Más de 100 legisladores de Estados Unidos exigieron a Marco Rubio suspender la ayuda militar a Azerbaiyán por los prisioneros armenios, la ocupación de Armenia y la destrucción del patrimonio de Artsaj
Un grupo bipartidista de 101 miembros del Congreso de Estados Unidos, integrado por 26 senadores y 75 representantes, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que suspenda la asistencia militar estadounidense a Azerbaiyán mediante la aplicación de la Sección 907 de la Ley de Apoyo a la Libertad, en una carta fechada el 5 de octubre y difundida el 7 de octubre de 2026. Los legisladores fundamentaron su reclamo en las condenas contra prisioneros armenios detenidos en Bakú, la destrucción del patrimonio cristiano armenio de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) y la presencia de fuerzas azerbaiyanas en territorio soberano de Armenia.
La iniciativa fue encabezada por los senadores Gary Peters, demócrata por Michigan, y Adam Schiff, demócrata por California, junto con los representantes Gus Bilirakis, republicano por Florida, y Frank Pallone, demócrata por Nueva Jersey. La carta contó con el respaldo del Consejo Nacional Armenio de Estados Unidos (Armenian National Committee of America - ANCA) y recibió también la adhesión del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, además de integrantes de distintas comisiones legislativas.
El documento cuestionó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de extender la exención de la Sección 907, una disposición que restringe la asistencia estadounidense a Azerbaiyán hasta que ese país adopte medidas verificables para poner fin a los bloqueos y al uso ofensivo de la fuerza contra Armenia y Artsaj.
Trump había autorizado una nueva exención en agosto de 2025, después de la cumbre celebrada en la Casa Blanca con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. En julio de 2026, la administración estadounidense notificó al Congreso su intención de prolongar esa medida.
Los legisladores señalaron que la continuidad de la asistencia militar no consiguió avances en la liberación de los armenios encarcelados en Azerbaiyán.
“Resulta evidente que la decisión de eximir a Azerbaiyán de la aplicación del artículo 907 no ha propiciado su compromiso para garantizar la liberación de los prisioneros de guerra”, afirmaron en la carta dirigida a Rubio.
“Por consiguiente, nos preocupa que el comportamiento incoherente de Azerbaiyán ponga en peligro la perspectiva de una paz justa y duradera en la región, y que la continua exención del artículo 907 sin un compromiso para abordar estas preocupaciones solo fomentará aún más las acciones desestabilizadoras”, agregaron.
Uno de los principales argumentos de la carta fue la situación de los dirigentes políticos y militares armenios de Artsaj detenidos después de la ofensiva azerbaiyana de septiembre de 2023, que terminó con el desplazamiento forzado de toda la población armenia de la región.
En febrero de 2026, tribunales de Azerbaiyán condenaron a 16 detenidos armenios a penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua. Los procesos recibieron cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, especialistas jurídicos y el Parlamento Europeo por las condiciones de detención, las denuncias de torturas y las restricciones a las garantías judiciales.
La carta también mencionó la situación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuya delegación permanente en Azerbaiyán cerró en septiembre de 2025 por decisión de las autoridades azerbaiyanas. Hasta entonces, el organismo era la única organización internacional autorizada a visitar a los detenidos armenios.
Los legisladores incluyeron además entre sus preocupaciones la destrucción del patrimonio cultural y religioso armenio bajo control de Azerbaiyán.
En particular, mencionaron la demolición de dos catedrales en Stepanakert, capital de Artsaj, reportada en abril de 2026, en el contexto de las denuncias sobre la destrucción, alteración y apropiación del patrimonio cristiano armenio después del desplazamiento forzado de la población.
Otro punto central fue la presencia militar azerbaiyana dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Armenia.
Según el documento, Azerbaiyán mantiene fuerzas desplegadas en aproximadamente 241 kilómetros cuadrados de territorio soberano armenio después de las incursiones militares de 2021 y 2022.
Los congresistas recordaron que Armenia devolvió cuatro aldeas azerbaiyanas en mayo de 2024, mientras que Bakú no adoptó una medida equivalente para retirar sus fuerzas de los sectores de territorio armenio que permanecen bajo su control.
La iniciativa también se produjo en el contexto del proceso de normalización entre Armenia y Azerbaiyán, impulsado por Washington desde agosto de 2025. Los legisladores advirtieron que la continuidad de la ayuda militar estadounidense sin condiciones vinculadas con los derechos humanos y la retirada de las fuerzas azerbaiyanas podría perjudicar las perspectivas de una paz duradera.
El director ejecutivo de ANCA, Aram Hamparian, destacó el respaldo obtenido por la iniciativa y recordó que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes había aprobado anteriormente, por 44 votos contra 7, una medida que exigía la liberación de los prisioneros armenios.
“El Congreso de Estados Unidos se ha pronunciado, de forma bipartidista y bicameral. Tras la abrumadora votación de 44 a 7 en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que exigió a Azerbaiyán la liberación de los rehenes armenios, más de 100 legisladores de más de 25 estados pidieron hoy a la Administración Trump que aplique la Sección 907 y detenga el suministro de armas y ayuda estadounidense a Azerbaiyán, país rico en petróleo”, declaró Hamparian.
“El corrupto y genocida régimen de Aliyev no necesita ni merece la generosidad estadounidense, especialmente cuando tantos estadounidenses se enfrentan a dificultades económicas en su propio país”, agregó.
Hamparian también cuestionó directamente la política de la administración Trump hacia Bakú.
“La exención otorgada por el presidente Trump a las restricciones legales de la Sección 907 sobre las armas y la ayuda estadounidenses a Bakú supone un retroceso para la causa de la paz, alentando a Ilham Aliyev a redoblar sus abusos contra los rehenes armenios, la destrucción de iglesias cristianas, la ocupación de territorio armenio y su negativa a permitir el retorno seguro, colectivo y protegido de los refugiados a su tierra natal de Artsaj”, sostuvo.
La Sección 907 fue incorporada a la Ley de Apoyo a la Libertad de Estados Unidos para restringir la asistencia directa a Azerbaiyán mientras continuaran los bloqueos y otras acciones ofensivas contra Armenia y Artsaj.
En 2002, el Congreso otorgó al presidente estadounidense la facultad de suspender anualmente esas restricciones mediante una exención. El mecanismo fue utilizado durante sucesivas administraciones hasta que el presidente Joe Biden mantuvo la restricción en 2024, después de la limpieza étnica de Artsaj y de una serie de iniciativas legislativas bipartidistas.
Entre esos antecedentes se encuentra la Ley de Protección de Armenia (S. 3000), aprobada por unanimidad en el Senado y promovida conjuntamente por Gary Peters y Marco Rubio, quien entonces se desempeñaba como senador.
La participación de Rubio en aquella iniciativa fue uno de los antecedentes legislativos de la actual discusión, ya que ahora, como secretario de Estado de la administración Trump, recibió el pedido de aplicar las restricciones que anteriormente había respaldado desde el Congreso.
Entre los firmantes de la nueva carta también estuvieron los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Cory Booker, Dick Durbin, Raphael Warnock y Peter Welch.
En la Cámara de Representantes adhirieron, entre otros, Nancy Pelosi, Brad Sherman, Judy Chu, Jim Costa, David Valadao, Laura Friedman, Rashida Tlaib, Jim McGovern, Zoe Lofgren, Vince Fong, Luz Rivas y Brad Schneider.
Los 101 legisladores reclamaron que la administración estadounidense retenga la asistencia militar a Azerbaiyán hasta que Bakú adopte medidas concretas para liberar a los prisioneros armenios, impedir nuevas destrucciones del patrimonio cultural armenio y retirar sus fuerzas del territorio soberano de Armenia.