El ISEN abrió sus aulas a la diplomacia negacionista de Turquía con un acuerdo de cooperación académica
El Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), dependiente de la Cancillería argentina, firmó en Buenos Aires un memorándum con la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía que prevé la participación de funcionarios turcos en la formación de futuros diplomáticos argentinos. La decisión otorgó un espacio institucional al aparato diplomático de un Estado que sostiene el negacionismo del Genocidio Armenio, reconocido por la legislación nacional argentina.
El acuerdo fue firmado por el director del ISEN, embajador Marcelo Buffetti, y el vicecanciller turco Zeki Levent Gümrükçü. Según informó el Instituto, contempla intercambios sobre programas de estudio, conferencias, cursos, publicaciones conjuntas y la “participación de funcionarios turcos en las actividades de formación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación”.
El anuncio enumera modalidades de cooperación, pero no detalla los contenidos que se enseñarán, las bibliografías, los responsables de seleccionarlas ni los mecanismos para impedir que la formación diplomática argentina se convierta en un espacio de reproducción del negacionismo. La fórmula “actividades académicas” deja sin responder el punto central: qué lugar tendrán las posiciones oficiales turcas en las aulas del Estado argentino.
Después de la firma, Gümrükçü y el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, conversaron con los aspirantes becarios de segundo año sobre la política exterior turca y el sistema internacional. El comunicado no publicó una transcripción de esa exposición ni informó si se abordaron el Genocidio Armenio o las responsabilidades de Turquía en las agresiones contra la población armenia.
El negacionismo bajo una presentación académica
Argentina reconoció el Genocidio Armenio mediante la Ley 26.199, sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en enero de 2007. Su artículo primero establece la conmemoración del 24 de abril y reconoce expresamente el genocidio sufrido por el pueblo armenio. El reconocimiento forma parte de la legislación del país que los egresados del ISEN representarán en el exterior.
La política del Ministerio de Relaciones Exteriores turco sigue el camino opuesto. En su comunicado del 24 de abril de 2026, volvió a presentar el Genocidio Armenio como los acontecimientos de 1915, acusó a dirigentes extranjeros de instrumentalizar el tema y reiteró su propuesta de una comisión histórica. Ese procedimiento busca devolver al terreno de una supuesta controversia un crimen documentado y reconocido.
Presentar el exterminio de los armenios como una tragedia de responsabilidades equivalentes reproduce la lógica de una “teoría de los dos demonios”: diluye la responsabilidad del Estado perpetrador y coloca a las víctimas en el mismo plano que quienes organizaron su destrucción. Incorporar esa falsa equivalencia a la formación diplomática significaría enseñar a relativizar el reconocimiento que sostiene la propia Argentina.
Los antecedentes de esa penetración en ámbitos académicos argentinos son concretos. En octubre de 2019, Diario Armenia documentó una conferencia en la Universidad Nacional de Quilmes en la que el entonces embajador turco Sefik Vural Altay negó el Genocidio Armenio y presentó las demandas armenias como un obstáculo para la relación bilateral. “A lo que nos oponemos es a que presenten los eventos de 1915 como un genocidio perpetrado por un lado contra otro”, afirmó.
La misma cobertura señaló los vínculos entre la difusión de la posición azerbaiyana y la formación de especialistas: Paulo Botta, quien coordinó la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán en la Universidad Nacional de La Plata, también dio clases en el ISEN. Esos antecedentes vuelven indispensable conocer las bibliografías y los criterios de selección que se utilizarán en las actividades del nuevo convenio.
La cooperación entre ambas instituciones tiene antecedentes que el anuncio del ISEN omitió mencionar. El 20 de enero de 2011, el entonces canciller argentino Héctor Timerman y la ministra de Estado turca Selma Aliye Kavaf firmaron en Ankara un memorándum que ya contemplaba intercambiar información sobre programas de estudio, organizar cursos y seminarios, promover intercambios de profesores, especialistas y estudiantes, y compartir publicaciones y materiales académicos. El documento, conservado en el archivo oficial de la Cancillería argentina, demuestra que esta relación institucional se remonta al menos a quince años y atravesó gobiernos de distinto signo político.
El memorándum establecía una vigencia de tres años con renovación automática, salvo notificación escrita de terminación con noventa días de anticipación. El anuncio actual no aclara si el nuevo instrumento reemplaza, modifica o complementa aquel acuerdo, ni informa qué actividades se desarrollaron bajo ese marco. Además, su artículo quinto disponía que la cooperación debía cumplir con la legislación de cada país. En Argentina, la Ley 26.199 de reconocimiento del Genocidio Armenio ya estaba vigente cuando se firmó. La Cancillería debe explicar cómo garantizó ese principio y qué contenidos circularon durante estos años de vinculación académica.
Artsaj y los antecedentes de la Cancillería
El acuerdo también debe leerse frente a la guerra de 2020, el bloqueo genocida iniciado en diciembre de 2022 y la limpieza étnica de septiembre de 2023 contra la población armenia cristiana de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj). Turquía respaldó a Azerbaiyán. El 19 de septiembre de 2023, su propia Cancillería justificó la ofensiva azerbaiyana como una operación antiterrorista y sostuvo que Bakú había tenido que adoptar medidas en el territorio que reivindicaba como propio.
La diplomacia argentina arrastra antecedentes de hostilidad hacia la representación de Artsaj. En abril de 2019, IARA – Instituciones Armenias de la República Argentina denunció que la Cancillería intentó impedir una conferencia de su entonces canciller, Masís Maylian, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El Ministerio recomendó a organismos públicos que evitaran recibirlo o encontrarse públicamente con él, con el argumento de que Argentina no reconocía la independencia de Artsaj.
Durante el bloqueo hubo pronunciamientos argentinos: Santiago Cafiero pidió garantizar la circulación en enero de 2023 y Alberto Fernández denunció el bloqueo azerbaiyano ante el G20 en septiembre. Sin embargo, las instituciones armenias debieron reclamar una respuesta más firme. El 24 de abril de ese año, IARA exigió que la Cancillería repudiara el bloqueo y reclamara el cumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia que obligaba a garantizar el tránsito por el corredor.
En septiembre de 2026, IARA rechazó la participación de la embajadora argentina en Azerbaiyán, Mariángeles Bellusci, en una visita a Artsaj organizada por las autoridades azerbaiyanas el día 11 de ese mes. La entidad advirtió que esos recorridos sirven para legitimar la ocupación y la expulsión de la población armenia. La firma del convenio del ISEN se suma así a decisiones que otorgan reconocimiento institucional a quienes niegan o justifican los crímenes denunciados por esa población.
La falsa equivalencia con Malvinas
Invocar la Causa Malvinas para descartar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj borra una diferencia fundamental. La posición argentina sobre Malvinas cuestiona que una población implantada por la potencia colonial británica pueda decidir la soberanía de un territorio argentino ocupado. La población armenia de Artsaj, en cambio, es nativa de esa tierra y fue desplazada por la fuerza. Su presencia histórica, sus iglesias y sus comunidades preceden al Estado azerbaiyano contemporáneo.
Trasladar mecánicamente de un caso al otro la argumentación sobre integridad territorial permite eludir los derechos de esa población. Defender la soberanía argentina sobre Malvinas es compatible con defender la autodeterminación, la seguridad y el derecho al retorno de los armenios de Artsaj.
El propio proceso internacional de negociación reconocía esa complejidad. Los principios difundidos en 2009 por los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE contemplaban conjuntamente la integridad territorial, la autodeterminación y la prohibición del uso de la fuerza. También preveían definir el estatus final mediante una expresión de voluntad jurídicamente vinculante.
La integridad territorial no autoriza el desplazamiento forzado ni elimina los derechos de quienes fueron expulsados. El 17 de noviembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán garantizar que quienes habían abandonado Artsaj después del 19 de septiembre y quisieran regresar pudieran hacerlo de manera segura, sin obstáculos y con rapidez. La defensa de esos derechos no depende del reconocimiento diplomático de Artsaj como Estado.
Martín Menem recibió al vicecanciller: el antecedente del veto de 1995
La visita turca también tuvo una recepción política en el Congreso. El 23 de octubre de 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a Gümrükçü en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Participaron el embajador Budak, los diputados Álvaro Martínez y Rubén Darío Torres y la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Términe, entre otros funcionarios.
Menem afirmó que era “un honor recibirlos” y definió a Turquía como un “socio de gran relevancia”. El comunicado oficial destacó la cooperación y las oportunidades económicas, sin mencionar el Genocidio Armenio ni la responsabilidad turca en las agresiones contra Artsaj. La recepción ofreció un respaldo político a la relación bilateral mientras dejó fuera de la comunicación pública los reclamos de las víctimas.
Martín Menem es sobrino de Carlos Saúl Menem, el presidente que en 1995 vetó la iniciativa parlamentaria de homenaje vinculada al reconocimiento del Genocidio Armenio. Se trató de la ley registrada con el número 24.559, impulsada por el Consejo Nacional Armenio y aprobada por ambas cámaras, que establecía el 24 de abril como jornada de repudio y lucha contra la discriminación.
El veto fue dispuesto mediante el Decreto 562/1995, del 10 de octubre. Entre sus fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que resultaba más apropiado elegir una fecha que comprendiera a toda la humanidad y propuso como referencia el 10 de diciembre, día de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El decreto que bloqueó la conmemoración del 24 de abril llevó las firmas de Carlos Menem, Eduardo Bauzá y el entonces canciller Guido Di Tella.