La oposición de Armenia se unió contra la “Constitución de Aliyev” y rechazó la reforma impulsada por Nikol Pashinyan bajo las exigencias de Azerbaiyán
Las principales fuerzas de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria de Armenia anunciaron el 5 de noviembre la conformación de un frente común para impedir lo que denominaron la “imposición de la Constitución de Aliyev”, en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan. La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada la noche del 4 de noviembre en la residencia del empresario y dirigente opositor Samvel Karapetyan, quien había sido nuevamente detenido horas antes, en medio de las exigencias del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev de modificar la Constitución armenia como condición para firmar un tratado de paz.
La declaración conjunta fue presentada por Narek Karapetyan, dirigente del bloque parlamentario Armenia Fuerte, y recibió el respaldo de distintas organizaciones políticas que mantienen diferencias entre sí, pero acordaron establecer posiciones comunes frente al proyecto constitucional.
Entre los firmantes se encuentran Armenia Fuerte, encabezada por Samvel Karapetyan; el Congreso Nacional Armenio, vinculado con el expresidente Levon Ter-Petrosyan; la alianza Armenia, liderada por el expresidente Robert Kocharyan; la Federación Revolucionaria Armenia (FRA - Tashnagtsutiún); el Partido Republicano del expresidente Serzh Sargsyan; Armenia Próspera, vinculada con Gagik Tsarukyan; País para Vivir; Referéndum del Ejército y Patrimonio, entre otras organizaciones.
Las fuerzas opositoras anunciaron que trabajarán conjuntamente para rechazar la reforma constitucional, promover una paz sin concesiones unilaterales ni pérdidas territoriales, defender la identidad nacional y la Iglesia Apostólica Armenia, y restablecer las libertades y los derechos democráticos.
Durante la presentación, Narek Karapetyan destacó que el acuerdo reunió a organizaciones que anteriormente mantuvieron posiciones políticas diferentes.
“Honorables representantes del ámbito político armenio se han reunido aquí, y sabemos que el ámbito político armenio siempre es muy difícil de unir, pero hoy, ante la complejidad de los problemas que enfrenta nuestro país, hemos llegado a la convicción de que tenemos muchos desacuerdos, hemos tomado caminos diferentes, pero debemos tener una posición final sobre varios puntos para poder luchar eficazmente contra las concesiones que se nos imponen”, afirmó.
El dirigente explicó que el próximo objetivo será ampliar el consenso mediante conversaciones con figuras públicas y representantes de otros sectores de la sociedad armenia.
Consultado sobre la posibilidad de organizar movilizaciones callejeras, Karapetyan sostuvo que la oposición dispone de diferentes mecanismos legales de lucha, aunque evitó anunciar medidas concretas.
La reunión se produjo pocas horas después de que las fuerzas de seguridad realizaran allanamientos en 65 domicilios relacionados con una investigación por presuntos delitos económicos, entre ellos propiedades pertenecientes a Samvel Karapetyan y a integrantes de su familia.
El empresario, que permanecía bajo arresto domiciliario, fue trasladado nuevamente a dependencias del Comité de Investigación.
Narek Karapetyan afirmó que el encuentro había sido convocado por su tío y acusó a las autoridades de intentar impedir su realización mediante la detención.
Armenia Fuerte vinculó los procedimientos judiciales con su negativa a respaldar la nueva Constitución y sostuvo que el gobierno busca presionar a los legisladores opositores para conseguir los votos necesarios para convocar un referéndum.
El Comité de Investigación informó el 5 de noviembre que Samvel Karapetyan es sospechoso de participar en un presunto desvío organizado de 64.500 millones de drams, equivalentes aproximadamente a 180 millones de dólares, relacionado con la empresa Redes Eléctricas de Armenia (ENA).
Según las autoridades, 35 personas fueron detenidas en el marco de la investigación y los fiscales solicitaron medidas de prisión preventiva para nueve de ellas, incluido el empresario.
El gobierno de Pashinyan rechazó las acusaciones de persecución política y vinculó los procedimientos con la investigación de presuntos delitos económicos.
“Si 64 mil millones es un abuso, ¿qué tiene que ver Aliyev con esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿O qué tiene que ver algo más? Hay algo más en juego: debemos comprender, en última instancia, el origen de nuestros supuestos benefactores”, declaró el Primer Ministro.
La confrontación política se desarrolla alrededor de la modificación de la Constitución armenia, una exigencia que el gobierno de Azerbaiyán mantiene como condición para la firma definitiva del tratado de paz.
Bakú sostiene que la referencia a la Declaración de Independencia de Armenia incluida en el preámbulo constitucional representa una reivindicación territorial contra Azerbaiyán.
El gobierno armenio rechaza esa interpretación y asegura que la reforma constitucional responde a una agenda política interna. Sin embargo, el proyecto que prepara la administración de Pashinyan eliminará la referencia a la Declaración de Independencia, precisamente el punto cuestionado por Aliyev.
Las fuerzas opositoras denuncian que esta modificación constituye una concesión a las exigencias del presidente azerbaiyano y advierten que su aprobación podría abrir el camino a nuevas demandas de Bakú.
En ese contexto, Armenia Fuerte planteó dos preguntas al gobierno: si realmente se alcanzó la paz entre Armenia y Azerbaiyán, por qué Aliyev todavía se niega a firmar el tratado y qué garantías existen de que no presentará nuevas exigencias después de que Armenia modifique su Constitución.
Pashinyan reconoció que las preguntas eran razonables, aunque todavía no presentó una respuesta concreta.
“No estamos haciendo nada por la oposición; la oposición simplemente planteó una pregunta que nos pareció razonable, y necesitamos encontrar la respuesta, formularla y volver a presentarla. Y hasta que no haya una respuesta, obviamente no puedo responderla”, afirmó durante una conferencia de prensa el 5 de noviembre.
El Primer Ministro aseguró que mantiene su intención de responder a esos cuestionamientos y que la estrategia gubernamental no sufrió modificaciones.
“Es decir, seguiremos adelante a pesar de todo, porque es una cuestión importante. Realmente nos pareció importante y, obviamente, lo es, y buscaremos la respuesta. No, nada ha cambiado en nuestros planes”, agregó.
La disputa también tiene una dimensión parlamentaria. Contrato Civil, el partido gobernante, cuenta con mayoría legislativa, pero no dispone por sí solo de los votos necesarios para aprobar la convocatoria a un referéndum constitucional.
Según la información difundida por Radio Azatutyun, el oficialismo necesita al menos seis votos de la oposición para avanzar con el procedimiento, una situación que otorgó mayor importancia política al acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas opositoras.
En los últimos días, el ministro de Relaciones Exteriores, Ararat Mirzoyan, propuso a la oposición que acompañara la convocatoria al referéndum y utilizara la votación popular como mecanismo para rechazar el proyecto gubernamental.
“Vuelvo a hacer una propuesta política: presentemos el borrador de la Constitución, desde aquí pueden decir: 'Condenamos este borrador, es malo', convoquemos un referéndum sobre la Constitución. ¡Adelante! Es una oportunidad para ustedes, el pueblo nos dirá 'no' a la Constitución, renunciaremos, nos iremos”, planteó Mirzoyan.
Sin embargo, posteriormente el canciller aclaró que una eventual derrota del proyecto no implicaría necesariamente que Contrato Civil abandonara definitivamente el poder.
Consultado sobre las consecuencias de un resultado negativo, Mirzoyan sostuvo que habitualmente corresponde convocar elecciones anticipadas cuando un gobierno fracasa en la aprobación de una reforma constitucional y dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo vuelva a competir.
“¿Quién dijo que no deberíamos participar? ¿Por qué no deberíamos participar?”, respondió.
La aclaración introdujo una diferencia respecto de las declaraciones anteriores de Pashinyan, quien había sugerido que el rechazo de su proyecto constitucional podría significar el final de su misión política en Armenia.
Mientras tanto, el Primer Ministro insistió en que continuará trabajando para conseguir una respuesta a las preguntas de la oposición y avanzar con el proceso de reforma.
El gobierno prevé publicar el borrador de la nueva Constitución durante noviembre, aunque todavía no informó cuándo llegará al Parlamento ni estableció un calendario para su eventual tratamiento y convocatoria a referéndum.