de seguridad contra la oposición política y denunció que miembros, simpatizantes y ciudadanos que realizaron donaciones legales al partido fueron detenidos e interrogados ilegalmente.
“El actual gobierno de Armenia, sumido en una crisis de legitimidad, ha llevado la permisividad legal hacia la oposición política a un nuevo nivel, utilizando sin piedad el sistema de seguridad para sus propios fines”, afirmó la FRA.
La organización sostuvo que las autoridades no se limitaron a “escuchas telefónicas ilegales, arrestos, detenciones y numerosos procesos penales ilícitos”, sino que avanzaron también contra personas que realizaron aportes económicos a partidos opositores.
“En concreto, desde hace tiempo, el organismo investigador detiene e interroga ilegalmente a miembros y simpatizantes de la FRA, simples ciudadanos que han realizado donaciones al partido conforme a la ley”, señaló el comunicado.
La FRA contrastó esa situación con las denuncias difundidas en la prensa sobre presuntos ingresos ilícitos del partido oficialista Contrato Civil y el uso indebido de recursos administrativos electorales en beneficio propio.
“Esto ocurre a pesar de que numerosos hechos irrefutables difundidos en la prensa atestiguan que el partido ‘Contrato Civil’ recibe ingresos ilícitos y utiliza de forma indebida e inadmisible los recursos administrativos electorales para su propio beneficio”, sostuvo.
“Como era de prever, las fuerzas del orden y demás organismos competentes guardan silencio”, agregó.
El Órgano Supremo de la FRA Armenia calificó estos hechos como una violación de los artículos 8 y 46 de la Constitución de Armenia y como un intento de socavar los fundamentos de la democracia.
“Al evaluar todo esto como una violación de los artículos 8 y 46 de la Constitución de la República de Armenia, así como un claro intento de socavar los fundamentos de la democracia”, señaló la declaración.
En ese marco, la organización exigió que las organizaciones internacionales y las misiones de observación brinden una evaluación “adecuada e imparcial” de las prácticas del gobierno armenio.
“Exigimos que las organizaciones internacionales y las misiones de observación proporcionen una evaluación adecuada e imparcial de dichas prácticas del régimen gobernante”, afirmó.
La FRA también reclamó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley regresen de inmediato al marco de la legalidad y respeten la Constitución y la Ley Constitucional “Sobre los Partidos Políticos”.
“Exigimos que los organismos encargados de hacer cumplir la ley regresen de inmediato al ámbito de la legalidad, respetando los requisitos de la Constitución y la Ley Constitucional ‘Sobre los Partidos Políticos’”, expresó.
La declaración también acusó a las autoridades de ejercer un “neobolchevismo monopolístico” y de promover una corrupción electoral a nivel estatal.
“Llamamos la atención del público sobre el neobolchevismo monopolístico de las autoridades políticas y la corrupción electoral a nivel estatal”, sostuvo.
El Órgano Supremo de la FRA Armenia afirmó que sus miembros, simpatizantes y partidarios no retrocederán frente a las acciones de lo que definió como una maquinaria punitiva.
“Declaramos que los miles de miembros, simpatizantes y partidarios de la FRA no retrocederán ante las ilegalidades de la maquinaria punitiva, no temerán los interrogatorios fabricados y continuarán resueltamente la lucha contra el régimen actual en aras de una Armenia legal, democrática y segura”, concluyó.