La neutralidad de los organismos internacionales de derechos humanos garantiza la impunidad de los crímenes de guerra de Azerbaiyán

Desde el fin de la guerra de Artsaj, dos de los organismos internacionales de derechos humanos más importantes del mundo, Amnesty International y Human Rights Watch, adoptaron posturas “neutrales” ante los crímenes de guerra que denunciaron. Esta estrategia de aparente neutralidad, similar a lo que en argentina se bautizó como la “teoría de los dos demonios”, buscó equiparar e igualar crímenes de guerra de todas las partes involucradas con una política genocida orientada a la destrucción total de la identidad y el pueblo armenio por parte de los Estados de Turquía y Azerbaiyán. Además, se emitieron informes extemporáneos que no cumplieron con la función de denunciar para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

Amnesty iguala crímenes de guerra puntuales con patrones de una política genocida

El 10 de diciembre, Amnesty International (AI o Amnistía Internacional) emitió un informe titulado “Armenia/Azerbaiyán: la decapitación y los crímenes de guerra en videos horripilantes deben investigarse con urgencia”. Allí, Amnesty denunció que “tanto las fuerzas azerbaiyanas como las armenias cometieron crímenes de guerra durante los recientes combates en Nagorno Karabaj”, después de verificar videos que mostraban la decapitación de cautivos y la profanación de los cadáveres de las fuerzas opuestas.

Según el informe, AI analizó 22 videos que muestran ejecuciones extrajudiciales, el maltrato a prisioneros de guerra y otros cautivos y la profanación de cadáveres de soldados enemigos. “Dos videos muestran ejecuciones extrajudiciales por decapitación por miembros del ejército azerbaiyano, mientras que otro video muestra el corte de garganta de un guardia fronterizo azerbaiyano que condujo a su muerte”, dijo Amnesty. “Durante los recientes combates de Nagorno-Karabaj, los miembros de las fuerzas armadas de ambos bandos se han comportado de manera horrible, mostrando un total desprecio por las reglas de la guerra”, dijo Denis Krivosheev, director de investigación de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. “La depravación y la falta de humanidad capturadas en estos videos muestran la intención deliberada de causar daño y humillación a las víctimas, en clara violación del derecho internacional humanitario. Tanto las autoridades de Azerbaiyán como las de Armenia deben realizar de inmediato investigaciones independientes e imparciales e identificar a todos los responsables. Los autores, así como los oficiales al mando que ordenaron, permitieron o perdonaron estos crímenes, deben ser llevados ante la justicia”.

Para afirmar estas denuncias, Amnesty cita tres videos: dos de Azerbaiyán y uno de Armenia. El primero muestra a un grupo de hombres con uniformes militares azerbaiyanos sujetando a un armenio que lucha, mientras otro soldado lo decapita con un cuchillo. La multitud aplaude y vitorea en voz alta cuando se produce el asesinato. En el segundo, un grupo de soldados decapita a un civil armenio y coloca la cabeza de la víctima encima de un cerdo muerto. “No tienes ningún honor, así es como nos vengamos de la sangre de nuestros mártires”, dice uno de los soldados, mientras los otros ríen. Un video del segundo incidente muestra a dos hombres con uniformes acordes con el ejército azerbaiyano, incluida una bandera azerbaiyana clara en el hombro derecho de un hombre y un casco “recortado” que normalmente está reservado para las fuerzas de operaciones especiales. La víctima es un hombre mayor vestido de civil que está clavado al suelo. Se lo filma pidiendo misericordia, diciendo repetidamente: “Por el amor de Alá, te lo ruego”. Si bien el hombre habla en azerbaiyano, no tiene acento azerí. Amnistía Internacional cree que probablemente era un residente armenio de Nagorno Karabaj. Otro de los hombres le da un cuchillo a quien sujeta al anciano, y comienza a cortar brutalmente su garganta.

El tercer video que Amnesty utiliza para igualar estas prácticas, se trata de un “hombre vestido con un uniforme de la patrulla fronteriza azerbaiyana tirado en el suelo, amordazado y atado. La persona que filma el video le habla al hombre en armenio, luego se le acerca y le clava un cuchillo en la garganta”.

A pesar de que Amnesty confirmó la veracidad de estos dos videos, la oficina del Ombudsman de Artsaj recopiló y denunció decenas de otros documentos audiovisuales publicados a modo de burla por los propios soldados azerbaiyanos donde se ven muchos otros crímenes de guerra. La Fiscalía General de Azerbaiyán anunció que investigaría estos crímenes, algo que no ocurrió en Armenia hasta el momento. Pero, por ahora, Azerbaiyán solo detuvo y comenzó el proceso judicial contra cuatro soldados por crímenes menores, omitiendo las torturas, mutilaciones, asesinatos y decapitaciones.

En sus denuncias, Amnesty no da cuenta de la disparidad en la cantidad de hechos de esta magnitud documentados. Además, el crimen cometido por el soldado armenio al que hace referencia se trata de un hecho particular realizado por un individuo solo. En todos los delitos azerbaiyanos se ven siempre a grupos enteros que filman, se burlan y lo distribuyen en las redes sociales, algo que demostraría por un lado la impunidad que sienten los militares de Azerbaiyán ante estos hechos, y, por el otro, las características de odio étnico-racial de estos crímenes.

El historiador ruso Andrei Polonski, que investigó la formación de la identidad nacional azerbaiyana a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, dijo que “la crisis de Karabaj y la creciente armofobia contribuyeron a la formación de la imagen del enemigo que ha influido en gran medida en la naturaleza de la nueva identidad (basada principalmente en la agresión y la victoria)”.

El odio contra las personas de origen armenio en Azerbaiyán estuvo constatado en mayo de 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Makuchyan y Minasyan v. Azerbaiyán y Hungría (solicitud no. 17247/13). El 11 de enero de 2004, el soldado armenio Gurgen Margaryan viajó a Budapest, Hungría, para participar en un curso de la OTAN. El teniente azerbaiyano Ramil Safarov, quien también participaba del evento, lo asesinó el 19 de febrero: mientras Margaryan dormía, Safarov entró a su habitación y lo decapitó con un hacha, luego de apuñalarlo y golpearlo. El compañero de habitación húngaro de Margaryan, Balázs Kuti, aseguró que Safarov se encontraba feliz al momento del asesinato. Tras el crimen, Safarov intentó asesinar a otro soldado armenio, Hayk Makuchyan, pero no logró hacerlo. Safarov fue arrestado y durante el juicio en Hungría aseguró que asesinó a Margaryan solo porque era armenio. El 16 de abril de 2006, el tribunal condenó a Safarov a cadena perpetua, fallo confirmado el 22 de febrero de 2007. Sin embargo, a fines de agosto de 2012, las autoridades húngaras acordaron liberar y extraditar a Safarov a Azerbaiyán para supuestamente cumplir el resto de su condena allá. Aunque el gobierno húngaro declaró que había recibido garantías del gobierno de Azerbaiyán de que la sentencia se aplicaría, el presidente Ilham Aliyev emitió un perdón inmediatamente después de recibirlo como un héroe en Bakú, fue promovido al rango de mayor y provisto de alojamiento por el gobierno de Azerbaiyán. El TEDH determinó el 26 de mayo de 2020 que “Azerbaiyán había respaldado claramente” el asesinato de Safarov.

El 28 de febrero de 2012, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró: “Nuestros principales enemigos son los armenios del mundo y los políticos hipócritas y corruptos bajo su control”, una frase que resume la política estatal de fomento del odio contra las personas armenias por parte de su Gobierno.

Neutralidad impostada y denuncias extemporáneas por parte de Human Rights Watch

El 11 de diciembre, un mes de terminada la guerra, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que Azerbaiyán cometió “ataques aparentemente indiscriminados en Stepanakert en violación de las leyes de la guerra durante el conflicto en Nagorno Karabaj”. Ese mismo día, emitió un reporte casi idéntico en el que denunció que “las fuerzas militares armenias llevaron a cabo ataques ilegalmente indiscriminados con cohetes y misiles contra Azerbaiyán”.

HRW acusó a las autoridades de Artsaj de “poner a la población civil en un peligro innecesario” al tener bases militares en Stepanakert, así como también a Azerbaiyán por “poner innecesariamente a civiles en riesgo al ubicar objetivos militares dentro o cerca de áreas densamente pobladas y al no sacar a los civiles de las inmediaciones de las actividades militares”.

El 15 de diciembre, luego de la visita de HRW a Azerbaiyán -país donde siempre tuvo la entrada prohibida por decisión del régimen de Ilham Aliyev-, emitió un nuevo informe en el que denunció que “las fuerzas armenias o aliadas de Nagorno Karabaj dispararon repetidamente municiones de racimo ampliamente prohibidas en ataques contra áreas pobladas de Azerbaiyán durante la guerra”. Lo mismo había denunciado el 23 de octubre por parte de Azerbaiyán contra población civil de Stepanakert.

En sus informes, el organismo de derechos humanos no reconoce quién fue el agresor, dado que Azerbaiyán fue el país que comenzó la guerra, y quién se defendió. Tampoco hace referencia a que la Convención de 2008 sobre Municiones en Racimo, que es la que las prohíbe, no fue firmada por Armenia ni Azerbaiyán, ya que ambos afirmaron que no podían adherir hasta que se resolviera la disputa sobre Nagorno Karabaj.

Otro de los fallos en los informes es el contexto de cada uno de los ataques: Azerbaiyán bombardeó con municiones de racimo a Stepanakert por casi 30 días continuos, algo que fue constatado por periodistas del Diario ARMENIA que estuvieron en la ciudad durante los bombardeos, escondidos en los búnkeres. Artsaj y Armenia, por su parte, anunciaron con anterioridad los objetivos militares que iban a atacar y pidieron a las autoridades que retiren a su población civil de las zonas. El propio HRW reconoció el hecho, pero el Gobierno azerbaiyano decidió utilizar a su población como escudo humano.

Por último, Human Rights Watch publicó el 16 de diciembre un informe en el que dijo que el bombardeo de Azerbaiyán contra la catedral de Ghazanchetsots, ocurrido el 8 de octubre, “parece ser un ataque deliberado en violación de las leyes de la guerra”. El informe fue publicado más de dos meses después del hecho ocurrido en la ciudad de Shushí, actualmente ocupada por Azerbaiyán.