A dos meses de la guerra de Artsaj, Amnistía Internacional pide investigar los ataques contra poblaciones civiles
La organización Amnistía Internacional (Amnesty International – AI) publicó un informe el 14 de enero en el que reclama a los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán investigar los ataques contra población civil durante la guerra de Artsaj (Nagorno Karabaj). El trabajo de AI solo habla de diez ataques de Azerbaiyán contra Artsaj y Armenia, una cifra mucho menor a la real, mientras que no toma en consideración las diversas particularidades y crímenes de guerra por parte del Gobierno azerbaiyano.
“Las fuerzas armenias y azerbaiyanas, al usar repetidamente armas conocidas por su imprecisión y efectos indiscriminados —como las municiones de racimo y las armas explosivas con efectos en una amplia superficie usadas en zonas civiles densamente pobladas—, violaron el derecho internacional humanitario, causaron decenas de muertes y cientos de lesiones entre la población civil y destruyeron viviendas e infraestructuras básicas en el reciente conflicto”, dijo Amnistía Internacional en el informe titulado “En la línea de fuego: víctimas civiles de ataques ilegales en el conflicto armenio-azerbaiyano sobre Nagorno Karabaj”. El organismo denunció que murieron al menos 146 civiles, entre los que hubo muchos menores y personas de edad avanzada.
De acuerdo con Amnistía Internacional, tanto Armenia como Azerbaiyán utilizaron artillería y municiones de racimo contra zonas civiles, a pesar de que ambos Gobiernos negaron los hechos. En su informe, el organismo documentó ocho ataques aéreos de las fuerzas armenias sobre ciudades y pueblos de Azerbaiyán, que mataron a un total de 72 civiles, en contraposición con nueve ataques aéreos de las fuerzas azerbaiyanas sobre ciudades y pueblos de Nagorno Karabaj y uno sobre Armenia, en los que un total de 11 civiles perdieron la vida, a pesar de que Armenia denunció la muerte de al menos 52 civiles en el conflicto.
En las recomendaciones finales, AI llama a los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán a “investigar de manera pronta, exhaustiva, efectiva e imparcial las violaciones denunciadas del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques documentados en esta publicación, identificar a todos los responsables, entre los miembros de sus fuerzas armadas y de las fuerzas bajo su mando general, y, cuando haya suficientes pruebas admisibles de responsabilidad penal, llevarlos ante la justicia en procesos que respeten las normas de juicio imparcial”. Además, se exigió que haya una “reparación completa y adecuada para todas las víctimas” y que se garantice el fin de la utilización de las municiones de racimo en futuras acciones militares. Por último, se pidió que regrese la población armenia y azerbaiyana desplazada de sus hogares “mediante programas de reconstrucción de viviendas destruidas y de infraestructura civil, así como la creación de condiciones seguras y adecuadas para la población civil”.
La neutralidad como garante de la impunidad genocida de Azerbaiyán
En un detallado informe elaborado por Diario ARMENIA en diciembre de 2020, se dieron a conocer los efectos de la política de neutralidad adoptada por dos de los organismos internacionales de derechos humanos más importantes del mundo (Amnesty International y Human Rights Watch) durante la guerra de Artsaj.
“Esta estrategia de aparente neutralidad buscó equiparar e igualar crímenes de guerra de todas las partes involucradas con una política genocida orientada a la destrucción total de la identidad y el pueblo armenio por parte de los Estados de Turquía y Azerbaiyán”, señala el texto.
Los organismos tampoco reconocen quién fue el agresor, dado que Azerbaiyán fue el país que comenzó la guerra, y quién se defendió. En relación al último informe del 14 de enero, Azerbaiyán bombardeó con municiones de racimo a Stepanakert por casi 30 días continuos, algo que fue constatado por periodistas del Diario ARMENIA que estuvieron en la ciudad durante los bombardeos, escondidos en los búnkeres. Artsaj y Armenia, por su parte, anunciaron con anterioridad los objetivos militares que iban a atacar y pidieron a las autoridades que retiren a su población civil de las zonas.