Nada menos que 300.000 azerbaiyanos en Armenia

Cada concesión hecha por Armenia a Azerbaiyán abre una nueva exigencia. La paz no puede consistir en satisfacer las demandas de Bakú con la esperanza de que alguna sea la última. En Ereván cada retroceso es presentado como pragmatismo. Para Azerbaiyán, en cambio, es una confirmación de que la presión funciona.

La campaña sobre el llamado “Azerbaiyán Occidental” confirma esa lógica. Durante meses, esa agenda fue relativizada por el gobierno de Nikol Pashinyan como una consigna propagandística sin consecuencias reales, una fórmula destinada apenas a neutralizar eventuales reclamos armenios por el derecho al retorno de los desplazados de Artsaj. Hoy, en cambio, Ilham Aliyev y sus voceros reclaman abiertamente que Armenia cree condiciones para “el retorno” y la seguridad de 300.000 azerbaiyanos en territorio armenio. Lo que ayer se negaba como hoy ya aparece como demanda y como una condición de la llamada paz.

El problema es que Nikol Pashinyan contribuye a darle una lógica de reciprocidad: “si los armenios hablan de Artsaj, Azerbaiyán hablará de Armenia”, dijo el primer ministro en un intento de clausurar la memoria política de Artsaj.

Frente a una campaña estatal dirigida contra la soberanía territorial armenia, Pashinyan no puso el foco en Bakú, sino en quienes mantienen vigente el reclamo por Artsaj. Incluso señaló el trabajo de la FRA en los Estados Unidos como parte de ese problema, una acusación que merece un debate aparte, pero que en este caso revela algo más grave: el traslado de la responsabilidad política desde Azerbaiyán hacia los armenios que reclaman por una población expulsada de su propia tierra.

Pashinyan se refería a las gestiones impulsadas por el Consejo Nacional Armenio de América (ANCA) en los Estados Unidos, que promovieron enmiendas en el Congreso norteamericano para exigir a Azerbaiyán el regreso seguro de los armenios de Artsaj, la liberación de los prisioneros armenios y el retiro de las tropas azerbaiyanas de los territorios soberanos de Armenia ocupados durante las incursiones de 2021 y 2022.

Los reclamos eran los elementales: el regreso de una población expulsada, la liberación de detenidos armenios y el retiro de tropas azerbaiyanas de territorio armenio. Sin embargo, Pashinyan presentó esas gestiones como una forma de continuar el “movimiento de Karabaj” en otros niveles y advirtió que cualquier intento de sostenerlo provocaría “reacciones similares”.

La comparación es inaceptable. No es lo mismo una campaña impulsada por el Estado azerbaiyano sobre territorio soberano de Armenia que el reclamo por una población armenia expulsada después del bloqueo del corredor de Lachín y la ofensiva militar de septiembre de 2023, que terminó con la limpieza étnica de Artsaj. Bakú busca convertir ese falso paralelismo en una herramienta de presión contra Armenia, mientras avanza la destrucción y apropiación del patrimonio armenio y la expulsión de los armenios de Artsaj sigue sin consecuencias para Azerbaiyán.

Esta campaña ya no se limita a Azerbaiyán. En Washington, el Grupo de Iniciativa de Bakú organizó en el edificio del Congreso de Estados Unidos una conferencia titulada “Derecho al retorno y autodeterminación: dobles estándares y enfoques selectivos”, donde se habló del supuesto “retorno” de los llamados “azerbaiyanos occidentales” y se envió una carta a congresistas para pedir apoyo a ese reclamo. Al mismo tiempo, dentro de Azerbaiyán, Aziz Alekberli, diputado y presidente de la denominada “Comunidad de Azerbaiyán Occidental”, afirmó que el retorno de azerbaiyanos a sus lugares de origen debería convertirse en uno de los temas del proceso de paz con Armenia.

 El aparato estatal azerbaiyano también salió a reforzar esa línea. El ministro de Educación y Ciencia de Azerbaiyán, Emin Amrullayev, sostuvo que el tema de “Azerbaiyán Occidental” tiene “importancia estratégica”, mientras Zahid Jafarov, miembro de la conducción de esa comunidad, afirmó que la política de Armenia hacia los “azerbaiyanos occidentales” debería ser caracterizada como “genocidio”. A eso se sumó el festival del 22 de junio, realizado bajo un mapa de Armenia presentado como “Azerbaiyán Occidental”, con imágenes de Ereván y Noravank, materiales históricos y elementos de la cultura armenia utilizados dentro de esa narrativa.

La maniobra le permite a Azerbaiyán sumar presión diplomática, demorar la firma de un tratado de paz pero más que nada arrancar nuevas concesiones a Ereván. También instala la idea de una comunidad azerbaiyana dentro de Armenia que, en el futuro, podría ser utilizada como excusa para interferir en los asuntos internos del país bajo el argumento de proteger derechos. Al mismo tiempo, desplaza del centro de la discusión el derecho de los armenios de Artsaj a regresar a su patria.

En la narrativa azerbaiyana los supuestos refugiados no regresarían a Armenia sino a un territorio presentado como “azerbaiyano”. El objetivo no sería que esas personas se integren bajo ciudadanía, leyes e instituciones armenias, sino crear zonas compactas de población azerbaiyana cuya seguridad pueda ser invocada luego como asunto internacional. Con la política del supuesto retorno Bakú prepara una base para futuras intervenciones.

Es grave que Pashinyan presente esa agenda como una reacción al reclamo armenio por Artsaj. Con ese planteo, el Primer Ministro transforma una amenaza de Azerbaiyán contra Armenia en una consecuencia de la conducta armenia. En lugar de señalar y denunciar que Bakú utiliza el lenguaje del retorno para avanzar sobre la soberanía armenia, desplaza la responsabilidad hacia quienes se niegan a dar por cerrado el tema de Artsaj.

Una demanda impulsada por el Estado azerbaiyano sobre territorio soberano de Armenia no puede compararse con el reclamo por los derechos de una población armenia expulsada de su tierra ancestral. Artsaj no es una consigna para incomodar negociaciones. Es el nombre de una población expulsada de su tierra, de un derecho al retorno todavía pendiente y un reclamo que no desaparece porque hoy incomode a una negociación. Es también una cuestión nacional que no desaparece porque el poder político decida silenciarla.

Cada nueva exigencia de Bakú primero es desmentida por el gobierno armenio. Luego se relativiza. Después se acepta como tema de conversación. Finalmente queda incorporada como parte de la realidad política. Si Ereván mantiene una postura pasiva frente a esta agenda de 300.000 pobladores azerbaiyanos, la próxima etapa puede ser todavía más grave. Armenia podría terminar negociando no sólo fronteras o rutas sino el reconocimiento político y jurídico de una presencia azerbaiyana dentro de su propio territorio.

Lo que ayer se negaba hoy ya está sobre la mesa. Pashinyan no lo enfrenta y lo legitima con su silencio.

Pablo Kendikian
Director de Diario ARMENIA