Amnistía Internacional publicó su informe anual y denunció los crímenes de guerra de Azerbaiyán en Artsaj
El 7 de abril se publicó el informe anual de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Sobre la guerra de Artsaj, Amnistía Internacional continuó con su política de neutralidad y, en algunos casos, de apoyo a la postura azerbaiyana sobre el conflicto. Además, repitió las falsas equivalencias que se vieron en sus respectivos reportes durante el 2020, sin denunciar que Azerbaiyán fue quien inició la guerra durante la pandemia y sin contextualizar los crímenes de guerra del Ejército azerbaiyano con las diversas denuncias de organismos internacionales (como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos) acerca de una política de educación en el racismo y discurso de odio estatal contra las personas de origen armenio en Azerbaiyán.
En materia de derechos humanos en el ámbito local, Amnistía Internacional advirtió sobre diversos casos de represión de las libertades en Azerbaiyán, nuevamente, sin mencionar la carencia de una democracia real en el país gobernado por la familia Aliyev desde hace casi 40 años.
En Armenia, el organismo alertó acerca de diversas restricciones a la libertad de expresión producto de la situación y la crisis política derivada de la guerra. Además, se advirtió acerca de la grave crisis humanitaria que produjo la población desplazada de Artsaj durante la guerra, lo que trajo complicaciones en los hospitales durante la pandemia, aunque Amnistía no responsabilizó al Gobierno azerbaiyano por esta cuestión, a pesar de haber sido quien inició el conflicto armado.
La neutralidad y falsas equivalencias en el conflicto de Artsaj
Sobre la situación de la guerra en Artsaj (Nagorno Karabaj), Amnistía Internacional replicó la postura política de adoptar una “neutralidad” en la que se buscó equiparar e igualar crímenes de guerra de todas las partes involucradas con una política genocida orientada a la destrucción total de la identidad y el pueblo armenio por parte de los Estados de Turquía y Azerbaiyán.
“El conflicto militar con Azerbaiyán, en el que ambos bandos cometieron crímenes de guerra y llevaron a cabo ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, causó numerosas muertes, lesiones y desplazamientos de civiles”, afirmó el organismo. Además, calificó como “disputada” la región de Artsaj y llamó “territorio azerbaiyano ocupado” a las zonas adyacentes que Armenia entregó en el acuerdo por el fin de la guerra, replicando la postura de Azerbaiyán sobre el conflicto.
De acuerdo con Amnistía, la derrota en la guerra “generó agitación política y llamamientos a la dimisión del Primer Ministro, lo que sumió al país en una crisis política. El 12 de noviembre, 12 figuras de la oposición fueron detenidas por su papel en los violentos disturbios que incluyeron el asalto a la residencia del primer ministro y la hospitalización del presidente del Parlamento tras haber sido brutalmente golpeado por una multitud enfurecida”.
Según la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, “en el peor momento del conflicto unas 90.000 personas de etnia armenia huyeron de los combates en Nagorno Karabaj hacia Armenia, y su desplazamiento no hizo sino empeorar los graves efectos que ya estaba teniendo la pandemia de COVID-19”. Si bien Amnistía planteó que la guerra y la pandemia tuvieron “efectos devastadores en la economía y el sistema de atención de la salud”, mientras que “los hospitales y el sector de la asistencia médica continuaron desbordados”, no denunció que fueron Turquía y Azerbaiyán quienes iniciaron una guerra durante la pandemia.
En relación a los crímenes de guerra, Amnistía denunció que “ambas partes del conflicto sobre Nagorno Karabaj causaron muertes y lesiones entre la población civil y daños generalizados en zonas civiles al usar contra áreas civiles densamente pobladas armas pesadas explosivas de amplio alcance, incluidos misiles balísticos y artillería de cohetes notoriamente imprecisa. Según pruebas verificadas, ambos bandos usaron municiones de racimo prohibidas por el derecho internacional humanitario”. Tampoco se aclaró que Azerbaiyán bombardeó con municiones de racimo a Stepanakert por casi 30 días continuos, algo que fue constatado por periodistas del Diario ARMENIA que estuvieron en la ciudad durante los bombardeos, escondidos en los búnkeres, mientras que Artsaj y Armenia, por su parte, anunciaron con anterioridad los objetivos militares que iban a atacar y pidieron a las autoridades que retiren a su población civil de las zonas, algo que el Gobierno azerbaiyano se negó a hacer y en cambio utilizó a su población como escudo humano.
Más adelante, Amnistía afirmó que “las fuerzas armenias cometieron crímenes de guerra en Nagorno Karabaj” ya que existieron “varios videos verificados ilustraban los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra y otras personas capturadas, así como la profanación de cadáveres de soldados enemigos a manos del bando armenio. En uno de ellos se veía cómo asesinaban a un guardia de fronteras azerbaiyano cortándole el cuello”. También aseguró que “las fuerzas azerbaiyanas cometieron crímenes de guerra en Nagorno Karabaj. Varios vídeos verificados mostraban los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra y otras personas capturadas, decapitaciones y profanación de cadáveres de soldados del bando contrario”. Nuevamente, se equiparó una política de adoctrinamiento y discurso de odio por parte de las autoridades de Azerbaiyán contra el pueblo armenio, que desde hace años se promueve oficialmente, con crímenes particulares por parte de soldados armenios contra azerbaiyanos. Tampoco se aclaró que la cantidad de casos de crímenes de guerra por parte del Ejército de Azerbaiyán fue sustancialmente superior a los pocos casos relevados en el Ejército de Defensa de Artsaj o en el Ejército de Armenia.
La situación de los derechos humanos en Azerbaiyán
La organización de derechos humanos advirtió que “las autoridades intensificaron la represión a medida que aumentaba el número de personas que expresaban su descontento en las calles, a través de las redes sociales y por otros medios”. “Más de una decena de personas, entre las que figuraban periodistas y activistas de la oposición que criticaban a las autoridades por su gestión de la pandemia, fueron condenadas a cumplir entre 10 y 30 días de ‘detención administrativa’ por cargos falsos como desobedecer órdenes de la policía y saltarse las normas de confinamiento”. Asimismo, el régimen del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev “intensificó” las “detenciones por cargos penales de motivación política”, luego de que el mandatario anunciara que para hacer frente a la pandemia se iba a “aislar” y “limpiar” la oposición del país.
“El hostigamiento a la oposición política llegó a su punto álgido cuando el presidente Ilham Aliyev culpó de las protestas multitudinarias celebradas el 15 de julio en Baku al partido de oposición Frente Popular de Azerbaiyán, acusándolo de llevar a cabo una insurrección. Un total de 40 activistas del Frente Popular de Azerbaiyán, entre los que figuraban 4 de sus principales dirigentes, fueron detenidos por cargos de motivación política que iban desde alteración del orden público a resistencia a la policía”, marcó Amnistía.
“En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó los ‘procesamientos de represalia’ y el ‘preocupante patrón de detenciones y reclusiones arbitrarias de personas críticas con el gobierno’. Durante el año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) halló motivaciones políticas en la detención arbitraria de detractores del gobierno en al menos tres demandas distintas, a saber, las de los activistas Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov, los destacados defensora y defensor de los derechos humanos Leyla y Arif Yunus y la periodista de investigación Khadija Ismayilova. El 4 de septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa puso fin a los procedimientos de infracción contra Azerbaiyán después de que el Tribunal Supremo del país absolviera a Ilgar Mammadov y Rasul Jafarov, dos de los demandantes que, según el TEDH, habían sido encarcelados injustamente por criticar al gobierno. Otros seis demandantes, incluidos destacados defensores de los derechos humanos que figuraban en la demanda de Ilgar Mammadov, no fueron absueltos, pese a la petición del Comité de que se anularan sus sentencias condenatorias, y siguieron sufriendo consecuencias penales arbitrarias, como la prohibición de viajar y la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias”.
Más adelante, Amnistía denunció que el Gobierno rechazó arbitrariamente la inscripción de las ONG independientes, mientras que “sus dirigentes continuaron expuestos a sanciones tras sentencias condenatorias infundadas que también les impedían presentarse a elecciones”. “Los abogados y abogadas de derechos humanos continuaron haciendo frente a hostigamiento por desempeñar su labor profesional, lo que afectaba a su independencia y a su predisposición a aceptar casos relacionados con los derechos humanos. En junio, el abogado Javad Javadov fue amonestado arbitrariamente por el Colegio de Abogados como represalia por divulgar en las redes sociales información sobre los presuntos malos tratos infligidos bajo custodia policial a su cliente Kerim Suleymanli. También en junio, el TEDH falló que la suspensión e inhabilitación del destacado abogado Khalid Bagirov —por cuestionar la imparcialidad de la sentencia judicial en la causa de su cliente— había vulnerado su derecho a la vida privada y a la libertad de expresión”.
Además, Amnistía Internacional señaló que “el derecho a la libertad de reunión continuó gravemente restringido mientras se seguía penalizando a manifestantes por el mero hecho de participar pacíficamente en reuniones públicas”. “Los días 11 y 16 de febrero, la policía reprimió y dispersó violentamente protestas contra el fraude electoral en las elecciones parlamentarias frente a la Comisión Electoral Central de Baku, golpeando y arrestando a manifestantes. El 15 de julio, la policía hizo uso excesivo de la fuerza para disolver una manifestación que había comenzado el día anterior, cuando miles de personas se concentraron pacíficamente frente al edificio del Parlamento en Baku para exigir una respuesta militar más contundente contra las fuerzas armenias tras los enfrentamientos en la frontera. Las protestas se tornaron violentas cuando un pequeño grupo de manifestantes entró sin autorización en el edificio. La policía y las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva, incluidos cañones de agua, para desalojar a los intrusos y dispersar a la multitud en el exterior. Los enfrentamientos consiguientes se saldaron con varios manifestantes y periodistas heridos, y la policía confiscó el material de algunos de los periodistas que cubrían la concentración. Un total de 70 personas fueron detenidas inmediatamente después de la manifestación”, relató el organismo.
Por último, la ONG señaló que “las denuncias de tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizadas”. “En febrero, en su sentencia en la causa Ibrahimov and Mammadov v. Azerbaijan, el TEDH concluyó que los dos activistas demandantes habían sido sometidos a malos tratos por agentes de la policía para obligarlos a confesar cargos graves y que las autoridades no habían investigado de manera proactiva las denuncias de tortura. Las personas detenidas tras las protestas del 15 de julio fueron recluidas en condiciones de hacinamiento en calabozos policiales calurosos, sin ventilación y con alimentos y agua limitados. Según informes, sufrieron golpes y abusos, y se les negó el acceso a asistencia letrada y a sus familias”.
La situación de los derechos humanos en Armenia
Amnistía Internacional denunció que “los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica estuvieron restringidos durante todo el año, primero como consecuencia del estado de emergencia impuesto de marzo a septiembre en respuesta a la COVID-19, y después por la ley marcial declarada desde septiembre hasta el final del año en respuesta a las hostilidades con Azerbaiyán”.
“En virtud del estado de emergencia, el gobierno prohibió las reuniones de más de 20 personas y la publicación de ‘datos no oficiales’ sobre asuntos relacionados con la pandemia, entre otras medidas. Las autoridades obligaron a 20 medios de comunicación a modificar o eliminar información que en su opinión contribuía a ‘crear pánico’. Las restricciones impuestas a los medios de comunicación se levantaron en abril tras las duras críticas de grupos nacionales e internacionales de defensa de los derechos”, indicó el organismo, que recordó que el 9 de octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohibía la difusión de “información no oficial” sobre el conflicto y las cuestiones de seguridad nacional, así como toda crítica pública a acciones militares y declaraciones de autoridades gubernamentales. “En noviembre, tras la firma del alto el fuego, se invocaron las restricciones de la ley marcial sobre la libertad de reunión pacífica para prohibir las manifestaciones contra el gobierno que exigían la dimisión del Primer Ministro”, agregó.
Por último, sobre las situaciones medioambientales, “las ONG de defensa del medioambiente expresaron su preocupación porque consideraban que el gobierno intentaba reducir la transparencia sobre los asuntos ambientales para beneficiar a intereses mineros a expensas de las comunidades locales, todo ello en el contexto de las tensiones existentes sobre la mina de oro de Amulsar, en el sur de Armenia”.
“Los residentes locales bloqueaban el acceso a esta mina desde 2018 en protesta por el peligro que representaba para sus medios de vida y para el medioambiente. El 4 de agosto, cientos de activistas se concentraron en el yacimiento minero de Amulsar después de que el nuevo personal de seguridad de la empresa apartara por la fuerza a los residentes locales que estaban bloqueando el paso a la mina. El 5 de agosto, la policía detuvo a 12 personas en un violento enfrentamiento con personal de seguridad. En la capital, Ereván, la policía disolvió protestas simultáneas de apoyo a los activistas ambientales y detuvo a decenas de manifestantes pacíficos. Todas las personas detenidas en Amulsar y Ereván fueron sancionadas con multas administrativas por desobedecer a la policía, y quedaron en libertad”, relató Amnistía.
La situación de los derechos humanos en Turquía
Amnistía Internacional denunció que “la judicatura no respetaba las garantías sobre juicios justos y el debido proceso, y continuó aplicando leyes antiterroristas de imprecisa definición para castigar actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos miembros de la profesión jurídica y la judicatura fueron objeto de sanciones por el legítimo ejercicio de sus funciones profesionales. Persistió el acoso judicial contra personas tales como periodistas, activistas, figuras de la política, usuarios y usuarias de redes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos por su disidencia o presunta disidencia. Cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Taner Kılıç, fueron declarados culpables de cargos infundados en el juicio de Büyükada. Osman Kavala continuó en prisión a pesar de haber sido absuelto en el juicio de Gezi y de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de su liberación”. Además, hubo “comentarios de un alto cargo público contra el colectivo LGBTI fueron secundados por varias autoridades gubernamentales, entre ellas el presidente Erdoğan. El partido gobernante amenazó con retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Las reformas jurídicas introducidas en el contexto de la COVID-19 excluían de la liberación anticipada a personas injustamente condenadas en aplicación de la legislación antiterrorista y a quienes estaban en prisión preventiva. Continuaron las denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos”.
Sobre la política exterior de Turquía, Amnistía recordó que en febrero, “tras los ataques aéreos sirios que causaron la muerte de 33 soldados turcos en Idlib (Siria), Turquía lanzó la operación militar Escudo de Primavera contra las fuerzas sirias. Simultáneamente declaró abiertas sus fronteras con la Unión Europea, y promovió y facilitó el traslado de miles de solicitantes de asilo y migrantes a la frontera terrestre de Grecia. Las fuerzas griegas respondieron con violentas devoluciones ilegales que causaron al menos tres muertes. En abril, el gobierno aprovechó la crisis de la COVID-19 para reprimir aún más a la oposición, prohibiendo varias campañas municipales de donaciones organizadas por ésta y abriendo investigaciones sobre las iniciativas de recaudación de fondos para combatir la pandemia emprendidas por los alcaldes de Estambul y Ankara”.
“En marzo y de nuevo en octubre, debido a la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud prohibió al personal sanitario dimitir de sus puestos. Inicialmente estaba previsto que la prohibición durara tres meses, pero más tarde se amplió hasta nuevo aviso. En noviembre y diciembre se impusieron multas de 40 millones de liras turcas (más de 4 millones de euros) a empresas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram por no haber nombrado un representante legal en Turquía como exigía la ley reformada sobre redes sociales. Las empresas que incumplieran sus obligaciones jurídicas se exponían a más sanciones, como una reducción del ancho de banda, lo que impediría acceder a sus servicios en Turquía. En diciembre, YouTube anunció el establecimiento de una entidad jurídica en el país”.
En relación a las represiones contra opositores, Amnistía Internacional marcó que se continúan utilizando “investigaciones penales y enjuiciamientos en aplicación de la legislación antiterrorista, así como la detención punitiva en espera de juicio, para silenciar la disidencia aunque no existieran pruebas de delito”. “Con el pretendido fin de combatir las ‘noticias falsas’, la ‘incitación’ o la ‘propagación de miedo y pánico’, las autoridades utilizaban el derecho penal para actuar contra quienes hablaban sobre la pandemia de COVID-19 en Internet. La Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior afirmó que 1.105 usuarios de redes sociales habían hecho ‘propaganda de una organización terrorista’, entre otras cosas, al haber compartido ‘publicaciones provocadoras sobre la COVID-19’ entre el 11 de marzo y el 21 de mayo; según informes, 510 fueron detenidos para ser interrogados”.
“En octubre, el presidente puso en el punto de mira a la Asociación Médica de Turquía y llamó ‘terrorista’ a su nueva presidenta después de que la Asociación criticara reiteradamente la respuesta del gobierno a la COVID-19. En abril, ante la propagación de la COVID-19 en el país, el gobierno reformó la ley sobre ejecución de sentencias para posibilitar la excarcelación anticipada de hasta 90.000 personas presas, pero excluyó expresamente a las que estaban detenidas en espera de juicio y a las condenadas en virtud de leyes antiterroristas”, denunció el organismo.
“En junio, un tribunal de apelación de Estambul confirmó el fallo condenatorio de Canan Kaftancıoğlu, presidenta provincial de Estambul del opositor Partido Popular Republicano. Canan Kaftancıoğlu había sido condenada a nueve años y ocho meses de prisión por ‘insultar al presidente’, ‘insultar a un funcionario público’, ‘incitar a la enemistad y el odio’ y ‘hacer propaganda de una organización terrorista’. La sentencia se refería a unos tuits que había publicado siete años antes. La causa continuaba pendiente ante el Tribunal de Casación al final del año. En octubre, 20 miembros y exmiembros del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, entre ellos el alcalde de la ciudad de Kars, Ayhan Bilgen, quedaron detenidos en espera de juicio por su presunta participación en las protestas violentas de octubre de 2014. Las acusaciones se basaban en gran medida en publicaciones de la cuenta oficial del partido en Twitter. El 2 de octubre, tras la decisión de poner a Ayhan Bilgen en prisión preventiva, el Ministerio del Interior nombró interventor de su municipio al gobernador de Kars. Los anteriores copresidente Selahattin Demirtaş y copresidenta Figen Yüksekdağ permanecían en prisión preventiva desde septiembre de 2019 como parte de la misma investigación. Al final del año estaba pendiente ante el tribunal de primera instancia una nueva acta de acusación formal presentada días después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitara la liberación inmediata de Selahattin Demirtaş al considerar que se había violado su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la libertad y la seguridad, a unas elecciones libres y a no ser objeto del uso indebido de las limitaciones de derechos. En diciembre, el Parlamento aprobó una ley, teóricamente concebida para evitar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que tuvo graves consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cosas, la ley permitía apartar de las juntas directivas de ONG a personas acusadas de virtud de leyes antiterroristas para ser sustituidas por interventores nombrados por el gobierno”.
Sobre la persecución a periodistas, en marzo se detuvieron a 12 comunicadores por informar sobre la pandemia de COVID-19, entre quienes se encontraba la periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal, acusada de “incitar a la enemistad y el odio” por sus publicaciones en redes sociales. “Seis periodistas fueron a prisión por informar sobre el funeral de dos presuntos miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia asesinados en Libia. En mayo se acusó formalmente a los seis detenidos y a otro periodista de ‘revelar la identidad de agentes de inteligencia’. En septiembre se dictó prisión contra cinco de ellos por ‘publicar información secreta’. Los periodistas Alptekin Dursunoğlu y Rawin Sterk Yıldız, detenidos en marzo por sus publicaciones en redes sociales, quedaron en libertad en su primera vista, en marzo y septiembre, respectivamente. Sus causas seguían pendientes al terminar el año”.
Por su parte, “decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a investigaciones penales y procesamientos por su labor de derechos humanos”. “En julio concluyó el juicio de Büyükada contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos. El tribunal declaró a Taner Kılıç culpable de ‘pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)’ y lo condenó a 6 años y 3 meses de prisión, y condenó a İdil Eser, Günal Kurşun y Özlem Dalkıran a ‘un año y 13 meses’ de prisión por ‘ayudar de manera consciente e intencionada a FETÖ’. Los siete acusados restantes fueron absueltos. El 1 de diciembre, un tribunal regional de apelación confirmó los fallos condenatorios de los cuatro defensores y defensoras, quienes recurrieron ante el Tribunal de Casación”.
“En febrero, Osman Kavala y otras ocho figuras de la sociedad civil fueron absueltos de todos los cargos, entre ellos ‘intentar derrocar al gobierno’ y ‘dirigir’ las protestas del parque Gezi en 2013. Sin embargo, Osman Kavala fue detenido por nuevos cargos sólo unas horas después de su liberación. En mayo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó su decisión de diciembre de 2019, en la que pedía la liberación inmediata de Kavala tras concluir que su prolongada reclusión previa al juicio era ilegal y servía a un ‘propósito ulterior’. Tanto en sus exámenes del caso en septiembre y octubre como en su resolución provisional de diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió a Turquía que acatara la sentencia del Tribunal Europeo”.
“En octubre, un tribunal de Estambul admitió una nueva acta de acusación formal contra Osman Kavala y el académico estadounidense Henri Barkey por ‘intentar subvertir el orden constitucional’ y ‘espionaje’ a pesar de la ausencia de pruebas. En diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que no había irregularidades en la reclusión preventiva de Kavala que, al terminar el año, continuaba en prisión. En enero, la fiscalía de Estambul pidió un fallo de culpabilidad para la abogada de derechos humanos Eren Keskin en el juicio principal sobre el periódico Özgür Gündem, junto con otras personas que habían participado en una campaña de solidaridad. En febrero, dos de las acusadas, Necmiye Alpay y Aslı Erdoğan, fueron absueltas en virtud de una sentencia provisional. Se mantuvieron los cargos contra Eren Keskin y otras tres personas. En marzo, Raci Bilici, expresidente de la sección de Diyarbakır de la ONG Asociación de Derechos Humanos (IHD), fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por ‘pertenencia a una organización terrorista’ debido a su labor de derechos humanos. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación. En octubre comenzó el juicio —a raíz de un informe publicado en 2019 por el grupo de investigación Forensic Architecture— contra tres agentes de policía y un presunto miembro del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) acusados de matar al abogado de derechos humanos Tahir Elçi en Diyarbakır casi cinco años antes. Los agentes se enfrentaban al cargo de ‘causar la muerte por negligencia dolosa'”.
En materia de temas de género, “en abril, un alto funcionario público de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) culpó de la propagación del VIH/sida a la homosexualidad y a las personas que tenían relaciones extramatrimoniales. En un sermón del viernes centrado en la pandemia de COVID-19, pidió a sus seguidores que combatieran este ‘mal’, y el presidente secundó su llamamiento. Los colegios de abogados que criticaron sus declaraciones fueron objeto de investigación criminal en aplicación del artículo 216/3 del Código Penal, que tipificaba como delito ‘insultar los valores religiosos'”.
Más adelante, “en julio, el brutal asesinato de la estudiante de 27 años Pınar Gültekin dio paso a protestas en todo el país. Al final del año seguía abierto el juicio de dos hombres acusados de su asesinato. En agosto, las propuestas de retirar a Turquía del Convenio de Estambul formuladas por algunos miembros del partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, provocaron manifestaciones en todo el país. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres criticaron el incumplimiento del Convenio, incluida la falta de respuesta adecuada al aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante las restricciones impuestas por la COVID-19. Aunque el Ministerio del Interior anunció que habían muerto 266 mujeres por violencia de género en 2020, los datos proporcionados por organizaciones de mujeres eran muy superiores”.
“En marzo, las autoridades prohibieron la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Estambul por segundo año consecutivo. La policía utilizó gas lacrimógeno y balas de plástico para dispersar a manifestantes pacíficos que habían desafiado la prohibición. El juicio de las seis mujeres acusadas de ‘no dispersarse’ en aplicación del artículo 32 de la Ley de Reuniones y Manifestaciones comenzó en noviembre. Los cargos tenían que ver con su participación en una protesta pacífica organizada en diciembre de 2019 con la coreografía de Las Tesis para combatir el feminicidio. En junio, un tribunal administrativo de Ankara resolvió que prohibir la marcha estudiantil del Orgullo en el campus universitario era ilegal. El 10 de diciembre se aplazó hasta abril de 2021 el juicio de 18 estudiantes y un profesor de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de Ankara por participar en una marcha del Orgullo organizada en el campus en mayo de 2019”.
Sobre las torturas a opositores encarcelados, Amnistía dijo: “Según el testimonio de Osman Şiban, él y Servet Turgut sufrieron lesiones graves tras ser detenidos y golpeados por un nutrido grupo de soldados en la provincia de Van en septiembre. Servet Turgut murió en el hospital el 30 de ese mismo mes. Las declaraciones de la oficina del gobernador de Van y del ministro del Interior contradecían las de Osman Şiban y testigos presenciales. La investigación criminal abierta por la fiscalía de Van sobre las acusaciones de tortura estaba sometida a secreto. En octubre fueron detenidos en Van, por ‘pertenencia a una organización terrorista’, cuatro periodistas que cubrían la información del caso; los cargos se basaban en las agencias de noticias para las que trabajaban los periodistas y en el hecho de que éstos habían convertido en noticia ‘incidentes públicos desde la perspectiva del Partido de los Trabajadores Kurdos/Unión de Comunidades Kurdas (PKK/KCK) y siguiendo sus órdenes en detrimento del Estado’. En diciembre, Mehmet Sıddık Meşe, quien estaba en prisión preventiva en la cárcel de Diyarbakır, fue privado de asistencia médica urgente y de un reconocimiento médico forense tras sufrir presuntamente una brutal paliza a manos de guardias de la prisión. Al terminar el año, las autoridades de la fiscalía no habían emprendido una investigación independiente sobre estas denuncias”.
También se denunciaron desapariciones forzadas en Turquía: “En febrero, Gökhan Türkmen, uno de los siete acusados de tener vínculos con el movimiento Fethullah Gülen que habían estado desaparecidos en 2019, relató ante el tribunal la tortura y otros malos tratos que había sufrido durante los 271 días de su desaparición forzada. El tribunal pidió que se llevara a cabo una investigación criminal sobre sus denuncias. Al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de Yusuf Bilge Tunç, desaparecido en agosto de 2019”.
Por último, en relación a las personas migrantes y refugiadas, Amnistía recordó que Turquía continúa siendo el país con la mayor población refugiada del mundo: unos 4 millones de personas, 3,6 millones de ellas de origen sirio. “Seguía vigente el acuerdo UE- Turquía de 2016, por el que el país recibía ayuda económica europea para atender a las personas refugiadas en su territorio a cambio de su cooperación en materia de control migratorio y devoluciones. Tras anunciar la apertura de sus fronteras con la Unión Europea el 27 de febrero, Turquía cometió la irresponsabilidad de promover y facilitar el desplazamiento de solicitantes de asilo y migrantes hasta la frontera terrestre griega, donde se registraron violentas devoluciones sumarias que causaron muertes y lesiones (véase el apartado sobre Grecia). Al final de marzo, las autoridades turcas trasladaron a personas desde la zona fronteriza. Según el informe de una ONG publicado en octubre, Turquía deportó a más de 16.000 personas a Siria durante el año. En mayo, unas personas sirias denunciaron que habían sido objeto de devolución a Siria y presionadas para firmar documentos donde declaraban que querían regresar. En septiembre, según datos de la ONU, Turquía había deportado a alrededor de 6.000 personas a Afganistán, a pesar de que la situación en ese país no permitía regresar de forma segura y digna”.